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Organizaciones civiles como la iniciativa de transición energética del Instituto de las Américas y el Wilson Center aseguraron el jueves que la iniciativa de reforma constitucional al sistema eléctrico nacional, a discutirse en el Congreso a partir de este mes, adolece de mecanismos de costo-eficiencia que garanticen una cobertura de electricidad barata, independiente de la empresa que la genere.
Además, apuntaron, sería “pertinente” que esta herramienta incluya los costos de las externalidades negativas por impactos ambientales y de salud a la población, lo que la propuesta, surgida desde el Poder Ejecutivo, no contiene.
En el foro “Reforma Energética sí, pero ésta no” los expertos indicaron que, desde una perspectiva de eficiencia, lo deseable es que diversos participantes compitan entre sí para producir electricidad en las mejores condiciones de precio, disponibilidad y oportunidad, pero las circunstancias actuales lo impiden.
“…el régimen de excepción a la competencia para la CFE y el desmantelamiento del marco jurídico y regulatorio actual que ha impulsado este Gobierno van en sentido contrario”, afirmó Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de regulación y competencia económica de México Evalúa.
Los expertos destacaron también la importancia de los organismos autónomos del Sector, representados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que la iniciativa busca integrar a la Secretaría de Energía.
“Un órgano regulador débil es fácilmente capturado no sólo por el Estado, sino también por los privados, lo que alteraría el funcionamiento del mercado.
“El T-MEC aún contempla la apertura comercial del sector eléctrico, la generación de valor económico y la protección a los inversionistas, aspectos que no son compatibles con la reforma propuesta”, sostuvo a su vez Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Las organizaciones, en donde también figuró el Baker Institute, indicaron que, para poder competir, la CFE ofrece tarifas de electricidad por debajo de su costo de generación eléctrica, a expensas del dinero de los contribuyentes.
En México, la Secretaría de Hacienda transfiere anualmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un monto de recursos del presupuesto del Sector Público para cubrir la diferencia entre el costo de generación eléctrica y la tarifa que pagan los consumidores. Para este año, la cifra llegará a 72,000 millones de pesos (mdp).
Las organizaciones coincidieron que el sector eléctrico debe fortalecerse en distintos ámbitos, a fin de enfrentar los desafíos del cambio climático, la transición a energías limpias y hacer frente al incremento de la demanda de electricidad en México en el mediano y largo plazo.
“Sin embargo, los elementos que constituyeron a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica –que hoy se discute y vota en la Suprema Corte– y lo propuesto en la reforma energética del presidente López Obrador no permitirían alcanzar esos objetivos” afirmaron.
El jueves, el pleno de la Suprema Corte determinó un “referente interpretativo” sobre la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada por el Congreso en marzo de 2021, un mes después de haber sido propuesta por el Ejecutivo.
Hubo 7 votos en contra de declarar la ley como constitucional y 4 a favor de su constitucionalidad.
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