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Aunque las autoridades afirman que se ha tenido importantes avances en materia del combate a la corrupción, “la verdad es que en México persisten altos niveles de corrupción en la cotidianeidad, lo que limita un buen entorno de negocios, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, e inhiben la inversión”.
Más aún, “preocupa que la percepción de corrupción es particularmente alta en la Ciudad de México, así como en otras zonas de fuerte actividad económica o fuerte potencial como Mexicali, Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo y San Luis Potosí”.
Lo anterior lo estableció el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en su análisis económico semanal.
El organismo recordó que, recientemente, el INEGI dio a conocer la segunda edición de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), cuyo objetivo es generar información sobre actos de corrupción y sobre las experiencias de las empresas al realizar un trámite.
“Entre los aspectos positivos más relevantes en la ENCRIGE está la reducción en el porcentaje de empresas que reportó actos de corrupción frecuentes entre los servidores públicos, al pasar de 82.2% en 2016 a 71.5% en 2020”, indicó.
“Otra buena noticia —continuó— es que, a nivel nacional, los costos promedio para las empresas de incurrir en actos de corrupción se estimaron en 7,419 pesos en 2020, una reducción sustancial respecto al dato de 2016, que era de 14,535 pesos”.
No obstante las buenas noticias, “hay también retrocesos en el ambiente de negocios. Por ejemplo, la encuesta refiere que el 28.2% del total de las unidades económicas consideró el marco regulatorio existente como un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios, porcentaje que supera el 20.2% reportado en la primera edición de la encuesta en 2016”.
En este contexto, se informó que en 2020 los costos monetarios para el cumplimiento de las regulaciones ascendieron a 238,000 millones de pesos, cifra equivalente a 1 punto del PIB. En 2016 estos costos sumaron 115.7 mmp y representaron 0.56% del PIB.
Se estima que las unidades económicas del sector privado realizaron 79.9 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicio ante autoridades municipales, estatales o federales durante 2020, 3.4 millones más trámites respecto al año 2016.
El CEESP estableció que una de las principales condiciones para facilitar la creación de nuevas empresas y que, junto con las existentes, operen de manera satisfactoria, es contar con un marco regulatorio eficiente. “Con reglas claras y procesos sin costos innecesarios y predecibles en cuanto a su costo y tiempos”.
Por ello, “la mejora de la regulación en favor de la facilitación de los negocios y la inversión y el fortalecimiento y la proactividad de la CONAMER con esos fines son elementos imprescindibles —aunque no los únicos— para la reactivación de la economía y el logro de tasas de crecimiento saludables en los años por venir”.
Por Raúl Castro-Lebrija
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