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por Enrique Hernández Alcázar

Julio César Cervantes desapareció en 2021. Su familia lo buscó como se busca en este país: tocando puertas, insistiendo, empujando a una autoridad que muchas veces responde tarde o no responde. Lo que no sabían –lo que nadie les dijo– es que el Estado ya tenía el cuerpo.

Y no solo eso. La autoridad perdió sus restos. Así como lo leen.

El cadáver fue localizado en 2024, trasladado al Instituto de Ciencias Forenses y, sin que se agotaran los procesos de identificación ni se notificara a la familia, terminó donado a una escuela de medicina.

Hay casos que no necesitan interpretación. Que se explican solos. Y el de Julio César es solo uno de ellos. Mientras Laura Cabañas –su madre– lo buscaba, el Estado administraba su error. Esa es la dimensión del caso.

La Fiscalía de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública. Reconoció omisiones, negligencia, violaciones a derechos básicos como el acceso a la verdad y a la justicia. Pero el problema no es la disculpa. Es lo que la hace necesaria.

Aquí no falló un simple trámite. Se cayó -y se calló- el sistema completo.

Falló la coordinación entre áreas.
Falló la investigación.
Falló la identificación forense.
Falló la comunicación con la familia.

Y cuando todo falla al mismo tiempo, ya no hablamos de un error, sino de una estrucutra inútil y negligente. La propia madre lo dijo con precisión brutal: su hijo desapareció dos veces: la primera, en la calle; la segunda, en manos del Estado.

El concepto de “desaparición administrativa” debería encender alarmas más allá del caso. Porque implica algo más grave que la ineficiencia: implica que una persona puede existir en los registros oficiales y, aun así, seguir perdida.

En México hay decenas de miles de desaparecidos. Pero este caso revela otra capa: la de los cuerpos que sí están bajo resguardo institucional y aun así no regresan a casa. No es solo una crisis de seguridad. Es una crisis de gestión, de protocolos, de responsabilidad. Y también de empatía con las víctimas.

Porque lo que ocurrió con Julio César no es solo la historia de un expediente mal llevado. Es la historia de una familia que tuvo que investigar por su cuenta, insistir durante años y, al final, enterarse por terceros dónde estaba su hijo. El Estado llegó tarde incluso cuando ya tenía todas las piezas.

La disculpa pública, en ese contexto, es un acto necesario pero insuficiente. Reconocer no es reparar. Y mucho menos transformar. La cuestión no es si hubo negligencia, eso ya quedó más que claro. La pregunta es qué cambia después de admitirla. Porque si nada cambia, la disculpa se convierte en trámite. Y en este país, el trámite suele ser el camino más corto hacia el olvido.

Este caso no es excepcional. Es incómodo porque es transparente. Muestra cómo una institución puede perder a una persona incluso después de encontrarla. Cómo puede procesar un cuerpo sin reconocer una historia. Cómo puede cumplir protocolos y, al mismo tiempo, fallar en lo esencial.

La justicia no empieza con una disculpa.
Empieza cuando ese tipo de errores deja de ser posible.
Y hoy, en México, todavía sigue pasando.

Nota: Los espacios de opinión son responsabilidad del articulista

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