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Mauricio Romero

Al ser un apéndice del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la República no tendrá la independencia necesaria para garantizar un efectivo combate a la corrupción en todos los niveles de gobierno, incluso podría ser utilizada como instrumento político, pues a diferencia de la Auditoría Superior de la Federación, tendrá la facultad de iniciar procesos penales, señalan especialistas.

La Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal fue creada sólo para cumplir en el papel con una norma internacional y representa un riesgo, pues cuenta con las características idóneas para ser utilizada como arma política, dice en entrevista con Fortuna el doctor Óscar Díaz Santos.

“El Estado mexicano ha suscrito y ratificado, entre otros instrumentos internacionales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la que se establece la obligación de garantizar la existencia de un órgano especializado en la lucha contra la corrupción”, se lee en el acuerdo dado a conocer por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. “El gobierno nada más quiere ubicarse en esa norma que emite la ONU [Organización de las Naciones Unidas] en cuanto a la anticorrupción. Sólo eso”, señala Díaz Santos.

En el sexenio pasado, legisladores y miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazaron la creación de una fiscalía anticorrupción. El argumento de uno de ellos, el entonces senador César Augusto Santiago Ramírez, fue que no abonaba al combate de la corrupción en servidores públicos. El problemas se debía “resolver a fondo y no con una institución más”, criticaba el político del partido hoy en el poder.

“De hecho, el acuerdo de Murillo Karam es precisamente abrogando una fiscalía que ya existía, que realmente no funcionaba, pero ya existía”, explica Díaz Santos. El especialista en políticas públicas indica que el mal es sistémico, por lo que la nueva fiscalía está condenada al fracaso. “Los órganos anticorrupción nunca funcionan. Es imposible que funcionen en un sistema donde no solamente [Enrique] Peña Nieto sino muchos ha sido corruptos, incluyendo a Felipe Calderón y a todos ellos [políticos parte del mismo medio]”.

—Y en este caso el fiscal será propuesto por el procurador, se le pregunta

—La Fiscalía de Peña Nieto no es un órgano autónomo, no es como el Ifai que puede tomar sus decisiones aunque presupuestariamente está en el gobierno. La Fiscalía será una unidad administrativa dependiente de la PGR. Y existen riesgos porque finalmente el gobierno va a manejar todo.

En distintos foros, tanto legisladores como académicos y ciudadanos han manifestado su preocupación ante el peligro de que la Fiscalía Anticorrupción sea utilizada como instrumento de presión contra rivales. Ello sumado al escepticismo sobre si un fiscal nombrado por el régimen investigará a los funcionarios del propio gobierno.

“El riesgo es que en un sistema tan corrupto como el mexicano tenga una fiscalía anticorrupción, porque entonces los que la manejen y sus jefes van a estar a salvo, pero los que están en contra de ellos van a ser sujetos a una cuestión de poder ser acusados”, expresa Díaz.

“El gran obstáculo para el avance de las causas de corrupción lo constituye la falta de independencia de la justicia”, fue una de las conclusiones expuestas en la Organización de los Estados Americanos por la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción; el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE); Poder Ciudadano; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Contadores Forenses; el Observatorio Judicial; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip); el Observatorio de la Justicia Argentina y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

CO Procurador general de la República Jesús Murillo Karam

El 11 de marzo de 2014, Jesús Murillo Karam presentó el acuerdo que crea la Fiscalía sin estar ni siquiera cerca de haber un titular para ella. Ante los diversos medios de comunicación expuso que le correspondía al Senado el nombrar al funcionario que ganará alrededor de 150 mil pesos.

Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) inmediatamente objetaron la presentación por faltar a la reforma constitucional en materia político-electoral en la que se estableció que el titular de la Fiscalía Anticorrupción sería nombrado hasta promulgarse las leyes secundarias. El coordinador de la bancada perredista, Miguel Barbosa, reprochó que el procurador lo hiciera antes, en un “momento jurídico incorrecto”.

De cualquier forma, el acuerdo vio la a luz y el fiscal anticorrupción no fue nombrado.

La maestra en derecho Ana Elena Fierro explica en entrevista la importancia de la prevención antes de la persecución de los delitos en materia de corrupción, aspecto que no está presente en la iniciativa dada a conocer por el procurador nombrado por Enrique Peña Nieto. “La corrupción no es posible abatirla con la simple persecución de hechos ilícitos y ese es el énfasis que le da la propuesta del gobierno actual”.

