Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 32 segundos
Entre 2012 y 2013, los cárteles del narcotráfico habrían blanqueado 754 mil millones de pesos provenientes sólo de la venta de drogas en Estados Unidos. Estas ganancias “son la principal fuente de fondos lavados a través del sistema financiero mexicano”, señala el International narcotics control strategy report 2014, del Departamento de Estado. Los delitos de los bancos, sin embargo, permanecen en la impunidad y ningún directivo del sector ha ido a prisión.
El HSBC, el Banco del Ahorro Famsa, el Deutsche Bank México, The Bank of New York Mellon, el ING Bank y el Barklays Bank México son las seis instituciones financieras sancionadas por incumplir las normas antilavado en México.
Entre enero de 2012 y diciembre de 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) les aplicó correctivos por 81 millones 156 mil 833 pesos en total, al encontrar que fueron responsables de violar lo establecido por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La cifra total contrasta con las estimaciones del dinero que se habría lavado principalmente en el sector financiero en esos 2 años, unos 754 mil millones de pesos según el International narcotics control strategy report 2014, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y hecho público en marzo pasado.
De acuerdo con ese informe, los cárteles de la droga mexicanos legalizaron unos 29 mil millones de dólares por año, provenientes sólo de la venta ilegal de narcóticos en el país vecino. Esto es unos 377 mil millones de pesos anuales (a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar).
En el mismo periodo, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó un total de 119 denuncias por blanqueo de capitales presentadas ante la Procuraduría General de la República, en las cuales estarían involucradas instituciones financieras; aunque no revela los nombres de éstas.
El director general de García Gibson Consultores –despacho especializado en asesoría en cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo– y doctor en derecho, Ramón García Gibson, opina que el combate al crimen organizado debe realizarse mediante estrategias sólidas y efectivas de inteligencia que resulten en la detección de actos y operaciones que realizan los miembros de las células delictivas que permitan combatir sus finanzas. Esto, indica, únicamente se puede generar en la medida en que se conoce la forma de operar de las organizaciones criminales y la aplicación de sus recursos económicos.
Las sanciones
En el caso de los seis bancos sancionados por la CNBV, se trató de 61 correctivos contra el HSBC, de origen inglés; uno contra el Banco del Ahorro Famsa, SA, propiedad de Humberto Garza González; otro contra el Deutsche Bank México, SA de CV, de origen alemán; uno más contra The Bank of New York Mellon, SA, de origen belga; dos sanciones para el ING Bank, de origen holandés; y una para el Barklays Bank México, de origen inglés.
De los 81 millones 156 mil 833 pesos sancionados, el HSBC concentró el 99 por ciento: 80 millones 407 mil 527. El otro 1 por ciento, 749 mil 306 pesos, fue aplicado contra las otras cinco instituciones financieras, revelan las bases de datos de la CNBV.
La penalización para el Banco del Ahorro Famsa ascendió a 263 mil 2 pesos; la del Deutsche Bank México, a 252 mil 432; la del The Bank of New York Mellon, a 164 mil 400 pesos; las dos del ING Bank sumaron 53 mil 695 pesos; y la del Barklays Bank México fue por 15 mil 777 pesos.
El caso de HSBC
En las bases de datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se enuncia el tipo de comportamiento en el que incurrieron los bancos sancionados.
En el caso del HSBC, se detallan irregularidades como “no integrar debidamente sus expedientes de identificación de clientes”, motivo por el cual debió pagar 13 millones 378 mil 896 pesos, la sanción más alta de las 61 que se le aplicaron.
“Por omitir conservar los registros de operaciones celebradas, así como los datos o documentos que integran los expedientes de identificación de clientes durante el período de 10 años, respecto de diversos requerimientos de información y documentación efectuados a la Institución de Crédito, por diversas autoridades a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, fue sancionado con 12 millones 346 mil 740 pesos. Se trató de la segunda sanción en importancia por monto.
La tercera ascendió a 6 millones 310 mil 800 pesos y fue “por omitir conservar los datos y la documentación de diversos expedientes de identificación del cliente”.
Las sanciones contra el HSBC, sin embargo, fueron producto de los descubrimientos hechos por las autoridades de Estados Unidos sobre los “servicios de lavado de dinero” que la institución inglesa prestó al Cártel de Sinaloa.
En diciembre de 2010, el HSBC Bank USA se declaró culpable en el país vecino de realizar operaciones con recursos ilícitos por unos 100 millones de dólares para la organización criminal más poderosa de México, entre 2006 a 2010.
