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Las autoridades mexicanas actúan como reclutadoras de mano de obra barata para empresas canadienses ante su incapacidad de crear empleos en territorio nacional. Mientras, con el pretexto de la crisis económica y financiera, se multiplican los incumplimientos de contratos y las denuncias por las precarias condiciones laborales que los mexicanos deben soportar en Canadá

Cuando aborda el avión que lo trasladará a Canadá, el grupo de mexicanos inscritos en el Programa de Trabajo Agrícola Temporal (PAT) ocupa un sitio que le fue asignado con antelación en la aeronave. Aislado de los otros viajeros durante todo el trayecto, estará bajo el escrutinio de las autoridades de aquel país; atrás queda todo vínculo con las instancias gubernamentales que tramitaron su contratación así como de toda salvaguarda del gobierno mexicano ante el eventual maltrato o semiesclavitud que sufran en su nuevo empleo. Ellos conforman una cuadrilla de hombres que permanecerán hasta el término del contrato que llevan en sus manos. La mayoría nunca ha viajado en una aeronave y desconoce el idioma en que hablará su empleador, así como la geografía y cultura de la provincia en la que trabajará.

Una vez en el aeropuerto, ese puñado de hombres camina por una línea de paso hacia la aduana, diferente a la del resto de los pasajeros, y de inmediato se le somete a un interrogatorio a manera de filtro –uno más en la decena de controles que lograron salvar para llegar a Canadá–. Una vez que se imprime el sello de aceptación en sus documentos de ingreso, apenas tienen oportunidad de ver su nuevo entorno porque son conducidos con celeridad a los transportes que los trasladan hacia su nuevo destino: las granjas agrícolas –generalmente situadas en poblados muy alejados de las ciudades–, hoteles, rastros, empacadoras, viveros o, si son afortunados, a los campos de explotación petrolera de Ontario.

Esa cuadrilla de mexicanos forma parte de los 90 mil trabajadores extranjeros que ingresan al país anfitrión cada año y que se distribuyen a lo largo de ese enorme territorio una vez que las autoridades canadienses los clasifican como inmigrantes económicos. Esa categoría define que su actividad se centrará en proporcionar mano de obra junto con la de los cingaleses, chinos, colombianos, coreanos, filipinos, indios, iraníes y paquistaníes, para contribuir al desarrollo de aquel país. Y aunque la mayoría de ellos sabe que le espera un trabajo rudo, los agentes canadienses y sus empleadores facilitan su ingreso, pues saben que estos hombres, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 44 años, son muy productivos económicamente.

Los recién llegados son los más pobres en sus países de origen; los mexicanos proceden de poblaciones rurales de Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Estado de México o Michoacán. Para todos ellos, percibir un salario de 14.25 dólares canadienses por hora (aproximadamente 11.95 pesos por 1 dólar, que equivalen a 1 mil 702 pesos por ocho horas de jornada) resulta un enorme incentivo frente a los 69 pesos diarios en promedio que en esos estados gana un albañil, los 64 pesos de un carpintero o una enfermera, los 70 pesos que percibe un manejador de gallineros o los 68 pesos diarios que gana un carnicero.

Adicionalmente, con su viaje al gigante país norteamericano, esos trabajadores tienen garantizado un empleo al menos por ocho meses, en tanto que el desempleo crece en México a un nivel sin precedentes, de acuerdo con estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que en julio anunció que este país y España –miembros de esa agrupación– son en los que “más aumentó la tasa de desempleo” en mayo pasado, con siete décimas más que en abril; en tanto que la media de los 30 Estados integrantes fue un incremento de tres décimas.

Este escenario forma parte de lo que el exdiplomático y abogado Humberto Hernández Haddad denomina “una política económica que no genera resultados en puestos de trabajo ni en oportunidades para la población”. Agrega que la cifra más realista sitúa en alrededor de 500 mil a los mexicanos que anualmente salen del país a Estados Unidos y Canadá en busca de empleo, lo que le confiere a esa emigración una dimensión no sólo económica sino social, pues crea un problema de transculturación, de abandono de familias, de desintegración familiar y de cambio de patrones de conducta social.

