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Tras el anuncio de la USTR, la Secretaría de Economía en México informó que recibió la solicitud para el inicio de consultas por parte de EU con relación a la política energética.
Estados Unidos acusó hoy que la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador viola cuatro artículos del Tratado de Comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC) negando el acceso al mercado mexicano a compañías privadas y dar preferencia a Pemex y CFE, de acuerdo con información de la Agencia Reforma fechada este miércoles en Washington.
Al anunciar formalmente su solicitud de consultas al Gobierno de México, la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, en inglés) citó violaciones a cuatro artículos contenidos en los capítulos de Acceso a Mercado, Inversión y Empresas Paraestatales del T-MEC vigente desde 2020.
“El objetivo aquí es, como siempre, obtener una solución: reabrir realmente el mercado para permitir que nuestros inversores y nuestras empresas operen allí (en México)”, apuntó un alto funcionario del USTR que solicitó el anonimato para poder hablar sobre el procedimiento de solución de disputas iniciado hoy.
En su anuncio de esta mañana, el USTR aseguró que la política energética de México instrumentada desde diciembre de 2018 viola el Capítulo 2 del T-MEC dedicado al Acceso al Mercado en específico los artículos 2.3 y 2.11 relativos al trato nacional y a restricción de importaciones y exportaciones respectivamente.
Al mismo tiempo, el USTR denunció violaciones al Capítulo 14 dedicado a la Inversión en su artículo 14.4 relativo al trato nacional, así como al Capítulo 22 dedicado a Empresas Propiedad del Estado, en su artículo 22.5 en el que se establece que los entes reguladores de dichas empresas deben actuar imparcialmente.
Escueto posicionamiento de México
Después del anuncio de la USTR, la Secretaría de Economía (SE) informó que recibió la solicitud para el inicio de consultas por parte de EU con relación a la política energética.
“El Gobierno de México externa su voluntad para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria durante la etapa de consultas”, afirmó la dependencia en un comunicado.
Las consultas constituyen la etapa no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias que prevé el T-MEC.
A partir de esta fecha, ambos países tendrán un periodo de 75 días para solucionar la controversia durante esta etapa. En caso de no llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre la correcta aplicación e interpretación de estas disposiciones, Estados Unidos podrá solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre este asunto.
Aranceles, último recurso
De acuerdo con funcionarios del UST mencionados por la Agencia Reforma, la Administración del presidente Joe Biden está consciente que este apenas es el primer paso de lo que se prevé sea un largo proceso de solución de disputas y que en estos momentos confía en una resolución vía consultas y no en reparar daños vía establecer aranceles.
“El éxito (de este proceso) no son los aranceles pues eso no restablece acceso al mercado (mexicano) ni consigue nuestros objetivos. (Los aranceles) son una posibilidad en el futuro si no podemos resolver esto a través de otros medios, pero no es a dónde nos dirigimos en este momento”, sostuvo el funcionario de USTR.
Las consultas son una serie de diálogos en la que las partes buscarán un común acuerdo. En caso de no lograrlo el solicitante, en este caso Estados Unidos, pasaría al establecimiento de un panel de solución de controversias.
Esta es la cuarta vez que se utiliza el mecanismo general de solución de diferencia del Capítulo 31 del T-MEC. Desde la entrada en vigor del Tratado, Estados Unidos inició un procedimiento en contra de Canadá por la distribución de cupos en el sector lácteo; Canadá en contra de Estados Unidos por una medida de salvaguarda en materia de células fotovoltaicas; y México y Canadá en contra de Estados Unidos por la interpretación y aplicación de las reglas de origen en el sector automotriz.
Largo camino
Para el gobierno estadounidense, la solicitud de consultas comunicada a México abarca diversas actividades dentro del sector energético que van desde el bloqueo a la operación de empresas de energías renovables, pero también los obstáculos en temas como la importación y almacenamiento de combustibles.
De manera más concreta, la Administración Biden busca que el Gobierno del presidente López Obrador de marcha atrás en por lo menos cuatro acciones concretas de las cuáles la primera es la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica que da preferencia a plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En segundo lugar, el Gobierno de EU va en contra de la inacción, demoras, denegaciones y revocaciones de diversos permisos para empresas privadas en el sector energético mexicano que incluyen, entre otros, dar preferencia a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en la venta minorista de gasolina.
También, los funcionarios de USTR denunciaron como violatorias del acuerdo comercial regional la decisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de 2019 para ampliar hasta el año 2025 el plazo para que Pemex reduzca el contenido de azufre en el diésel comercial (de 500 a 15 partes por millón).
En un cuarto punto, la Administración Biden también busca la eliminación del reciente decreto de junio de 2022 por el cual la Secretaría de Energía (Sener) obliga a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex y CFE, argumentado que tienen capacidad en exceso que estas no aprovechan.
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