Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 50 segundos
En marzo próximo, el organismo elegirá a su nuevo dirigentes entre Francisco Cervantes Díaz, ex presidente de Concamin, y Bosco de la Vega, ex presidente del Consejo Nacional Agropecuario.
La primera semana de marzo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), elegirá al nuevo presidente que sustituirá a su actual líder, Carlos Salazar Lomelín.
Pero más que un dirigente, lo que en el fondo elegirá el máximo organismo del sector privado es el tipo de relación que tendrá el empresariado con el gobierno mexicano, en el último tramo de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Serán dos los contendientes en este proceso. Por un lado, Francisco Cervantes Díaz, ex presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y Bosco de la Vega, ex presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
Recientemente, el analista político Alfonso Zárate señaló que, lo que está realmente en juego en esta elección, es la naturaleza de la relación del CCE con el gobierno de López Obrador.
Y es que ambos candidatos representarían dos visiones y proyectos diferentes. “Francisco Cervantes me parece la docilidad, entregar el manejo del organismo cúpula de los empresarios al manejo del gobierno y, la de Bosco de la Vega, sería asumir la representación de los empresarios, sobre todo de los pequeños y mediano y plantear, sin ruptura, una postura firme y digna ante el gobierno”.
La carrera de Cervantes Díaz creció bajo el cobijo del ex presidente Enrique Peña Nieto, desde los tiempos en que fue gobernador del Estado de México.
En 2009 fue consejero del Consejo de Seguridad Pública y en 2012 vicepresidente del Patronato de la Orquesta Sinfónica de la entidad. Para 2018 dio el salto a la Concamin donde mostró posturas muy favorables al gobierno de López Obrador.
Por ejemplo. El 14 de agosto de 2019, durante el lanzamiento del proyecto gubernamental para detonar el sureste de México —iniciativa conocida como Plan Oaxaca— el entonces líder industrial señaló que “México vive un momento histórico, una transformación que definirá el futuro de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestros colaboradores y aún de aquéllos mexicanos que no han nacido”.
El 14 de noviembre de ese año, Cervantes Díaz declaró que la Concamin está a favor de un salario mínimo digno para el bienestar familiar —una de las principales políticas de López Obrador— y que en todo momento ha colaborado con las autoridades federales para encontrar la forma de ir mejorando las condiciones de los trabajadores y generar el bienestar social.
Para el 28 de marzo del 2020, en una misiva al presidente López Obrador indicó que “hemos buscado todas las formas posibles para decirle que el empresariado es su aliado, que estamos para apoyarle, para hacer las inversiones que generen el empleo que esperan y necesitan los mexicanos, todas las familias sin excepción, para correr junto con usted los riesgos que implique la construcción de un México justo y progresista”.
Sin embargo, cabe señalar, Cervantes Díaz comenzó a tomar distancia del gobierno de López Obrador a partir del manejo de la pandemia de Covid-19 y, particularmente, de las estrategias para reactivar la economía luego de la suspensión de actividades en el 2020.
Por el contrario, bajo la presidencia de Bosco de la Vega, el CNA ha tenido que enfrentar dos fuertes embestidas del gobierno de López Obrador. El primero fue la aplicación del nuevo etiquetado para alimentos.
En febrero del 2020, advirtió que “se va a satanizar a los alimentos, y los alimentos procesados por las industrias que compran en el campo van a tener muchas etiquetas, por lo que la gente va a comprar alimentos que no tienen etiquetas, como los que se venden en la calle, que no tienen controles de sanidad. Entonces es un ataque para la industria procesadora”.
Y, después, vino la prohibición para emplear el glifosato que se aplica en diversos cultivos para que las malezas no compitan por el agua y los nutrientes.
A pesar de las múltiples denuncias —e incluso documentales sobre los efectos de ese producto diseñado por Monsanto, hoy de Bayer, para la salud— de la Vega señaló que “no hay evidencia científica que compruebe que el glifosato es cancerígeno” y añadió que “si se prohíbe totalmente su importación bajará la productividad del campo mexicano, pues entre 30 y 50 por ciento de los cultivos estarán dominados por la hierba”.
En sñintesis, es el CNA quien acumula la mayor cantidad de agravios por parte de la 4T.
Sea quien sea el nuevo presidente del CCE, el organismo deberá enfrentar dos puntos fundamentales en la agenda con el gobierno de López Obrador.
Primero, la aprobación o rechazo de la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad que ya se discute en el Congreso de la Unión.
Segundo: un plan que promoverá el gobierno mexicano para atraer inversiones, aprovechando los problemas en las cadenas de suministro, —que representa una de las principales herencias de la pandemia de Covid-19— que sería presentado por el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, justo en el mes de marzo cuando se defina al nuevo líder del CCE.
Por Raúl Castro-Lebrija