Según el Reporte de estudios municipales más reciente, alrededor de 800 municipios –de los 2 mil 345 del país– exhiben señales de despoblamiento en adultos jóvenes, es decir, quienes están en edad de trabajar, emigran. Ese problema de política económica tiene que ver con “la dogmatización de la economía, con el neoliberalismo que privilegió la concentración del ingreso, a las grandes corporaciones, al libre comercio y se olvidó de la cohesión social”, señala Hernández Haddad.

Opina que ese abandono de los municipios es resultado de la falta de preparación de las regiones frente a la competencia que representó el ingreso de socios más desarrollados en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), y que no consideró la experiencia europea que aportó fondos de cohesión para sus socios menos avanzados, como Portugal y España, para promover el desarrollo regional.

Considera que México no ha recibido ningún tipo de financiamiento para desarrollar infraestructura que permita integrarse y competir con las regiones más atrasadas con sus socios más adelantados; “tampoco hay una sola autopista, una sola hidroeléctrica, ningún complejo agroindustrial, ningún parque industrial, ningún complejo hospitalario que pudiéramos considerar resultado de los fondos de cohesión para el desarrollo regional o nacional que los socios más adelantados le hayan dado”, pues ese acuerdo dejó pendientes los rezagos que hoy reaparecen pero con más fuerza en la agricultura y la planta industrial.

Los beneficiarios

De acuerdo con Miguel Pickard del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), el programa de trabajadores huésped para mexicanos en Canadá sólo busca proteger los intereses de los dueños de granjas y de empresas agrícolas, en detrimento de los trabajadores. Para ilustrar la situación de los trabajadores migrantes en Canadá, Pickard cita la reflexión de un trabajador mexicano con respecto de su condición en aquel país: “En mi mente no ha desaparecido la esclavitud; en este caso nosotros los trabajadores mexicanos somos los esclavos. Quiero decir a todos los patrones que no somos máquinas y quiero que se den cuenta, aunque sea un poquito, que el dinero que tienen es gracias al trabajo de todos los trabajadores agrícolas mexicanos que vienen a Canadá a trabajar”.

En su estudio Los migrantes mexicanos en Canadá (marzo 2004), el investigador advertía que, como ocurrió en el primer Programa Bracero con Estados Unidos, el intercambio de trabajadores con Canadá dejó en condición de “semiesclavos” a los mexicanos. Cinco años después, el investigador reitera que la situación no ha cambiado ni en el aspecto de la explotación laboral a la que son sometidos los mexicanos en aquel país ni en cuanto a los descuentos sobre su salario que no les son devueltos una vez que su contrato concluye.

Entre 1942 y 1949 casi 400 mil braceros mexicanos que trabajaron en Estados Unidos recibieron descuentos por unos 60 millones de dólares que no les fueron retribuidos (los intereses rebasarían los 1 mil millones de dólares en la actualidad). Situación semejante ocurre con los descuentos a los salarios de los mexicanos que trabajan para empresas canadienses y que nunca recuperan por la naturaleza de su trabajo temporal, explica el economista.

Preocupa a este analista que al igual que los canadienses, pagan impuestos pero que no reciben a cambio ninguna prestación, con lo que “son conculcados sus derechos”. Se trata de pagos que los patrones obligan a hacer previamente a los mexicanos por concepto de seguro médico, fondo de retiro, fondo para el desempleo, además de que en todas sus compras pagan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) difícilmente ven los beneficios de los impuestos. En la actualidad, la situación permanece “y es aún más grave”, pues nadie informa qué pasa con esos recursos, o por presiones de los patrones o el temor de no ser aceptados en el próximo programa no acuden a los servicios de salud cuando enferman, se accidentan o intoxican por el uso excesivo de fumigantes para no contrariar al patrón, explica a Fortuna.

Así, los impuestos que pagaron por concepto de servicios de salud prácticamente nunca utilizan, como definitivamente nunca les será retribuido el fondo de retiro que se les descuenta de su salario y “ni el gobierno canadiense ni el mexicano proporcionan información para que los trabajadores lo cobren”, señala Pickard. También, los mexicanos tienen derecho a que el IVA (o VAT canadiense) les sea devuelto, pero su demanda para que les sea devuelto no tiene respuesta, pues denuncian que los servicios consulares “protegen a los patrones mexicanos”, como denunció un migrante entrevistado por el analista de CIEPAC: “Si quieres hablar con ellos por teléfono, dicen: no tengo tiempo de verte, pórtate bien; cuando vienen del consulado y nos preguntan cómo están y decimos bien, es porque sabemos que se ponen del lado del patrón; y cuando les explicas la situación real, ellos dicen: es mejor aguantarse”.

