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Hasta el primer semestre de 2012, la banca comercial es la principal fuente de financiamiento de los gobiernos estatales y municipales para hacerse de recursos adicionales.
De acuerdo con información de Bank of America Merrill Lynch, dicho financiamiento por parte de bancos comerciales representa para los gobiernos estatales alrededor del 58% de la deuda, seguido de la banca de desarrollo con 22%, emisiones bursátiles con 14.7% y fideicomisos con 3.4 por ciento.
Los gobiernos locales en México son altamente dependientes de dichas transferencias, principalmente por la debilidad que presenta su sistema de recaudación.
Es importante recordar que el fin de las aportaciones federales al presupuesto local de las entidades es ser utilizadas en propósitos específicos, como lo es el gasto en infraestructura.
Las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), arrojan que hasta junio del presente año la deuda de entidades federativas y municipios sumó 402.7 mil millones de pesos, es decir 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB), respecto al 1.6% del PIB que representaba en 2006.
A pesar de los elevados niveles de deuda que presentan algunos estados, el problema no representa un riesgo macroeconómico para las finanzas públicas. Sin embargo, los esquemas actuales parecen incentivar a los gobiernos locales a seguir con la tendencia de incremento de ésta.
Un problema potencial es que la exposición de la banca a la deuda estatal podría significar riesgos, en un escenario en el que se reduzcan los recursos federales, particularmente los dirigidos a los estados que ya han comprometido la mayor parte de sus transferencias futuras.
