Aumenta el riesgo de corrupción en 147 de 247 instituciones gubernamentales, alerta el IMCO

Pese al discurso oficial, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que, entre 2018 y 2020, el riesgo de corrupción en las compras públicas de 147 de 247 instituciones gubernamentales se incrementó debido a “la falta de competencia, la poca transparencia y al incumplimiento de la ley”.

El organismo explicó que la administración pública federal está compuesta por 260 instituciones que, año con año, firman 150,000 contratos por 300,000 millones de pesos.

Frente a esta situación, el IMCO generó el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) con la finalidad de identificar los riesgos de las compras públicas, basándose en la propio información oficial.

De acuerdo con el IRC 2020, la Secretaría de Marina asignó 1,900 millones de pesos por adjudicación directa (72% de sus compras) y 671 millones por invitación restringida (24 por ciento).

“La Administración Portuaria Integral de Salina Cruz es la institución más riesgosa en la clasificación del monto muy alto (más de 3,000 millones de pesos) por la falta de competencia. En 2020, gastó 4,000 millones de pesos, de los cuales 99% fue adjudicado directamente”, continuó.

El IMCO aseguró que algunas instituciones incumplen con la publicación de los documentos de cada compra. “24% de las compras del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no cuenta con un hipervínculo a Compranet. A su vez, 66% de las adjudicaciones directas realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional no tienen el documento del contrato publicado”.

El IRC también advirtió que no fue posible monitorear las compras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya que, desde 2015, no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Por el contrario, el informe del IMCO revela que, en el 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) gastó 99.7% del monto de sus compras por procesos de licitación pública. Además, 100% de las licitaciones cuenta con los documentos publicados.

Frente a este panorama, el IMCO propuso reformar la LAASSP para “reducir las justificaciones legales para evitar licitaciones públicas y asegurar la publicación de los procesos de compra en Compranet en el tiempo establecido en la Ley”.

Por Raúl Castro-Lebrija