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Por Victor Vega/OCA Reputación
El pasado 28 de marzo, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma en materia administrativa que plantea cambios en 23 leyes reglamentarias que comprenden temas como compras públicas, regulación de transparencia, expropiaciones, revocación de concesiones y contratos públicos. Esta iniciativa presidencial se percibe como un intento de dotar a la administración pública de mayores poderes frente a la ciudadanía y los particulares con los cuales celebre contratos.
La iniciativa de reforma administrativa ha encendido alertas entre especialistas y sectores de la iniciativa privada, quienes señalan que su aprobación en los términos planteados puede lesionar el Estado de derecho y la certidumbre jurídica para las inversiones.
Exposición de motivos
El documento que entregó la secretaría de Gobernación a la Cámara de Diputados expone que se debe corregir “la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular durante el periodo neoliberal”. Agrega que “al actuar en representación de la sociedad, el Estado debe garantizar la prevalencia del interés general sobre el privado”. Por ello, la iniciativa pretende facultar a la administración pública federal para revisar, modificar, nulificar o revocar actos administrativos que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados.
Aspectos críticos de la iniciativa de reforma
La parte medular de la iniciativa es dotar al sector público de mayores facilidades en la construcción de proyectos y limitar las prerrogativas de los particulares, facilitando el inicio de obras sin contar con todos los permisos, la terminación anticipada de contratos públicos, reducir el pago de indemnizaciones y la revocación de permisos y concesiones a privados. Entre los aspectos críticos de la iniciativa destacan los siguientes:
- Juicios de lesividad: Se pretende evitar ‘actos de corrupción’ a través de las figuras de juicios de lesividad y procedimientos de nulidad. Este tipo de juicio, según establece la iniciativa, tiene como objetivo subsanar una actuación ilegal configurada a través de un acto o resolución de un juez en materia administrativa a favor de un particular.
- Revocación: El Estado podrá terminar la relación jurídica y contractual de manera anticipada y unilateral por hechos supervenientes que afecten el interés público. Es decir, los hechos que las partes contratantes no conocían o no existían al momento de la firma de un contrato.
- Límite a indemnizaciones: Busca establecer un tope a los montos de indemnizaciones cuando se condene a su pago en procedimientos jurídicos o arbitrales tanto nacionales como extranjeros. Deja en manos del ejecutivo y órganos jurisdiccionales la determinación de qué se entiende como un acto irregular susceptible a esta cláusula.
- Licitaciones públicas: Abre la posibilidad de que se puedan adquirir bienes en licitación pública internacional sin agotar la licitación pública nacional cuando haya evidencia de que se puede obtener mejor precio, cantidad y calidad con proveedores extranjeros.
Al tratarse de un paquete de reformas en 23 leyes secundarias, su aprobación requiere de la mayoría simple en el Legislativo, una condición que Morena y sus aliados cumplen de sobra en el Congreso de la Unión.
Las preocupaciones de especialistas y empresarios
Especialistas, despachos jurídicos, legisladores y organismos empresariales e industriales, coinciden que se trata de una reforma inconstitucional que atenta contra el Estado de derecho, además de que incumple con los tratados internacionales y acuerdos comerciales firmados por México como el T-MEC, lo que podría abrir un nuevo frente de disputa con los socios de Estados Unidos y Canadá. El diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, considera que esta reforma puede servir al gobierno para presionar electoralmente a empresarios porque se tendría un control sobre contratistas y proveedores, quienes podrían ser chantajeados con la cancelación de contratos públicos. Coparmex señala que la reforma envía una mala señal a los mercados y echaría por la borda las posibilidades de atraer nuevas empresas e inversiones por el nearshoring. El IMCO observa esta iniciativa como una especie de ‘memorias’ sobre lo aprendido por AMLO en sus años de gobierno ante la complicación que ha enfrentado para el desarrollo de las obras prioritarias como el AIFA, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Ante la alta probabilidad de que esta iniciativa se apruebe en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, se prevé que sea objeto de impugnaciones, acciones de inconstitucionalidad y una cascada de amparos desde la iniciativa privada.
Cabeza fría
De acuerdo con la analista Viri Ríos, el alto empresariado no ha hecho una revisión exhaustiva y con ‘cabeza fría’ de la iniciativa de reforma en materia administrativa y culpa al presidente de imponer una carga ideológica en la propuesta. Señala que el objetivo es agilizar las obras públicas y puntualiza que algunos de sus artículos más polémicos como el de la revocación de contratos, se hará conforme a la ley y que la excepción para eludir el pago de indemnizaciones sería cuando los contratistas o proveedores incumplan con la ley, no hayan hecho nada todavía o cuando hubieran recuperado su inversión. Considera también que no hay artículo que viole disposiciones del T-MEC.
El posible impacto de la reforma administrativa
- La iniciativa se alimenta de años de experiencia del gobierno en la renegociación de contratos con empresas en muy diversos rubros, desde gasoductos y reclusorios hasta arbitrajes internacionales.
- Los cambios legales pueden tener efectos negativos en diferentes sectores económicos, especialmente aquellos que mantienen relaciones contractuales con el gobierno federal y con socios comerciales.
- Considerando el impacto de la iniciativa, llama la atención que haya generado una cobertura en medios y posicionamiento de algunas organizaciones todavía muy limitado.
- Como ha sucedido con otras reformas altamente polémicas, la última palabra podría definirse en la Suprema Corte de Justicia.
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