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Según el organismo, las reasignaciones hechas por el Congreso afectan al Consejo de la Judicatura y al INE —ambos cuestionados por López Obrador— y benefician a programas como Sembrando Vida.
Más que obedecer a una política social, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022 obedece a una estrategia político-electoral que tiene el objetivo de beneficiar la imagen del presidente López Obrador y de su partido frente a su base electoral, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su análisis económico semanal, el organismo recordó que, en el PEF, el Ejecutivo insiste en su principio de austeridad presupuestaria para fortalecer el equilibrio fiscal. “Al mismo tiempo continúa canalizando mayores recursos a sus programas asistenciales con intenciones electorales y sus proyectos de inversión insignia de dudosa rentabilidad social y económica”.
“Prevalece la narrativa de los discursos oficiales y del partido del gobierno que subraya que las políticas y acciones instrumentadas han sido vitales para enfrentar con éxito los efectos de la crisis sanitaria y son base de la sólida recuperación en la que se encuentra la economía del país”, explicó.
Según el CEESP, la reasignación de recursos se concentró en entidades “que han sido cuestionadas severamente” por el presidente, particularmente el Consejo de la Judicatura Federal —con casi 3,000 millones de pesos menos— y el Instituto Nacional Electoral —con 5,000 millones menos—.
“En contraste, la reasignación de recursos favorece a aquellos ramos administrativos que alojan a los programas prioritarios del presidente. Los ramos más beneficiados son los de Agricultura y Desarrollo Rural con un aumento respecto al proyecto de 2,700 millones de peso en su gasto (+5%), que se canaliza principalmente al reparto de fertilizantes. El ramo de Bienestar con 2,475 millones adicionales (+0.8%), favorece a los programas de Pensión del Bienestar de las Personas con Discapacidad y Sembrando Vida”, reconoció el CEESP.
“Es evidente que estas acciones responden, más que a una política social, a una estrategia política que ha beneficiado tanto a la imagen del Ejecutivo, como a la del partido de mayoría frente a su base electoral”, reconoció el organismo.
Por Raúl Castro-Lebrija
