Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 35 segundos
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno prepara la defensa legal del Tren Maya, luego de que un juez decretara la suspensión definitiva del polémico Tramo 5 de la obra, el cual corre de Cancún a Tulum, en Quintana Roo.
En la conferencia de prensa matutina de este martes, señaló que “vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento”.
Insistió en que “este es un asunto politiquero dr quienes no quieren que se lleve a cabo la obra. Son pseudo ambientalista financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo, y también por gobiernos extranjeros. Hay ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos. Es una demanda permanente que tenemos y vamos a poder cumplir” con la meta de inaugurar la obra en diciembre del 2023.
López Obrador recordó que el tramo donde se decretó la suspensión es donde se ubican las grandes empresas de Quintana Roo, como Grupo Xcaret y Vulcan, la matriz de Calica que explota bancos de material en la región de Playa del Carmen.
“Han usado a actores, mucho dinero”, manifestó. “Todo esto es lo que está en el fondo, más Claudio X. González y los de la asociación México en favor de la corrupción”, dijo en referencia a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien destapó en laso de la “Casa Gris” de su hijo José Ramón.
Al mandatario se le recordó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya estaría en proceso de autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, cuando ésta debió presentarse antes de que iniciaran las obras.
De hecho, el propio López Obrador señaló en diversas ocasiones que la MIA del Tren Maya se haría pública, hasta que —también en la conferencia de prensa— la titular de Sermarnat, María Luisa Albores, desmintió al mandatario y reconoció que solo tres de los siete tramos del proyecto cuentan en ese documento.
Cuestionado al respecto, López Arador dijo que “vamos a continuar con todo el procedimiento legal, sin ningún problema, y estamos seguros de que la obra va a continuar. Como no es mucho el tramo, aunque esté parada la obra ahora, vamos a reiniciar y a recuperar tiempo”.
Se le insistió en que la MIA debió ser aprobada antes de iniciada la construcción, a lo que respondió que “hay interpretaciones distintas. Yo emití un acuerdo para que se le diera tiempo a las empresas de entregar toda la documentación que se necesitaba. La Suprema Corte declaró procedente o válido el decreto, porque también lo impugnaron, y ahora, de acuerdo al criterio que se está aplicando, no se toma en cuenta ese decreto”.
“De todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos. No van a imponerse los intereses particulares”, concluyó.
Por Raúl Castro-Lebrija
