Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 46 segundos
Hace tres años, con la esperanza de catapultar a la economía, México lanzó el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 que contemplaba la inversión de 266,000 millones de dólares. Pero ante la escasez de recursos públicos y privados, el financiamiento de los fondos de pensiones se ha convertido en una de las principales alternativas.
Gustavo Chavolla
Una muestra del efecto adverso de la falta de financiamiento ha sido la cancelación de obras, o que los procesos de licitación se declaren desiertos, como fue el caso del proyecto carretero FARAC II o en diciembre pasado del Tren Suburbano. Incluso, algunos expertos sostienen que el mega proyecto portuario y multimodal en Baja California, Punta Colonet (también llamado el Long Beach mexicano) se ha pospuesto ante la falta de financiamiento. Por ello, nuevos instrumentos para captar el ahorro interno generado por los fondos de pensiones se han convertido en la punta de lanza de los esfuerzos bursátiles internos por atender la demanda de recursos.
Los CKDs son certificados bursátiles emitidos por un fideicomiso respaldado por activos de infraestructura. Este tipo de papeles son instrumentos de inversión de largo plazo que son colocados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para inversionistas institucionales o calificados, que no requieran de liquidez en el corto plazo.
Más allá del discurso, las estadísticas revelan que cualquier instrumentos financiero, aprobado por las autoridades reguladoras del sistema que estimule la inversión en infraestructura, será útil para remontar algunos peldaños del degradado nivel 71 (133 países) que ocupa México, muy por debajo de las posiciones de Barbados y Chile, 16 y 23 respectivamente, según el reporte 2009-2010 del Foro Económico Mundial.
En América Latina, México, al analizar el grado de desarrollo de su infraestructura, se ubica en la novena posición superado por Barbados, Chile, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Jamaica, Panamá y Guatemala. Para los expertos, esa condición en la región se debe principalmente a los altos niveles de deuda pública con los que se han financiado obras en el sector. Por ello, la importancia de que inversionistas institucionales participen en el desarrollo de infraestructura.
Lo anterior tiene un impacto directo en el bolsillo de los consumidores, ya que el Banco Mundial señala que el costo logístico en América Latina por ese déficit de infraestructura tiene un peso de entre 16-26% del PIB, casi el doble respecto del 9.0% que registran los países de la OCDE.
Los nuevos instrumentos de inversión, enfocados a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), se suman a los esfuerzos del gobierno federal de impulsar el desarrollo de infraestructura a través de su banco de desarrollo especializado en la infraestructura: el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y a través del también gubernamental Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
La meta del presidente Felipe Calderón, que ha denominado a su administración como el “sexenio de la infraestructura”, es impulsar al país para que en el año 2030 se ubique entre las naciones con mejor índice de competitividad que elabora el Foro Económico Mundial.
Si bien el director general de Banobras, Alfonso García Tamés, aseguró que el PNI acumula un avance de 40% con un desembolso total de 1.2 billones de pesos (unos 95,750 md) en el periodo 2007-2009. El funcionario federal confió en que se cumplirá la meta planteada al 2012 de invertir 3,085 miles de millones de pesos (unos 266,000 md).
El pronóstico de García Tamés se basa en el hecho de que el año pasado, Banobras con 40,000 mp (alrededor de 3,200 md) de créditos otorgados duplicó el monto desembolsado en 2008. Aunque lo más importante fue que esos 40,000 mp, la inversión detonada por la institución fue de 85,000 mp (unos 6,800 md).
Para este año, la apuesta del titular de Banobras es detonar inversiones por 98,000 (unos 7,800 md), es decir 15% más.
Una buena combinación
Pero además de los recursos federales, la inversión que detonen los CKDs será un catalizador adicional a la meta gubernamental. Por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) asegura que en la sala de espera aguardan al menos 26 proyectos interesados en colocar en el mercado ese tipo de instrumentos para financiar proyectos de infraestructura.
Sin embargo, expertos del sector consideran que entre los proyectos que ya han colocado CKDs y los que pretenden hacer, que en total suman 12 (varios todavía tienen carácter de confidencial) con recursos por más de 38,200 mp (es decir unos 3,050 md). Entre los más representativos están la empresa Red de Carreteras de Occidente (RCO), que es la empresa de Empresas ICA y Goldman Sachs, así como Prudential Latin America con aproximadamente 6,500 mp por cada una de las empresas. Pero son muchos los interesados.
Por ejemplo, uno de los que ya miran a México es la empresa “Administradora de Fondos de Infraestructura en México”, una subsidiaria indirecta de la financiera estadounidense MBIA.
Históricamente, para la filial en México de MBIA, el desarrollo de infraestructura en América Latina ha sido postergado debido a los altos niveles de deuda pública, la gran demanda por gasto social, altos niveles de inflación y tasas de interés y por la escasez de inversión extranjera y local. Esta situación en el caso de México se traduce en una baja competitividad.
Derivado de lo anterior, economías desarrolladas como aquellas en vías de desarrollo recurren al financiamiento privado como una solución a los reducidos montos de inversión en infraestructura. Por ello, bancos, fondos de pensiones y otros inversionistas privados ven a la infraestructura como una nueva clase de activos, indexados a la inflación, de largo plazo, que junto con el capital privado y bienes raíces, ofrecen una combinación de bienes tangibles y flujos de ganancias sostenibles a largo plazo.
