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El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) considero que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha crecido la economía informal.
Según datos del INEGI, recordó el organismo, en el año 2019 la economía informal representó el 23% del total de la economía, “porcentaje que es el más alto en los últimos cinco años”.
Añadió que esta situación ha afectado la generación de empleo formal y prueba de ello es que, en mayo del presente año, la ocupación informal representó el 55.5% del total de la población ocupada en el país.
“Estas cifras reflejan la baja productividad de la informalidad ya que con poco más de la mitad de la población ocupada genera el 23% del PIB. Por su parte, la actividad formal genera el 77% del PIB con el 44.5% de la ocupación”, advirtió el CEESP..
Si bien el crecimiento de la economía informal responde a varias causas, “resalta la insuficiencia de estrategias favorables a la inversión productiva y con ello un mayor crecimiento económico, y que faciliten la generación de puestos de trabajo, formales y de calidad”.
Esta situación deja de manifiesto “la necesidad de un entorno que le permita a las empresas tener una expectativa clara de crecimiento económico favorable para el mediano y largo plazo, con una percepción positiva del ambiente de negocios”.
“Para ello es fundamental contar con un Estado de Derecho efectivo, es decir, un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa, y con total apego a los derechos humanos”, detalló.
Sin embargo, México ha tenido pocos avances en esta materia. De acuerdo con el ranking de el World Justice Project, en materia de estado de derecho el país se ubica en el lugar 104 dentro de un universo de 128. “Preocupa que en los primeros dos años de esta Administración ha perdido doce posiciones”.
Un factor que también impulsa la informalidad es un marco regulatorio excesivo. El World Competitiveness Ranking 2021, elaborado por el International Institute for Management Development (IMD) ubica a México en el lugar 55 de un universo de 64 países en materia de competitividad, dos lugares por debajo del año previo.
“En un entorno de recuperación tras la pandemia, que podría detenerse ante el rebrote de una tercera ola de contagios, es clara la necesidad de fortalecer el ritmo de crecimiento de la economía con el objetivo de poder ampliar la actividad formal”, sostuvo el CEESP.
Para ello, “los esfuerzos deben concentrarse en un estado de derecho efectivo que contemple factores que promuevan y faciliten rápidamente la inversión a través de medidas como una mejora del entorno regulatorio y el establecimiento de reglas del juego claras”.
Y concluyó: “La instrumentación de políticas que limitan la apertura de nuevas empresas y la expansión de las ya instaladas mediante elevados costos laborales y fiscales, debilitan el crecimiento económico y el bienestar social, ya que sin la apertura y expansión de unidades productivas no puede haber desarrollo”.
Por Raúl Castro-Lebrija