¿Se imagina usted al propietario de un restaurante que conociera a la perfección cuánta carne, cuánto pan y cuántos vegetales debe adquirir para atender al número exacto de clientes? De contar con esa información, el empresario al que nos referimos estaría en posibilidades de eliminar cualquier pérdida en su operación.

Su negocio no sólo sería sumamente exitoso sino que contaría con una actividad totalmente libre de riesgos y con grandes ventajas frente a sus competidores. Además, si estableciera convenios con sus competidores para repartirse el mercado, estaríamos hablando de un verdadero paraíso para sus bolsillos. Algo así sucede con los carteles corporativos, con la colusión entre grandes compañías, que en 2001 sorprendió al mundo entero al descubrirse los acuerdos entre las principales farmacéuticas que producen vitaminas.  Al estilo de la mafia siciliana, empresas que gustan de presentarse como “socialmente responsables” se repartieron mercados y decidieron cuánto deberían pagar sus consumidores. Pero las autoridades que vigilan la competencia en la Unión Europea dieron pasos contundentes para desmantelar al tristemente célebre “Cartel de las Vitaminas”.

Al cierre de esta edición, los legisladores mexicanos en la Cámara de Diputados dictaminaban las reformas a la Ley Federal de Competencia enviadas por el presidente Felipe Calderón para fortalecer al organismo antimonopolios e iniciar la lucha contra las empresas que controlan la economía mexicana en perjuicio del consumidor.

La noticia ocupó los titulares de la prensa mientras los especialistas y despachos de cabildeo contratados por las compañías que se verán afectadas revisaban las estrategias para convencer a los diputados y senadores de los “excesos” propuestos por el Poder Ejecutivo. El objetivo es fortalecer de tal forma a la Comisión Federal de Competencia (CFC) que para los grandes consorcios con participaciones oligopólicas resulte mucho más costoso no cumplir con la Ley que desarrollar estrategias transparentes de competencia. Ahora, las sanciones a los monopolios y oligopolios se miden en salarios mínimos y muchas empresas no han enfrentado grandes problemas en cubrirlas y seguir con las mismas prácticas anticompetitivas. Por ello, ahora las modificaciones de Felipe Calderón prometen penas corporales de tres a 10 años a los ejecutivos que permitan políticas tendientes a controlar ilegalmente los mercados. También se propone la creación de un sistema de tribunales especializados en materia económica y de competencia como parte del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, con lo que se buscaría la especialización en materia de mercados.  Las multas serían equivalentes al 10% de los ingresos de la compañía a la que se le demuestre haber incurrido en prácticas monopólicas absolutas. En el caso de prácticas monopólicas los castigos económicos llegarían a 8%. También resulta relevante la propuesta de incluir el término de “Poder Sustancial Conjunto”, que se presenta cuando dos o más agentes económicos con dominancia conjunta de un mercado desarrollen prácticas anticompetitivas. En otras palabras, se sancionará la colusión que se presenta en muchos mercados mexicanos y que ante la ausencia de un marco jurídico adecuado no han logrado castigarse y eliminarse. En México, la colusión en negocios como el de los gases industriales y el oxígeno pasó de noche en la CFC. Es más, el organismo antimonopolio tiene una lista de sectores en donde la colusión ha cimentado verdaderas fortunas a costa de los consumidores.  El caso más reciente fue la investigación que inició la propia CFC en contra de las empresas del sector cementero contra las cuales se cierne la sospecha  de que, al menos, durante la última década han acordado políticas de mercado, precios y, peor aún, repartición de mercados. Hasta ahora el caso no ha prosperado, tal vez la nueva Ley de ser aprobada  – si no se imponen los intereses— podría cambiar la historia.

Hasta ahora, la CFC ha buscado hacer valer el artículo 28 de la Constitución que prohíbe los monopolios. Sin embargo, en su lucha por la protección de la competencia en beneficio del consumidor, mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas, sus investigaciones por oficio o por denuncia así como sus resoluciones, han estado sujetas a la presión de los medios, de políticos y de poderosos empresarios. Ha carecido, además, de mayores facultades coercitivas para generar un ambiente que inhiba a las empresas para no incurrir en prácticas monopólicas. El presidente Felipe Calderón está apostando mucho de su capital político en esta iniciativa que, junto con la Reforma a la Ley Laboral, podrían generar mayor competitividad para la economía, generar empleos y justicia social. Resulta paradójico, sin embargo, que fue hace apenas un par de años cuando el propio Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) impugnó las facultades investigativas y punitivas de la CFC, las mismas que ahora pide al Poder Legislativo. Los tiempos han cambiado y hoy podría ser el momento del consumidor. Los legisladores tienen la última palabra.


Fundadora de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas.

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