Stan Roper, del Sindicato Internacional de Trabajadores Unidos de Alimentos y Comercios (UFCW, por sus siglas en inglés), dice que los mexicanos que trabajan en Canadá están desprotegidos: “Cuando tienen quejas sobre la vivienda, condiciones de trabajo o un patrón abusivo sólo tienen dos opciones: ir con el patrón que ocasiona el problema y, la otra, acudir al consulado mexicano. Lo que hemos encontrado es que el consulado está para proteger el contrato con el granjero; si hay un problema, por lo general estarán en el siguiente avión de regreso. Esta cita, que aparece en la investigación de Pickard, fue tomada del video El contrato, dirigido por Min Sook Lee, patrocinado por el Consejo Nacional de Cine de Canadá. Tras su estreno en aquel país, en octubre de 2003, los granjeros que aparecen en la cinta amenazaron con demandar por difamación. Hasta que se resuelva el litigio no puede distribuirse en Canadá.

También la UFCW documentó el despido de Roger Goethyn, un contratista experto en aplicación de sustancias tóxicas que rehusó rociar el pesticida Thiodan –que puede causar convulsiones– en un invernadero en Chatham, Ontario, mientras había personas laborando. Los propietarios del invernadero Platinum Produce lo despidieron en el acto a pesar de que las leyes de Ontario protegen a quienes se rehúsen realizar labores que pondrían en peligro su vida y salud, así como la de otros; sin embargo, no se aplican a trabajadores agrícolas, por lo que Goethyn pudo ser “legalmente” despedido.

La condición de semiesclavitud de los trabajadores mexicanos en Canadá les ha sido conferida por varios investigadores, toda vez que, ya contratados por una granja o empresa, se les impide por ley buscar otras opciones en el mercado laboral o, de lo contrario, deberán regresar a su lugar de origen. Como el patrón decide a quién contratará de nuevo para el siguiente ciclo agrícola, los trabajadores deciden no arriesgarse y no denuncian ninguna alteración a su contrato de trabajo original, con lo que se inhibe de ejercer sus derechos, refiere Pickard. Explica que el vocablo semiesclavos es su traducción del término unfree (no libre) que emplea Tanya Basok, académica de la Universidad de Windsor, Canadá, en su investigación Tortillas y tomates: cosechadores transmigrantes mexicanos en Canadá.

Los efectos nocivos para los jornaleros mexicanos del Programa Temporal, signado entre Canadá y México, llevó a los trabajadores de Saint Thomas de Joliette, Québec, a solicitar en septiembre de 2003, ante la embajada mexicana en Ottawa, su participación en la reunión anual entre ambos gobiernos para la evaluación del Programa, aunque el entonces cónsul general mexicano Manuel Cosío respondió que no era posible acceder a su solicitud, “debido al carácter administrativo de la reunión”, cita Miguel Pickard.

Desde 1994, cuando entró en vigor el TLCAN, la organización Canadian Auto Workers (CAW, por sus siglas en inglés), fue la primera en rechazar el TLCAN entre Canadá, México y Estados Unidos, ante lo que denomina la “enorme oposición popular” a ese pacto comercial. Sus miembros son estudiantes, ambientalistas y activistas en materia de justicia y combaten lo que llaman “el asalto a la democracia representada por la actual ronda de acuerdos comerciales” que no siempre son justos.

En septiembre de 2007, el dirigente de CAW, Laurell Ritchie, se reunió con trabajadores temporales extranjeros (principalmente cosechadores de jitomate y pepino) para conversar sobre su situación de vida y laboral en aquel país. Observó que cada vez es más amplio el rango de actividades que realizan, y a pesar de que contribuyen al cuidado de la salud (con su trabajo como enfermeros y asistentes médicos), no siempre son beneficiarios de ese servicio.

