Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 49 segundos
Los problemas comenzaron por el fentanilo y el Plan B electoral, escalaron por el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y llegó a la esfera comercial. En tanto, el presidente se prepara recibir a delegaciones de Estados Unidos para presumir uno de sus proyectos insignia
En lo que posiblemente sea el momento más ríspido en su relación con. Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se apresta a recibir, este mismo mes, a diferentes delegaciones de funcionarios y legisladores estadounidenses para presumir uno de sus proyectos insignia y mostrar sus avances en la que se convirtió la mayor preocupación para el vecino del norte: el combate al tráfico de fentanilo.
Todo comenzó con el Plan B en materia electoral. Frente a las multitudinarias manifestaciones de protesta, dentro y fuera de México, el gobierno de Joe Biden mostró su preocupación por la salud de la democracia mexicana y dio su respaldo al Instituto Nacional Electoral (INE).
En un comunicado el pasado 27 de febrero, el secretario de Estado, Anthony Blinden, advirtió que “las democracias saludables se benefician de instituciones sólidas y una pluralidad de voces. Estados Unidos apoya a las instituciones electorales independientes y bien dotadas de recursos que fortalecen los procesos democráticos y el estado de derecho”.
Unos días antes, el 21 del mismo mes, la influyente revista The Atlantic, de plano dijo que México avanzaba hacia el autoritarismo y que la democracia mexicana estaba bajo asalto.
Bajo esta ruta —señaló la publicación que representa la opinión de algunos sectores intelectuales de los Estados Unidos— las elecciones de junio del 2024 “pueden ser menos que libres y lejos de ser justas”.
El problema se hizo más grande por lo que ya representa la mayor preocupación de los Estados Unidos, en materia de seguridad y salud pública, en su relación con México: el tráfico de fentanilo.
El pasado 1 de marzo, el propio fiscal general, Merrick Garland, declaró que si bien México está apoyando en el combate, sin duda podría hacer “mucho más” en la materia.
Y al día siguiente, el que fuera el fiscal general durante el gobierno de Donald Trump —con el que López Obrador siempre ha presumido buena relación— publicó en The Wall Street Journal que “se necesita liderazgo estadounidense para ayudar a México a liberarse de los cárteles de droga”.
Todavía fue más allá y, en un hecho sin precedente, aseguró que “Andrés Manuel López Obrador es el facilitador en jefe de los cárteles”.
Como si no hubiera ya suficientes problemas, ayer lunes la portavoz del presidente Joe Biden, Karine Jean Pierre, calificó de “inaceptable” el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas.
Aunque hoy martes el gobernador Américo Villares informó mediante una llamada telefónica que dos de los plagiados ya estaban en libertad, la vocera presidencial declaró que los “ataques a los ciudadanos estadunidenses son inaceptables sin importar dónde o bajo qué circunstancias ocurran”.
El caso llevó al involucramiento del propio Buró Federal de Investigaciones (FBI), como si se trata un asunto de seguridad interior para los Estados Unidos.
Y para rematar, también ayer lunes, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), solicitó a la Secretaría de Economía iniciar consultas, luego de que el pasado 13 de febrero el gobierno mexicano prohibiera las importaciones de maíz amarillo transgénico proveniente de ese país.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) esas importaciones tienen un valor de 19,000 millones de dólares y representan el 26% de la producción total estadounidense.
Evidentemente, los productores de ese país no se iban a cruzar de brazos ante la multimillonaria pérdida.
Frente a estas y otras quejas, la postura del presidente Andrés Maniuel López Obrador ha sido la misma: asegura que hay excelente relación con el gobierno de Estados Unidos, que se respeta la soberanía, minimiza las críticas e incluso las atribuye a las próximas elecciones en estados como Texas. Nada es real, todo es político.
En medio de este ambiente, el próximo día 19, López Obrador recibirá a una delegación de legisladores estadounidenses con los que recorrerá uno de los cuatro proyectos insignia de su sexenio: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Desde el pasado 8 de febrero, el presidente anunció que su gobierno licitaría hasta diez parques industriales en la ruta entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, cuatro de los cuales serían para que la Comisión Federal de Electricidad genere energía eólica.
De hecho, el día 21 se integraría a la delegación el enviado especial del presidente Joe Biden para el Clima, John Kerry, para demostrar que México tiene en sus prioridades el calentamiento global; aunque el proyecto principal de la administración sea una refinería de petróleo.
Y para rematar, pasado mañana se reunirá con una representante directo de la Casa Blanca, para tratar el tema del tráfico de fentanilo, la principal preocupación de seguridad y salud pública del gobierno de Joe Biden.
Es decir, si bien la relación bilateral se encuentra en su momento más complicado, los ataques podrían estar empezando apenas.
