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Un juez de control de competencia penal decretó el pasado lunes 14 de febrero la restitución de la propiedad de la planta de la empresa Bonafont que, desde marzo pasado, había sido tomada por un grupo de personas que se autonombró “defensores del agua” en la población de Juan C. Bonilla, una comunidad que durante la última década ha sido el escenario de peculiares historias sobre el control de territorios y que han usado las legítimas demandas sociales para generar negocios para unos cuantos.
El gobierno del estado de Puebla dio a conocer que en la diligencia judicial que se organizó para recuperar este inmueble, participó la Guardia Nacional que acompanó a las fuerzas de la seguridad pública local. La restitución de la planta se dio con saldo blanco, no hubo detenidos ni violación alguna a los derechos humanos.
No fue el Poder Ejecutivo que encabeza Miguel Barbosa quien ordenó la restitución de la planta embotelladora sino un juez. Tampoco fue el gobierno del presidente López Obrador el que determinó acciones legales para recuperar la planta. A través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el gobierno federal sólo había observado que esa concesión de Bonafont no había infringido ninguna disposición y que los derechos de extracción estaban vigentes. Además, de acuerdo con estadísticas de la CONAGUA y de la Cuenca del Balsas, esa planta de Bonafont cuyas instalaciones invadieron un pequeño grupo de personas, es una de las concesiones que menor extracción de agua realizado en la zona.
Lo interesante es que en la región, en donde las autoridades de Pemex y de la Secretaría de Gobernación también tiene registrados problemas de robo de combustibles (Huachicol), otras plantas como las de Big Cola y una granja porcícola, utilizan mucho más agua que la planta de Bonafont. A Big Cola, sin embargo, nunca le invadieron la planta. A finales del año pasado, en una reunión con las autoridades recién electas en esa comunidad, los pobladores pidieron que se reiniciaran las actividades del Registro Civil porque también estaba tomado por integrantes de ese mismo grupo. Resulta que para obtener actas de nacimiento o de defunción, los pobladores de la zona tenían que viajar a otros poblados, porque ese servicio de la administración pública local estaba secuestrado. En esa zona tampoco se cuenta con una cobertura total de servicios como la electricidad o drenaje. ¿La razón? Simple, ese grupo también ha organizado protestas para impedir que se realicen obras municipales. También tuvieron tomada la carretera, en el carril lateral que conduce al aeropuerto, lo que ocasionón varios accidentes. En esa reunión en la que se solicitó la reapertura del Registro Civil, según consta en videos públicos, no fueron pocos los habitantes de Juan C. Bonilla que reprocharon a las autoridades que no tomaran decisiones para reestablecer el servicio. Al mismo tiempo aseguraron que el grupo que había tomado el Registro Civil, enarbolando una supuesta lucha de pueblos originarios, no actuaba de la misma manera frente a negocios como el de la granja de cerdos que contaminaban en la zona.
No son pocas, como le comento lector, lectora, las historias de abusos por parte de estos grupos, todas documentadas y observadas por las autoridades, que han afectado a la comunidad de Juan C. Bonilla.
Es cierto que en esta zona se han generado muchos abusos; es cierto que el equilibrio del medio ambiente – como en todo el país – es un asunto de seguridad nacional pero en Juan C. Bonilla, durante todo un año observamos como este grupo se escudó en causas legítimas y buscó el apoyo de organizaciones auténticas vinculadas con luchas sociales.
Ahora que las autoridades recuperaron la planta, este grupo ha buscado que los medios les den espacios para repetir narrativas que una y otra vez han sido desmentidas por las autoridades. Aún más, buscan apoyo de organizaciones internacionales preocupadas legítimamente por el equilibrio ambiental y la legítima defensa del agua. Lo que no saben los activistas de esas organizaciones es que este grupo ha buscado sostener sus actividades económicas a partir de este supuesto movimiento de resistencia social.
Ahora, el gobierno de Barbosa asegura que si la empresa Danone, que administra Bonafont, quiere dialogar, que si las autoridades federales quieren dialogar, su gobierno estará atento al diálogo. En su gobierno, aseguró, se vigilará el cumplimiento de la Ley y el respeto absoluto a los bienes de particulares.
“Hay que cuidar el agua, hay que defenderla y por eso hay que hacer todo lo necesario para que se respete a todos”, dijo Barbosa. Debo decirle lector, lectora, que cada una de las afirmaciones hechas en esta columna las puedo demostrar con evidencias y un trabajo de documentación de lo que ha pasado en esa zona durante casi un año. La economía y las comunidades necesitan respecto al estado de derecho, porque sólo así habrá desarrollo y equidad.
La Comisión Federal de Electricidad también enfrentó a estos grupos pero, a diferencia de lo que sucedió con Bonafont, las autoridades de inmediato informaron que ningún derecho se estaba violando y que no se permitiría la toma de instalaciones.
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