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Por OCA Reputación
En las últimas dos semanas el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa de reforma a leyes que tienen que ver con el sistema electoral mexicano. El presidente había enviado al Congreso una reforma más ambiciosa que implicaba cambios constitucionales pero que fue desechada. Como consecuencia, decidió enviar una nueva iniciativa que modifica las leyes secundarias. Según el gobierno, la iniciativa busca reducir el costo del aparato electoral y eliminar incentivos para la compra de votos y el fraude. Los críticos de la reforma alegan que plantea riesgos, como la intervención del ejecutivo federal en los procesos electorales; debilita la capacidad y confiabilidad de los instrumentos de representación, organización y arbitraje electoral; e incorpora medios que benefician la negociación entre partidos en perjuicio de la representación ciudadana.
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El Senado aprobó la iniciativa de reforma al marco electoral con 69 votos a favor y 53 en contra. Días antes la Cámara de Diputados había aprobado su propia versión. En el debate en el Congreso los partidos del Bloque Opositor -PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural- argumentaron que algunos componentes de la reforma era inconstitucionalidad y puede esperarse que tengan que ser revisados por la Suprema Corte de Justicia. Destacó el hecho de que Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO y líder de los Senadores de Morena y aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia en 2024, votara en contra de la propuesta del gobierno.
¿Qué contempla el Plan B de la reforma electoral?
La reforma hace modificaciones a 4 leyes y expide una reglamentación nueva en materia electoral. incluye una polémica ‘cláusula de vida eterna’ -promovida por el PT y PVEM, aliados de Morena- que permite la transferencia de votos a los partidos ‘satélite’ que compitan en coalición, de manera que puedan conservar el registro nacional en caso de no obtener individualmente una votación mayor al 3% como lo contempla la Constitución. También se avaló que los partidos puedan conservar los remanentes de recursos en lugar de devolverlos a la Tesorería de la Federación y que esos recursos sirvan como ‘ahorros’. También avalaron la propuesta para que los partidos ya no sean multados por el INE por presentar irregularidades en su padrón de militantes.
La reforma limita política y económicamente al INE, y afecta algunas funciones del Tribunal Electoral y debilita el órgano electoral con el argumento de suprimir la ‘duplicidad de funciones’ en áreas administrativas y la reducción de 300 a 264 las oficinas distritales.
Las implicaciones delicadas según el INE
Los consejeros del INE advierten sobre una serie de riesgos que presenta la reforma para la operación de los procesos electorales y para la democracia mexicana:
- La compactación de las oficinas distritales, que pasarán de 300 a 264, pone en riesgo la confección del padrón electoral, instalación de casillas y cómputo de votos, además del monitoreo de medios locales y la fiscalización de actividades de partidos políticos y las campañas electorales.
- La reducción al mínimo el Servicio Profesional Electoral, impediría contar con el personal calificado para operar las diversas funciones que recaen sobre el instituto, pues la reforma elimina el 84% de las plazas que integran el servicio civil de carrera en el INE.
- La Constitución establece que el INE debe contar con órganos de dirección como el Consejo General y por otra parte, los órganos ejecutivos, por lo que la eliminación de la Junta General Ejecutiva, para sustituirla por una Comisión de Administración es inconstitucional. Además incorpora a dicha comisión al Órgano de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica que supone solo una función fiscalizadora y no administradora de recursos.
- Se plantea la compactación de calendarios y alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como la selección de funcionarios de casilla, lo que conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas.
¿Qué sigue en el camino legislativo del Plan B?
Una vez aprobada en el Senado, la minuta se devolverá a la Cámara de Diputados, que deberá votar los cambios; en primera instancia, los diputados avalaron el dictamen en fast track y se prevé que nuevamente recurran a una votación apresurada en el último día del periodo ordinario de sesiones. En cuanto tenga el aval de ambas Cámaras, pasará al ejecutivo para su promulgación.
La batalla en tribunales
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advierte que el órgano electoral dará una batalla jurídica para mantener el orden constitucional de la democracia. Espera que los partidos de oposición presenten impugnaciones y si no fuera el caso, el INE se inconformaría ante la Suprema Corte como tercero interesado o mediante la figura de Amicus Curiae.
La postura de AMLO sobre cláusulas controversiales de la versión final
El presidente López Obrador se pronunció en contra de la ‘cláusula de vida eterna’ que favorece a partidos pequeños. Aunque este artículo fue impulsado por sus aliados del PT y PVEM como condición para dar su aval, el presidente dijo que no le parece correcto, porque se actúa de manera tramposa. Advierte que si este tema no se corrige recurrirá a su poder de veto aunque se invalide todo el paquete de reformas.
¿Qué implicaciones tiene esto?
- Se perfila una batalla judicial en donde la SCJN tendrá la última palabra sobre la reforma.
- El presidente considera la reforma como un triunfo a medias ya que, aunque dice que mejora la democracia, no lo hace en la profundidad que planteaba la reforma constitucional.
- La discusión en la SCJN, con un nuevo Presidente, puede generar un ambiente propicio para que el Presidente reanime una narrativa de ‘conflicto’ a favor de la 4T.
- El voto en contra de Ricardo Monreal marca un distanciamiento y una inconformidad con las decisiones del presidente López Obrador, pero parece haber sido negociado con el gobierno para darle espacio al senador para que continúe construyendo su candidatura.
- Sectores empresariales muestran preocupación por la incertidumbre la aprobación de las reformas pueda generar, afectando la imagen de México y su clima de inversión.
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