De acuerdo con María Teresa Rodríguez Haces, doctora especializada en América del Norte del Instituto de Investigaciones Económicas, las quejas de los trabajadores agrícolas comienzan con la vivienda que les asigna su empleador: “El hacinamiento es real. A los patrones no les parece importante pensar en el tipo de alojamiento, pues para ellos sólo son trabajadores de actividades duras y no ven la necesidad de alojarlos en casas o alguna vivienda estable”, y si alguna condición del pacto laboral no se cumpliera y recurrieran al auxilio del cónsul mexicano en alguna provincia canadiense, éste, alegando falta de presupuesto para supervisar la situación, optará por subirlos al avión y regresarlos a México, agrega la especialista.

Por su parte, María Cristina Rosas, internacionalista y experta en conflictos, observa que las quejas por maltrato son reales; los consulados “no se dan abasto para dar cobertura apropiada a todos los incidentes que se reportan”, además de que en el fondo de este caso hay un problema político, pues el gobierno mexicano “necesita de este programa de trabajo temporal para sus ciudadanos”.

A ese señalamiento se suma Hernández Haddad. Puntualiza que “el sistema consular mexicano es una zona de desastre”: tiene buenos elementos, pero los recursos humanos, los recursos administrativos y materiales escasean porque la Secretaría de Relaciones Exteriores privilegia el gasto suntuario (en recepciones, cócteles); está alejada de la realidad de la vida consular, deja sin apoyo a los trabajadores mexicanos que están en el extranjero.

¿Gobierno enganchador?

Jornaleros, carniceros, enfermeras, albañiles, plomeros, pintores de brocha gorda, cocineros, choferes y miembros de otros oficios viajan a Canadá para trabajar por temporadas consecutivas de seis meses, ocho meses y hasta dos años. Los trabajadores mexicanos ingresan al Programa Agrícola Temporal (PAT) luego de cubrir los requisitos que establece la parte contratante (en ocasiones son trámites que les lleva hasta cuatro meses cumplir) y que coordina la Secretaría del Trabajo federal con las 32 entidades; por ejemplo, la del Estado de México, a cargo de Ignacio Rubí, y que sólo en enero de 2007 envió a 76 de 200 carniceros al socio comercial canadiense, así como 150 enfermeras, en lo que se pretende que beneficie al menos a 2 mil mexiquenses de distintos oficios.

Todos ellos son recibidos en granjas, viveros, hoteles, rastros, empacadoras y empresas de la construcción de las provincias de Columbia Británica, Ontario, Alberta y Québec, reclutados con un contrato que les garantiza, como en el caso de los carniceros mexiquenses, un salario de 14.25 dólares canadienses la hora en jornadas de ocho horas. También, las empresas cubren el costo del transporte aéreo desde México hasta Canadá y su retorno al país de origen, como ocurre con la firma Cargill en la provincia de Alberta.

De acuerdo con la respuesta a la solicitud de Fortuna al gobierno mexiquense, la directora de comunicación social de la Secretaría del Trabajo de esa entidad, Verónica Gaytán Vargas, indicó que durante la administración del gobernador Enrique Peña Nieto, este programa “ha colocado en Canadá a 2 mil 959 trabajadores que desempeñan diferentes actividades en el campo: siembra, cosecha y recolección de hortalizas, frutos, flores, tabaco, ginseng, arándano y moras, entre otras”. Las provincias a las que se envían trabajadores del Estado de México son: Columbia Británica, Alberta, Ontario, Québec y Saskatchewan.

En relación con la solicitud de información de si existe algún registro por inconformidad o queja de incumplimiento de contrato por parte de los empleadores canadienses que formuló este medio, la respuesta del gobierno de Peña Nieto, que se recibió vía correo electrónico en agosto de ese 2009, fue: “En este Servicio Nacional de Empleo no se cuenta con ningún registro sobre este tema”.

Otro estado exportador de trabajadores temporales mexicanos es Durango, aunque organismos locales admiten que no han obtenido los resultados ofrecidos en el PAT, como ocurrió con los jornaleros en mayo de 2004. Entonces, Mario Silva Franco, coordinador estatal del Movimiento Pro Exbraseros, señaló que desde octubre del año anterior sus compañeros iniciaron los trámites para ingresar al trabajo en aquel país y, posteriormente, no fueron requeridos por las autoridades estatales. Los compañeros de Silva, casi 100 campesinos, la mayor parte de ellos hijos de exbraseros que carecen de empleo, tomaron las oficinas del Servicio Estatal de Empleo (SEE) para exigir que se abrieran los padrones del trabajo temporal en Canadá, argumentando que las autoridades locales decidieron enviar a quienes apenas regresaron en marzo de ese año. Afirmaron que en Durango “se da preferencia a los recomendados”, por lo que no fueron contratados; “sólo mandan priistas” a Canadá, aseguraban entonces los trabajadores agrícolas.

