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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó a 13 casinos tras detectar operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, presuntamente vinculadas con lavado de dinero y grupos de la delincuencia organizada.
En coordinación con el Gabinete de Seguridad, la dependencia identificó establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, donde se detectaron conductas consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero.
Por su alto riesgo financiero, los casinos fueron incluidos en la lista de personas morales bloqueadas, con el objetivo de proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean utilizados para dispersar recursos ilícitos.
La investigación reveló que algunos casinos operaron con movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además de recurrir a plataformas digitales que facilitaban la ocultación y reinserción de capitales en el sistema financiero mexicano e internacional.
También se detectó que estas plataformas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con los montos recibidos, como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados, quienes transferían los fondos a los verdaderos beneficiarios a cambio de un porcentaje, legitimando los ingresos como si provinieran de los juegos.
Derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
La SHCP destacó que estas acciones forman parte de la cooperación internacional con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Con estas medidas, el Gobierno de México busca fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables y consolidar la colaboración entre autoridades de seguridad y procuración de justicia, protegiendo a los usuarios y evitando que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizados por grupos delictivos.
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