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Según el organismo, la operación anunciada como “una segunda nacionalización” no implica un aumento en la generación de electricidad y sí utiliza recursos públicos que podrían destinarse a prioridades como salud, educación y seguridad pública.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que la compra de 13 planetas de generación eléctrica de la compañía Iberdrola —en una operación por 6,000 millones de dólares— es una mala decisión y representa una mala señal para la inversión en el país.
En su análisis económico semanal, el organismo descartó que la operación sea una nacionalización ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solo será el administrador de las plantas adquiridas.
Sin embargo, la operación tiene al menos tres implicaciones negativas.
Por principio “es una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que es precedida por ataques verbales del propio presidente a Iberdrola (sin ninguna prueba objetiva). Ello en un momento cuando el país necesita concretar la atracción de inversiones en la gran oportunidad que representa el movimiento de relocalización o nearshoring”.
La preferencia revelada del gobierno “es más bien por objetivos políticos que comienzan a tomar fuerza ante la cercanía del proceso electoral”.
En segundo lugar, “la adquisición conlleva gastos de mantenimiento a futuro, que serán difíciles de solventar. Y en México como en todo el mundo los gobiernos enfrentan problemas de suficiencia de recursos para el mantenimiento de la infraestructura, ya que compiten con otras prioridades que a menudo son más urgentes”.
Esto —cabe recordar— coincide con analistas consultados por Fortuna, quienes advirtieron que la compra de las plantas se concretó sin conocer el estado de las mismas, la vida útil que tienen por delante y la inversión que será necesaria para extenderla.
Y, en tercer lugar, “sería importante que la política pública estuviese concentrada en crear todas las facilidades posibles a fin de sacar el mayor provecho de la relocalización o nearshoring”.
“Para incluir mayor valor agregado nacional en la producción y exportación de la inversión motivada por la relocalización hay que trabajar en varios frentes, entre ellos: mejorar y ampliar la infraestructura pública y la logística y asegurar que la electricidad se transmita y distribuya suficientemente a lo largo de todo el país”, continuó el CEESP.
El CEESP recordó también que la inversión en líneas de transmisión y distribución de electricidad —donde la CFE es monopolio— ha sido insuficiente y, desde el 2019, se ubica “significativamente por debajo de lo planeado en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional”.
Por ello, “sería preferible destinar los recursos públicos a este fin, entre otros críticos, en lugar de utilizarlos para adquisiciones que no contribuyen a lo prioritario en este momento para el país”.
Finalmente, si bien el CEESP consideró que la operación con Iberdrola puede considerarse inversión, “no implica un aumento en la generación de electricidad, pero sí representa la necesidad de mayores recursos públicos para mantener su operación en el tiempo, que pueden ser escasos ante la debilidad estructural de las fuentes de recursos del sector público y la necesidad de mayor gasto en otros temas de mayor relevancia para el bienestar de la población, como salud, educación y seguridad”.