Guanajuato es otro estado exportador de trabajadores hacia Canadá. En marzo de 2008, el exbrasero Benito Mora y titular de Desarrollo Económico de Jerécuaro comentaba que el gobierno de la provincia de Alberta manifestó su interés para que las autoridades mexicanas atendieran el problema de las agencias reclutadoras que defraudan a los migrantes mexicanos que aspiran a irse a aquel país como trabajadores bajo contrato.

La doctora Rodríguez Haces comenta que es de llamar la atención que los empleadores canadienses hagan énfasis en su solicitud de personal extranjero, en este caso, de mexicanos que tengan muy baja escolaridad y mínima destreza, con lo que se busca a personas “que aguanten el trabajo de la cosecha”, es decir, que permanezcan inclinadaos sobre la tierra todo el día. Acota que no todos los empleadores someten a sus trabajadores a condiciones extenuantes, algunos les proporcionan bicicletas para que realicen sus compras en el pueblo más cercano, pues la naturaleza del trabajo agrícola implica que éste se realice en zonas muy aisladas de otras poblaciones.

A modo de conclusión, la especialista subraya que el mayor problema radica en que el trabajador en territorio canadiense no tiene ningún tipo de rendición de cuentas, pues el gobierno mexicano “en sus múltiples instancias poco hace”.

¿Hablamos de los cónsules?

Exactamente, en gran medida porque ellos dicen que no es trabajo de los mexicanos defenderlos de alguna infracción de los empleadores, sino de las autoridades canadienses, y se enfrascan en una discusión de gastos que incluye erogaciones y salarios para entrevistar a la gente en las granjas. Es ahí donde uno pregunta cómo es posible que los cónsules no manden gente para que vigilen lo que pasa; es más fácil que los trabajadores que han tenido el valor de quejarse ante el consulado sean regresados a México. Es una situación de gran indefensión. Si tanto insisten las autoridades en que es un trabajo exitoso, debería haber más rendición de cuentas.

Convenio obsoleto

El desplazamiento continuo de connacionales hacia Canadá es parte de un convenio bilateral diseñado en 1973, centrado en el trabajo agrícola y que con el paso del tiempo se amplió de facto hacia otros sectores ante el creciente flujo de trabajadores temporales. Originalmente se concibió para dar trabajo a personas del Caribe (Jamaica y Haití por ser anglo o francoparlantes) y al que paulatinamente se sumaron los mexicanos, primero fueron 100, luego 150, hasta sumar miles, y prácticamente colman la cuota de trabajadores temporales extranjeros que contrata nuestro socio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En su origen, el convenio estableció que las actividades en las que trabajarían los mexicanos serían de índole agrícola, pero paulatinamente cubren nuevos sectores: el sector turístico –donde cada vez es más frecuente que los mexicanos atiendan desde la cocina, las habitaciones, el restaurante, bares y la administración– hasta el sector extractivo en materia petrolera, en la provincia de Alberta.

Para María Teresa Gutiérrez Haces, la cuestión cultural, en la que el idioma es fundamental, enmarca las relaciones que se establecen entre el empleador y el empleado, pues éstas siempre son verbales. Al principio del programa de trabajo temporal, los trabajadores procedían de las excolonias británicas y su cultura era afín a la canadiense; sin embargo, hay un choque cultural con el mexicano, pues éste no se deshace de su cultura, sino que trata de implantarla en el sitio que lo acoge y durante el tiempo en que permanece.