No obstante, la DEA (Administración Federal Antidrogas estadunidense) documentó que el banco omitió monitorear más de 9 mil 400 millones de dólares en compras de esa divisa de su filial HSBC México, cuyos “laxos controles la habían hecho la institución favorita de los cárteles”.
De acuerdo con datos reportados en su momento por CNN Expansión, “como resultado de los fracasos del programa antilavado de dinero del HSBC Bank USA, al menos 881 millones de dólares en ganancias de las drogas del cártel de Sinaloa de México y del Norte de Valle de Colombia fueron lavados a través de HSBC Bank USA”.
Por este motivo, el banco inglés pagó una multa de 1 mil 900 millones de dólares. En México, la filial declaró haber pagado 379 millones de pesos en sanciones. No obstante lo informado a la Bolsa Mexicana de Valores a fines de julio de 2012, las bases de datos de la CNBV sólo reportan 80 millones 407 mil 527 pesos por incumplimientos a las normas antilavado.
Consultado por Fortuna, el investigador García Gibson estima que las actuales políticas del gobierno federal han sido acertadas en la prevención y combate del lavado de dinero, y en la medida en que la información generada y proporcionada –ya sea por parte de fuentes de inteligencia como por los reportes y avisos enviados por los sujetos obligados del sector financiero, así como de actividades diferentes al mismo– sea analizada e interpretada de forma adecuada por la autoridad, se van a observar grandes resultados en la aplicación de la nueva ley federal antilavado y otras disposiciones relacionadas con el tema como son las de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda.
Agrega que en los últimos años el combate al lavado de dinero en México se ha fortalecido con la promulgación y puesta en marcha de medias preventivas adecuadas así como reformas al Código Penal Federal previendo nuevos supuestos al tipo penal así como imponiendo penas más severas por la comisión de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Actualmente contamos con una regulación más completa y estricta que la que se tenía pocos años atrás. Se cuenta con ordenamientos legales que establecen obligaciones y políticas de identificación y prevención de lavado de dinero no sólo aplicables al sector financiero mexicano, sino también a través de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se establecen obligaciones, entre otras, de identificación, avisos a la autoridad y restricciones para el uso de efectivo a las principales actividades económicas consideradas por dicha ley como vulnerables”.
México, centro de lavado de dinero
En el International narcotics control strategy report 2014, el Departamento de Estado califica a México “como un importante país de origen y tránsito de drogas ilícitas destinadas a Estados Unidos, y un centro de lavado de dinero”.
En su “Volume II: money laundering and financial crimes”, el reporte indica que los recursos derivados del tráfico ilícito de drogas en el país vecino “son la principal fuente de fondos lavados a través del sistema financiero mexicano”.
Agrega que el narcotráfico no es el único delito que deriva en operaciones con recursos de procedencia ilícita: “otras fuentes importantes de ingresos ilegales lavados son la corrupción, el secuestro, la extorsión, la piratería, la trata de personas y el tráfico de armas de fuego”. Sin embargo, de estos otros no se tiene un estimado económico.
El Departamento de Estado refiere que los criminales también “legalizan” el dinero sucio como si formara parte del flujo de remesas legítimas enviadas por los migrantes a sus familias. Los delincuentes también aprovechas el alto volumen de comercio legal para ocultar sus transferencias ilícitas a México.
El contrabando de embarques de dinero a granel y la repatriación a través de “mensajeros” o vehículos blindados también es un método empleado para blanquear los ingresos de la droga.
El reporte reconoce que “desde 2002, México ha incautado poco más de 500 millones de dólares en envíos de divisas a granel”.
En su Primer informe de gobierno, Enrique Peña Nieto dio a conocer los resultados de su administración en materia de combate al lavado de dinero. En éste se detalla que “se aseguraron 2 millones 89 mil 932 pesos en efectivo; 210 millones 263 mil 327 pesos en cuenta bancaria; 3 millones 65 mil 74 dólares americanos en efectivo y 594 mil 77 dólares en cuenta bancaria; dos [sic] libras esterlinas y 68 mil pesos colombianos”.
También se agrega que por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se iniciaron 399 averiguaciones previas, entre enero de 2012 y junio de 2013. En ese mismo periodo se despacharon 316 averiguaciones, se consignaron 121, se declararon 114 incompetencias; en otras ocho se dictaminó el no ejercicio de la acción penal, y se libraron 52 órdenes de aprehensión por ese mismo ilícito.
A la fecha, sin embargo, ningún directivo de las instituciones bancarias ha sido llamado a cuentas y, menos aún, ha sido encarcelado por cooperar con el crimen organizado.
