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El concepto de economía verde se debate entre una visión de mercado, que es impulsada por algunos gobiernos y grandes corporativos, y la de una crisis de civilización, surgida desde la sociedad basada en valores y posiciones éticas, afirma Víctor Manuel Toledo, del Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIEco) de la UNAM.
La economía verde, promovida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y que se define como el resultado de mejoras en el bienestar humano y equidad social, intenta reducir los riesgos ambientales y la escasez ecológica, sin embargo existen dos posiciones al respecto, señala el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“La primera se vincula a intentar superar la crisis ecológica, hoy problema fundamental de la humanidad, a través de tecnología y reglas económicas de mercado. Es una postura impulsada por ciertos gobiernos, y sobre todo, por algunas compañías y grandes corporativos, que utilizan la idea de la sustentabilidad para hacer negocios”, indica.
El otro planteamiento se impulsa desde la sociedad civil, las organizaciones sociales y la academia. Esta premisa es que la dificultad ecológica que vivimos es una crisis de civilización, y eso implica no sólo cuestiones económicas, tecnológicas y sociales, sino valores y posiciones políticas y éticas, puntualiza el investigador del CIEco, campus Morelia.
“Esta segunda posición descansa fundamentalmente en la idea de que es el empoderamiento de la sociedad civil, el cambio en los individuos y en sus hogares, como se resolverá la crisis ambiental”, asevera.
Para el PNUMA, el crecimiento económico favorecerá el desarrollo sostenible hacia la conservación del planeta y la erradicación de la pobreza, pero los costos para aminorar el impacto ambiental de los procesos productivos de las empresas son elevados.
En México estos costos ascendieron, en 2010, a 941 mil 670 millones de pesos, lo que equivale al 7.9% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El gasto en protección ambiental, en porcentaje como proporción del PIB, fue de 2003 a 2006, de 0.6%, y alcanzó en 2009, el 1.1%.
La instrumentación de la economía verde, apunta Toledo, es totalmente incipiente, con una visión estrecha, porque aún se considera que la economía es el motor del cambio ambiental.
“Sólo la conciencia del individuo que comienza a transformar sus hábitos y valores, e inicia desde el hogar, puede modificar la manera de utilizar la energía: de gas a energía solar, a reciclar basura, y a aprovechar los desechos orgánicos para sembrar en azoteas, jardines: es ahí donde se debe contemplar la raíz de la solución. De esa transformación se desencadenan cambios en las instituciones políticas, económicas y tecnológicas”, afirma.
Según un estudio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), titulado “Economía Verde Empresarial”, un total de cuatro mil 623 sociedades participan en los programas Nacional de Auditoría Ambiental y de Liderazgo Ambiental para la Competitividad.
El académico asegura que buena proporción del movimiento ambientalista y la economía verde se encuentra en el campo, liderado por las cooperativas y otras formas de solidaridad.
“Está el caso de los cafetaleros en Chiapas, donde existen 120 cooperativas indígenas que exportan el grano a Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá; también están en Oaxaca, en la Sierra Norte de Puebla, el centro de Veracruz, y una parte de Guerrero, donde hoy son parte de un movimiento social ambiental significativo en México”.