“Estamos convencidos que es muy importante poder hablar de prevención en términos de capacitación de funcionarios y de encontrar o buscar la manera en la que cuando se identifican situaciones anómalas se puedan hacer adecuaciones en los procedimientos de gestión de la administración pública de manera que se eviten los incentivos perversos”, remarca la coordinadora de la maestría en Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

 

La ASF frente la nueva Fiscalía Anticorrupción

De las múltiples diferencias entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la nueva Fiscalía Anticorrupción de la PGR sobresale que el titular de la última tendrá la etiqueta de investigador e imputador.

La ASF revisa cada año los gastos ejercidos por las áreas federales, rinde informes sobre las auditorías y solicita acciones acerca de las irregularidades encontradas, mas no inicia procesos penales.

“Si la ASF detecta desviaciones tiene que acudir a la PGR para que ésta haga la detención o lo que sea ante la justicia”, dice el doctor Óscar Díaz Santos. “Ahora la PGR sería directamente la que lo haría a través de esta figura [del fiscal anticorrupción]. El problema es que no tendrá autonomía, pues va a depender de Murillo Karam”, agrega.

“La ASF es la que fiscaliza el gasto público a través de la cuenta de la hacienda pública federal, lo que detectan son desvíos, pero no si son provocados por corrupción o no”, advierte el exfuncionario de la propia Auditoría Superior. Y explica: “El desvío de recursos no necesariamente es corrupción, puede ser que hayan gastado en otros lados sin avisarle a la Secretaría de Hacienda. Pero sí hay corrupción, por ejemplo, en el proceso de licitación pública… todas, ¡todas!, ninguna se salva que tenga corrupción. Es una letra no escrita [en la contratación pública] que les cuesta a los proveedores del 10 al 15 por ciento del monto del contrato que tienen que pagar para que sean adjudicadas las licitaciones”.

—¿Ninguna se salva?

—Ninguna, ¡ninguna!

PGR Sergio Ortiz Borbolla1

En múltiples ocasiones diversas voces han señalado la falta de atribuciones de la ASF no sólo para fiscalizar, también para provocar una sanción contra los funcionarios responsables del mal uso de los recursos públicos.

—¿La Fiscalía tendrá los dientes con los que no cuenta la ASF? —se le pregunta a Díaz Santos.

—Se supone que sí pero… hay un peligro ahí de que sean utilizados demasiado fuera de un control específico porque se le dará poder a una persona. El fiscal, si ves las atribuciones que tiene, puede incluso atraer los casos y hasta en determinado momento hacer uso de la policía. ¿Por qué?, porque el fiscal tiene funciones de Ministerio Público prácticamente.

“Creo que eso [la imputación] debe recaer en un órgano distinto porque son funciones totalmente distintas, que requieren procedimientos legales diferentes”, apunta la maestra Ana Elena Fierro sobre la inviabilidad de fiscalizar el gasto como lo hace la ASF y perseguir a los responsables de los delitos por el mismo ente.

“De los grandes problemas que se ha enfrentado [la Auditoría] es que cuando se han querido fincar responsabilidades en los funcionarios públicos, los jueces han encontrado fallas importantes en los procedimientos, en las garantías o digamos el respeto de los derechos que tiene cada persona al ser procesada en un juicio.

“Es importante que la Auditoría haga una revisión en términos orgánicos, es decir, en rendición de cuentas, que señale qué programas están funcionando, si el dinero se está gastando de manera eficiente y eficaz y no sea el persecutor de actos ilícitos.”

—Entonces sería necesaria una coordinación entre ambos entes…

—Sí. Algunos académicos consideran que es importante distinguir la autoridad que investiga de la autoridad que juzga. La ASF es la que investiga, entonces ella tendría después que poner [las anormalidades encontradas] a disposición de una autoridad que juzgue. La ASF cuando ya va a fincar un delito va a la PGR —responde la también investigadora y miembro de la Red por la Rendición de Cuentas.

En el caso de la nueva Fiscalía Anticorrupción, una vez nombrado su titular, podrá ejercer ambas tareas: la de fiscalizar los actos de los servidores públicos y fincar responsabilidades.

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