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Sin embargo, aclararon ambos organismos mediante un comunicado oficial, las prácticas sancionadas por la autoridad fueron erradicadas en 2018 y 2019.
Por años se denunció al llamado “pacto de caballeros” —el “derecho” de los clubes a retener a un jugador aunque ya no tuviera un contrato vigente— como la práctica más dañina y perjudicial en la historia del futbol mexicano.
A muchos futbolistas los orilló al retiro. A otros, los más afortunados, los obligó a salir a ligas en otros países ya que en casa no tendrían oportunidad de pisar, nunca más, una cancha… al menos no en forma profesional.
Ahora, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a impuesto una multa por 177.6 millones de pesos a la Federación Mexicana de Futbol, a la Liga MX, a 17 clubes y a algunas personas físicas por prácticas monopólicas absolutas y generar un daño de 83 millones 375 mil pesos.
Y no solo fue por el pacto de caballeros sino también por establecer un tope salarial a la liga femenil.
Al respecto, la FMF y la Liga MX emitieron un comunicado conjunto donde informan que fueron notificadas de la sanción por parte de la Cofece de su resolución.
“La FMF y los Clubes reiteran su compromiso por acatar y por no impugnar la resolución emitida por Cofece haciéndose responsables de las sanciones ahí decretadas, así como de observar el régimen de competencia y robustecer sus procedimientos internos, a fin de evitar caer en una práctica que pudiera ser perjudicial a los mercados nacionales”, señala el comunicado.
Sin embargo, añade, “tal como se informó en su momento el denominado ‘Pacto de Caballeros’ concluyó en 2018, como resultado de las pláticas y negociaciones entre la FMF, la Liga MX y la AMF Pro (la Asociación de Futbolistas Profesionales). Mientras que el tope salarial concluyó en mayo de 2019”.
“Ambas prácticas —continuó— fueron erradicadas previo a la determinación emitida por la Cofece respecto a un posible incumplimiento con el marco normativo de competencia económica”.
Finalmente, el comunicado señala que la FMF y los clubes “refrendan su compromiso con la erradicación de estas y cualquier otra práctica que pudiera ser contraria al marco normativo, así como de fortalecer sus mecanismos de revisión para poder prevenir cualquier posible incumplimiento y colaborar con las autoridades”.
Algo que por años no se hizo y siempre se denunció.
Por Raúl Castro-Lebrija
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