Por ejemplo, para el presidente de la unidad en el país del banco de inversión australiano Macquarie, Mark Ramsey, la tasa de retorno esperada al año para el Fondo de Infraestructura Macquarie México (que recaudó más de 400 md en enero de este año) es de entre 13% y 17%, con un horizonte de inversión de 10 años con una ampliación hasta 14 años. Aunque para la unidad en México de MBIA, “los fondos de infraestructura globales apuntan a retornos objetivos en el rango de 10 y 20%”.
Pero además de las tasas de rentabilidad, los instrumentos van acompañados de una mayor seguridad para el inversionistas, ya que en los últimos años la tasa de recuperación es mayor respecto de otros financiamientos y bonos corporativos, incluso estos dos últimos con garantías.
Macquarie conoce el mercado mexicano, tiene directa o indirectamente cuando menos el 5.6% de las acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), esto como parte de su portafolio de inversión en terminales aéreas a través de su empresa MAp (Macquarie Airports) que tiene participaciones accionarias en las terminales de Sydney, Bruselas, Roma y Copenhague, entre otros.
Macquarie hizo mancuerna con una de las empresas del magnate Carlos Slim Helú, IDEAL, para pujar por el paquete carretero Farac I (con las autopistas Guadalajara-Zapotlanejo y Maravatío-Zapotlanejo), sin embargo, ICA y Goldman Sachs ganaron la licitación al ofrecer al gobierno federal 4,000 md. Este negocio carretero, ahora renombrado como Red de Carreteras de Occidente, fue el primer proyecto de CKDs colocado en la BMV.
Según datos de la australiana, entre los proyectos de infraestructura que le interesan están: el Tren Suburbano de Guanajuato, el cual requerirá unos 16,900 mp de inversión para sus más de 150 kilómetros de longitud; el acueducto Falcón-Matamoros que necesitará de unos 6,550 mp para sus 264 kilómetros de red con un diámetro de entre 1.5 y 2.75 metros para atender las necesidades de agua potable de unos 2.0 millones de habitantes de los municipios de Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas, para los próximos 20 años.
Además de las autopistas Tuxpan-Tampico y Libramiento Tampico (de 5,700 mp de inversión aproximada); el Libramiento Guadalajara de 111 kilómetros (de 4,860 mp); la carretera de peaje Laguna Verde-Gutiérrez Zamora de 91 Km. (de 2,700 mp) o la autopista La Purísima-San Ignacio de 2,000 mp.
Incluso, Macquarie con operaciones en operadores aeroportuarios, estaría interesado en el aeropuerto de la Riviera Maya, el cual en su primera etapa necesitaría de 3,200 mp. Además del aeropuerto de carga en Ensenada (de 2,700 mp) o la construcción y operación de la nueva terminal aérea de la “Nueva Mérida” (de 1,700 mp), así la ampliación de otras 31 terminales, las cuales en conjunto requerirán de 22,000 mp de inversión.
Macquarie analiza las “oportunidades que surjan del gobierno, así como una cartera grande de concesiones de infraestructura administradas por particulares”, entre ellas destacan 109 concesiones de carreteras, entre otros, comentó en su momento a través de su prospecto de colocación.
Necesidad y mercado en auge
Según la unidad en México de la neoyorquina MBIA, en la próxima década los requerimientos de inversión en las economías emergentes ascenderán a un billón de dólares. Dado esos montos y el periodo de maduración de los proyectos, ese tipo de obras han demostrado ser más estables y tener menos correlación con los retornos de los mercados de acciones y otras alternativas de inversión. En el esquema de largo plazo, las compañías de seguros o fondos de pensiones para el retiro empatan con los periodos de maduración de las obras.
A pesar de esas necesidades, los fondos de capital especializados en infraestructura se han desarrollado en los últimos lustros y fue hasta la década de los 90, cuando se dieron las privatizaciones y las asociaciones público-privadas. En ese momento, los proyectos de infraestructura pública alcanzaron mayor auge.
Las buenas tasas de retorno que ofrecen los proyectos de infraestructura son resultado, dicen los expertos, de las barreras de entrada que ofrecen las obras (carreteras, puertos, electricidad, sistemas hidráulicos, hospitales, aeropuertos), que además requieren de la concesión del gobierno federal y de altos montos de inversión.
Dados los requerimientos de capital y la baja liquidez que se vivió el año pasado, con el propósito de atraer inversiones el gobierno federal realizó este año en Europa varias presentaciones sobre las oportunidades de inversión en México a través de la llamada “Conferencia de Infraestructura México 2010”. En ellas, los secretarios de Estado y directores generales de las agencias federales encargados del desarrollo de la infraestructura en México presentaron 100 proyectos que serían licitados en 2010 con inversiones por de 50,000 millones de dólares.
La meta es mantener la inversión en infraestructura en México en un rango de 4.0% y 5.0% como porcentaje del PIB. El año pasado se alcanzó el 5.0%, el nivel más alto de la última década.
