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El periodista y locutor de radio, Jesús “Chuchín” Ramos Rodríguez, fue asesinado el sábado 9 de febrero de ocho balazos en el municipio de Emiliano Zapata, en Tabasco. Con el homicidio de este periodista son ya 143 los periodistas asesinados en México desde 2000, y el segundo de este 2019.
Ya desde hace algunos años en Aristas hemos narrado la tragedia que vive nuestro país en materia de violencia. Cientos de miles de muertos se han contado desde que Felipe Calderón, expresidente de México, asumió el poder. Vino después el sexenio de Enrique Peña Nieto y con él, el cambio de narrativa que pretendió maquillar la tragedia que dejó Calderón y que sumió al país en la peor crisis de seguridad: los muertos y los desaparecidos se cuentan por cientos de miles; familias enteras se han roto frente a la indolencia de a las autoridades.
Con Andrés Manuel López Obrador el panorama parece no ser el mejor y se asoma desolador. Tatiana Clouthier, excoordinadora de campaña de López Obrador y ahora diputada federal por Morena, dijo en una entrevista: “Peña Nieto nos dejó un desmadre”.
Desmadre o no, lo cierto es que el nuevo gobierno tiene la obligación de poner orden y sentar las bases para la creación de un nuevo Estado de derecho que deseche la corrupción como modo de operar en la vida pública y que inicia con la impunidad que aqueja a toda la sociedad.
Desde que asumió el poder, López Obrador ha insistido que la corrupción es el mayor lastre que heredó de la administración pasada. Corrupción que algunos insitieron era parte de la cultura y del ser del mexicano, pero que en realidad pudrió el sistema en el que vivimos. Un cáncer que fue invadiendo todo a tal grado que extirparlo desde la raíz requiere no sólo de la voluntad del hombre que detenta el poder, sino de la participación de cada uno de nosotros.
No van más de dos meses del gobierno y hemos vivido una cantidad de cambios en la forma de hacer política, en la forma en que se comunica esa política y en los modos a los que estábamos acostumbrados en los gobiernos anteriores, constatando que para esta administración no hay descansos.
Hemos visto desfilar en estos dos meses la implementación de programas sociales para jóvenes, para adultos mayores, para empresarios, para campesinos o becas para estudiantes. Vimos decisiones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de México o la decisión de rescatar a Petróleos Mexicanos, que crearon un entorno de incertidumbre en los mercados y que hicieron dudar a economistas y a los pensadores del libre mercado, creyendo que estas determinaciones del nuevo gobierno serán dañinas para la economía del país, pero que para los cálculos políticos del presidente no representarán un daño a largo plazo.
Fuimos testigos de la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y de su esposo, Rafael Moreno Valle, ambos panistas y dos de los principales opositores al gobierno de López Obrador. En un país “sospechosista” de inmedianto corrieron rumores mezquinos de que el gobierno federal fue el orquestador de dichas muertes. Dichas teorías serían alimentadas por el conflicto postelectoral que vivió ese estado, en donde los morenistas afirmaron que hubo un fraude que llevó a Alonso al cargo.
El conflicto pasó por todas las instancias hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reconoció que Alonso era la goberandora constitucional de ese estado, tema que no fue del agrado al gobierno de López Obrador y que lo llevó a un distanciamiento con la nueva gobernadora hasta que la muerte se cruzó en su camino.
Vimos también una estrategia al combate de robo de combustible llamado “huachicol” que puso en jaque a varios estados del país. Reclamos de gobernadores y hay que decirlo, falta de experiencia de secretarios y directores responsables tras la decisión de cerrar los ductos que surtían combustible a esos estados, largas filas en gasolineras de todo el país, molestia generalizada y pérdidas millonarias en comercios e industrias fueron la constante en la mayor parte de enero.
La tragedia tras la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo es probablemente la noticia que más impacto tuvo en estos primeros dos meses de gobierno y quizás la tragedia que lo marcará, pero hay que decirlo, evidenció la forma de vivir de muchas personas que se dedican al robo de combustible desde hace mucho tiempo y que demostró una vez más que en México la impunidad está latente en todos los ámbitos: desde funcionarios del más alto rango que se hicieron de una riqueza enorme por actividades ilícitas hasta la existencia de las tomas clandestinas que provocaron esta tragedia.
No será fácil cambiar de un día para otro todo ese sistema plagado, y hasta podrido por la corrupción. López Obrador y el nuevo gobierno tienen ante sí un problema mayúsculo que no cambiará de inmediato.
Si a esto sumamos las voces silenciadas como la del periodista Jesús Ramos y que, con 9 asesinatos en 2018, México encabeza la lista de países con el mayor número de periodistas asesinados por el cumplimiento de su profesión, hay un reto enorme y mucho trabajo por hacer por parte de todos.
Tampoco es casualidad que López Obrador siga gozando de una altísima popularidad tras el recuento de apenas dos meses y unos días. Porque frente a todo, seguimos pensando en las cosas que tienen que cambiar; ojalá que todos, incluido el propio presidente, entendamos esto porque de otra manera, con el tiempo, la paciencia y la popularidad se acaban.
Por Salvador Zaragoza Andrade
*Periodista y productor.
Correo electrónico: szaragozaa@gmail.com / twitter.com/SalvadorZA?
