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No dar el tiempo adecuado para la implementación de la reforma en materia de subcontratación provocaría una pérdida de empleo y afectará particularmente a los sectores de la construcción, de seguridad y al de la promoción de productos en pisos de venta, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Desde las discusiones previas a la aprobación de la reforma, en el mes de abril, solicitamos que el plazo de entrada en vigor fuera al primero de enero de 2022, por estar inmersos en una condición de pandemia y las inconveniencias que esto representaba”, explicó el organismo.
Más tarde, publicada la reforma, “hicimos nuevamente esa petición por considera insuficiente el plazo para todas las adecuaciones en las que se verían inmersas las empresas”, agregó.
De hecho, la Coparmex insistió en que la fecha de entrada de la reforma fuera, en lugar del pasado 1 de septiembre, el 1 de enero de 2022, como sucederá con las empresas del sector público.
Coparmex advirtió que, “de acuerdo con cifras oficiales actualizadas, 106,000 empresas habían iniciado el trámite en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y solo 48,444 lo habían obtenido”.
La postura de las autoridades, continuó, generan confusión en sectores “como en el de la construcción, servicios de seguridad y la actividad de promotoría de productos, entre otros, que podrían enfrentar paros en sus operaciones, pues al no estar registradas las facturas que emitan no serán deducibles”.
La Coparmex adelantó que seguirá insistiendo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y el Congreso de la Unión “para que se homologue el plazo de implementación al 1 de enero de 2022 y se evite la pérdida de empleos y afectaciones a la economía”.
Por Raúl Castro-Lebrija
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