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Para el presidente Felipe Calderón comenzó la cuenta regresiva, y a menos de dos años de que concluya su gestión, uno de los pocos logros que resulta con menor nivel de cuestionamiento entre la población que se ha visto afectada por la caída de la economía y la inseguridad es la política pública para alcanzar la cobertura universal en servicios médicos y acceso a medicamentos. Éste fue, de hecho, el gran logro de su gobierno publicitado a propósito del Cuarto Informe de su gobierno en medio de la crisis de seguridad, económica y laboral que padece el país.
En México, el Seguro Popular cubre a poco más de 40 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de seguridad social que ofrece el IMSS, el ISSSTE u organismos sectoriales como el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM).
El gobierno calderonista ha favorecido la participación en el mercado a los laboratorios y compañías que tienen en sus portafolios productos medicamentos Genéricos Intercambiables (GIs), cuyo precio, al vencer sus patentes, disminuye de manera considerable, hasta en un 50%.
De forma paralela, el IMSS, el ISSSTE o el ISSFAM aprovechan la llegada de GIs para reducir el monto que se destina a la compra de medicamentos. Así, han disminuido de manera importante las adquisiciones de medicamentos innovadores. Éste es el caso de los inmunosupresores que deben comprar estos organismos de seguridad social para garantizar que los derechohabientes que reciban donaciones de órganos vitales como hígado o riñón, no los rechacen o presenten efectos secundarios. Ahora legisladores como el perredista Heladio Berber, que ha impulsado las leyes antiobesidad, reúne información sobre la efectividad de esta medida. Así, más allá de la política en México tendría que comenzar el análisis sobre los costos y los efectos de las decisiones en materia de salud.
No bastará, entonces, un sexenio de sonrisas temporales por parte de la población empobrecida por la crisis y que ahora recibe atención en las salas de urgencias y hasta una intervención quirúrgica de primer o segundo nivel, para decretar que el problema de la salud pública y la cobertura universal se resolverán.
México, además, debe incrementar el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Los mexicanos, según datos de la Organización Mundial de la Salud, sólo destinan 6.5%, mientras que Argentina destina 9.6% y Brasil 8.9. La comparación preocupa aún más cuando se observa que los estadounidenses invierten el 15.4% de su PIB.
Los expertos en farmaeconomía señalan ahora que México tendrá que ingresar a una etapa de análisis serios para reconocer aciertos y errores. Por ahora, es claro que se aumentó la cobertura y que se ha convertido en una carta positiva para el gobierno de Felipe Calderón. Asustan, sin embargo, las declaraciones del director general del IMSS, Daniel Karam, sobre la grave crisis presupuestal que enfrenta el organismo tripartita a causa del déficit actuarial que están generando las pensiones de los trabajadores del propio instituto. Después viene la iniciativa del Partido Verde Ecologista para aprobar vales de medicinas en el caso de que el IMSS o el ISSSTE no tengan los fármacos en existencia. La primera impresión frente al auge del Seguro Popular es que se está cubriendo a un sector de la población para desproteger a otros.
