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Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, impulsa un acuerdo intersecretarial para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera que se encuentra a cargo del ex Procurador de Justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz.
A diferencia de lo que sucedió durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa cuando la UIF – entidad responsable de combatir el blanqueo de capitales – perdió presencia frente a la Procuraduría General de la República, ahora la UIF se convertirá en la entidad más importante del gobierno federal para el combate de la presencia del dinero sucio en los círculos financieros.
El Secretario de Hacienda Videgaray Caso solicitó al la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), Virgilio Andrade Martínez, analizar su petición en el marco de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El propósito de Videgaray es fortalecer la capacidad de gestión de la UIF ante gobiernos estatales, municipales, ante la Procuraduría General de la República (PGR) que encabeza Jesús Murillo Karam. pero también ante organismos autónomos.
El acuerdo intersecretarial que propone la SHCP para la UIF busca que los principales funcionarios de esa unidad tenga la posibilidad de firmar acuerdos con dependencias y gobiernos estatales y municipales para obtener información relevante que le permita desarrollar sus actividades preventivas y de investigación.
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la cual depende la UIF, esta entidad de la SHCP podrá intercambiar o dar acceso a las autoridades competentes respecto a la información contenida en los avisos para prevenir el ingreso de capitales ilícitos a los circuitos financieros del país. Será necesario – de acuerdo con el reglamento de esta legislación – firmar convenios que establezcan los mecanismos de coordinación e intercambio de datos y documentos.
Por tratarse de un tema tan complejo y delicado que, incluso involucra temas de seguridad nacional, la SHCP precisa ante la COFEMER que además de Alberto Bazbas sólo algunas personas más de la UIF tendrán la posibilidad de firmar este tipo de acuerdos. Además de Bazba elz, sólo Director General de Asuntos Normativos de la UIF; el Director General Adjunto de Procesos Legales y el Director General Adjunto de Análisis de Operaciones podrán realizar intercambio de información, documentación, datos o imágenes. La responsabilidad de estos funcionarios será muy grande porque, además de las obligaciones que les impone su posición como funcionarios públicos, enfrentan la obligación de no proporcionar información o documentación ni garantizar el acceso a las bases de datos de la UIF. La información de esta entidad sólo podrá ser conocida por otras autoridades previo convenio. Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se registraron filtraciones de información que confirmaron que más que combatir el lavado de dinero en los circuitos financieros, se usaba la información para vigilar a las llamadas Personas Política Expuestas (PPEs). En otras palabras, se politizó la gestión de la UIF. Fue entonces, cuando autoridades del gobierno de Estados Unidos solicitaron, en el marco de la Iniciativa Mérida, fortalecer el combate de recursos de procedencia ilícita a través de una participación más intensa y decidida por parte de la Procuraduría General de la República. Casualmente coincidió con la gestión del General Rafael Macedo de la Concha.
