Las Leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, modificadas en mayo del año pasado, siguen sin reglamentar. En un país que se registra con los más altos índices de corrupción en el mundo, urgen las directrices que garanticen la inalterabilidad de las compras y las inversiones de infraestructuras gubernamentales, indica experto

A siete meses de que se reformaran las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, continúan pendientes los reglamentos que permitirán garantizar la inalterabilidad de las compras gubernamentales.

Roberto Hernández García, presidente del Comité Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional Capítulo México, dice, en entrevista con Fortuna, que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe apresurar la aplicación de herramientas que brinden certeza legal a todas las medidas adoptadas para transparentar el uso del dinero del erario.

Autor del libro Contratación pública internacional, una guía a las mejores prácticas (International, public procurement: a guide to best practice), Hernández García asegura que mientras la reglamentación no exista, no se podrán instrumentar muchas de las prácticas relacionadas con las licitaciones públicas, como por ejemplo, los medios de solución de controversias.

De acuerdo con la misma ley de Adquisiciones, la SFP está encargada de “establecer las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos correspondientes en materia de contrataciones públicas”, indica su artículo siete.

La reglamentación de estas reformas, precisa Rodríguez García, es indispensable porque la contratación pública, que implica el uso de los recursos de los contribuyentes, está en manos del Estado.

En consecuencia, dice el exasesor de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derecho mercantil, “es importante una guía en el caso mexicano, porque entre menos recursos tenga un país, es necesario que se manejen de forma adecuada, que no estén mal aplicados o no se dediquen a los objetivos que se deben de cumplir y se deben de perseguir”.

El abogado enfatiza que es “a través de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, adquisiciones y obra pública, que los gobiernos compran todo aquello que necesitan para su funcionamiento y para el cumplimiento de su labor”.

Corrupción en México

Los índices internacionales que miden la corrupción en el mundo han ubicado, “lamentablemente”, a México en una posición desfavorable, añade el experto en derecho mercantil. “Pensamos que por ello, instrumentos como la Guía (publicada bajo el sello internacional de Globe Law and Busines) sirven para que la gente se concientice de la importancia que tiene la contratación pública, y así proporcionar herramientas concretas para decir cómo aplicar: la subasta en reversa, los acuerdos marco y la contratación pública electrónica, utilizados actualmente en todo el mundo”.

El Índice de percepción de la corrupción 2009, elaborado por la organización Transparencia Internacional, indica que México, Brasil, Perú y Colombia se han visto “sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado”, de los 31 países analizados.

“La puntuación baja de la mayoría de países latinoamericanos refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible”, indica el organismo internacional.

En el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, elaborado por la SFP, indica que los resultados de la Encuesta nacional de corrupción y buen gobierno de transparencia mexicana “muestran que en 2007, en el 10 por ciento de los casos se pagó un soborno para obtener el servicio, lo que implica una reducción marginal de la corrupción respecto de la registrada en 2005, que fue de 10.1 por ciento”.

Las cifras de la SFP indican que en 2007 se registraron 197 millones “actos de corrupción”, que “costaron” al erario un aproximado de 138 pesos cada uno.

Áreas de opacidad

Otro de los organismos que ha hecho énfasis en la aplicación de prácticas de transparencia en el uso del erario es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en el documento Áreas de opacidad y riesgo. Oportunidades de mejora, indica: “No obstante los avances logrados con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley del Servicio Profesional de Carrera y la reforma al artículo sexto constitucional en materia de transparencia, existen todavía muchos pendientes que requieren atención urgente con el fin de abatir la opacidad existente y reducir el riesgo de hacer mal uso de los recursos públicos”.

Entre las observaciones de la ASF, se destacan las figuras de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos registrados en el sistema. De éstos, el 49 por ciento no se encuentran ya vigentes por haberse dado de baja, por haberse extinguido, o bien, por encontrarse en su proceso de terminación. Del resto de instrumentos que aún están vigentes, el 85 por ciento tiene vigencia indefinida, debido a que la normatividad presupuestaria no establece plazos de vigencia, situación que contraviene su propia naturaleza relativa a la anualidad.

En consecuencia, la ASF observó que no se cuenta con un adecuado control y seguimiento global de los recursos federales aportados a estos instrumentos, así como de su adecuado reintegro al erario cuando son extinguidos o cancelados.

Recuadro

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El Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México) lleva a cabo las siguientes comisiones: Arbitraje Comercial Internacional; Competencia Económica Internacional; Comercio Internacional, Técnicas y Prácticas Bancarias; Ecología y Medio Ambiente; Publicidad, Mercadotecnia y Negocios Electrónicos; Propiedad Intelectual; Servicios Financieros y Seguros.

También realiza diversos análisis mediante comités como: Anticorrupción, Gobierno Corporativo, Transporte, Aduanas, Responsabilidad Social Empresarial e Impuestos.