En conclusión, esta investigadora y la internacionalista María Cristina Rosas consideran importante replantear los términos de la relación bilateral México-Canadá y coinciden en que actualmente falta voluntad política para actualizar en todos sus aspectos el Acuerdo binacional de trabajadores agrícolas temporales hacia otros sectores y en la ampliación de los derechos de los mexicanos. (NE)

Mexicanos expresan su situación

El 14 de septiembre de 2003, al conmemorarse el 193 aniversario de la Independencia de México en Saint-Thomas de Joliette, Québec, trabajadores agrícolas mexicanos dirigieron un manifiesto al entonces primer ministro canadiense –quien finalizaba su gestión– en estos términos:

“Muy honorable señor Jean Chrètien, primer ministro de Canadá, entendemos que el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Extranjeros debe garantizar la plantación, cuidado y cosecha de los productos agrícolas de Canadá, Estados Unidos y México. Asimismo, que el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte se preocupa por proteger especialmente a los trabajadores migratorios. Sin embargo, a pesar de que aportamos nuestra fuerza de trabajo para el logro de esos objetivos, en Canadá no se respetan las garantías del contrato de Trabajadores Agrícolas Temporales Mexicanos.

“Describimos de esas deficiencias:

1. A nuestro arribo no se nos proporcionó trabajo inmediato y tampoco salario.

2. El empleador no cumplió el régimen de trabajo mínimo de 40 horas por semana y en otros casos nos envió “prestados” a otras granjas adonde realizamos labores ajenas a lo acordado en el contrato.

3. No se nos pagó la diferencia salarial por el trabajo que realizamos que fue diferente a las actividades para las que fuimos contratados.

4. No se respetaron las normas de seguridad y salud en el trabajo. No tuvimos ropa ni equipo adecuados y cuando trabajamos se esparcen plaguicidas, lo que daña nuestra salud.

5. Aunque pagamos una póliza de seguro no se nos proporcionó ni servicio médico inmediato ni licencia médica, ni hubo indemnización por accidente o enfermedad, a pesar de que el empleador debe pagar los 10 primeros días.

6. No se nos informó de nuestra ubicación geográfica, sobre normas de trabajo ni deducciones a nuestro salario.

7. El empleador retuvo toda nuestra documentación migratoria, contrato y boleto de avión.

8. El empleador no nos proporcionó tarjeta de seguro social (NAS); ni tarjeta del ministerio de salud (carte soleil); ni el certificado de aceptación de Québec; ni la póliza del seguro de vida; ni formularios para el reembolso de gastos médicos.

9. No se nos proporcionó transporte para comprar alimentos y el empleador los deduce de nuestro salario.

10. No se nos proporcionó vivienda digna.

11. No contamos con agua potable o agua caliente para nuestra higiene.

12. Sufrimos prácticas injustas como: intimidación, coerción, hostigamiento o interferencia, pues el empleador y el capataz nos prohíben hablar en horas de trabajo, comunicarnos con el consulado mexicano en caso de duda o queja. También recibir visitas o hablar con personas del lugar. Sólo disponemos de dos horas para comprar alimentos en la ciudad más próxima, a pesar de ser nuestro tiempo libre.

“Por lo anterior y conscientes que el aislamiento nos coloca en un alto riesgo de vulnerabilidad en cuanto a derechos humanos y derechos labores se refiere, demandamos la intervención urgente de los gobiernos de Canadá y México para que se nos proporcione la misma protección legal que a sus nacionales, en territorio de cualquiera de los países conforme a las leyes y estatutos sobre higiene y seguridad en el trabajo.”

Además, los migrantes mexicanos demandaron:

Que el gobierno de Canadá instruya a los empleadores para que respeten nuestros derechos humanos como lo mandan la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, la Carta Quebequense de los Derechos y Libertades de la Persona.

Que el gobierno de Canadá nos conceda el derecho y acceso pleno al seguro del Empleo y régimen de Jubilación y se eliminen (cancelen) las deducciones sobre nuestro salario por cotización al seguro del empleo y régimen de jubilación.

Que el gobierno de Canadá y el de Québec exenten a los trabajadores migratorios del Pago del Permiso de Trabajo (visa federal) y del pago del Certificado de Aceptación de Québec o expida y cobre un permiso de trabajador y certificado de aceptación de Québec, una primera y única vez, válidos para los años subsecuentes.

Que los gobiernos de Canadá y México informen, supervisen y cumplan las leyes sobre derechos laborales y derechos humanos de los trabajadores agrícolas temporales. (NE)