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Inmersos en este periodo electoral, cuando las campañas políticas nos ofrecen información invaluable sobre los planes de quienes aspiran a administrar el dinero público, vale la pena reflexionar sobre los modelos de vinculación con el poder económico que proponen los partidos políticos. Al parecer, algunos candidatos y candidatas buscarán revivir esquemas como las Asociaciones Público Privadas.
Más allá de simpatías o fobias, el elector, la electora debería mirar el pasado y el presente de la relación entre el poder político y el poder económico. Durante los próximos 90 días escucharemos muchas promesas. Y la pregunta obligada es cómo van a cumplirlas. Es momento de recordar que el Presupuesto de Egresos es finito y que, para cumplir obras en el sector del agua, el transporte, seguridad, salud, será necesario establecer claramente quién lo pagará. Es cierto que la austeridad mata, pero la colusión aniquila el futuro de un país. Quizás ahora tenemos un modelo de conducción estatal que debe mejorar y cuidar los recursos, pero volver a la colusión con el poder económico puede ser muy peligroso.
No decimos una falsedad cuando afirmamos que los servicios públicos son, desde hace muchas décadas, uno de los bocados más apetitosos para el poder económico. Obtener concesiones, por ejemplo, ha sido la semilla de grandes fortunas: Grupo Carso, Grupo México, por sólo mencionar a los más grandes, a los billionarios con los que cuenta la economía. Antes, las concesiones para operar construir y operar carreteras transformaron a constructoras como Tribasa, ICA, Bufete Industrial y Grupo Mexicano de Desarrollo, en poderosas empresas cuyo éxito consistió en mantener el flujo de efectivo garantizado a partir del cobro de cuotas. El problema se presentó cuando sus deudas desbocaron su estructura financiera. Fue así como tuvimos un rescate carretero.
Oxfam recuperó los números de la revista estadounidense Forbes para demostrar que la concentración del ingreso en México sigue y que aquella buena noticia de que 5 millones de mexicanos abandonaron la pobreza no debería alegrarnos como si fuera una batalla ganada.
Los tipos de negocios transexenales
Pero más allá de las concesiones, los llamados esquemas de Asociaciones Público Privadas que, desde la década de los noventas dominaron los argumentos de las clases políticas y económicas, deben mantenernos alerta. Junto con los llamados Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público, los Pidiregas, las APPs y los Contratos Plurianuales de Prestación de Servicios (CPS), tienen el riesgo de capturar el gasto público y transformarse en deudas perpetuas.
Una concesión, un APP, un Pidirega o un CPS sólo se justifican cuando el actor privado proporciona al Estado un beneficio mayor, una estricta rendición de cuentas, y – por supuesto – la posibilidad de liberar recursos para dotar de servicios esenciales a la población: salud, infraestructura y seguridad. Por ello, resulta un contrasentido que se otorguen este tipo de contratos no sólo para construir infraestructura sino también para operar hospitales.
En particular, los contratos para servicios como las centrales de mezclas de medicamentos oncológicos generaron una perniciosa y cara dependencia. Y eso no hubiera tenido nada de malo si, al final de la historia, el servicio hubiera sido impecable y beneficioso para los pacientes y contribuyentes. El problema es que ni siquiera hemos contado con ello. Tenemos, entonces, infraestructura que se cae, centrales de mezclas en donde se cuelan las bacterias y afectan a bebés o cárceles en donde la reinserción es un tema olvidado. Cabe destacar que, en el caso de grandes obras de infraestructura como los gasoductos, la participación del sector privado, al menos durante los últimos años, resultó más que oportuna y benéfica porque hoy México tiene acceso desde Estados Unidos al gas más barato del mundo. A cambio, sin embargo, tenemos capturado el presupuesto. Lo mismo se ha vivido con la infraestructura eléctrica: con Iberdrola se tenían comprometidos contratos que, además, impedían la autonomía de gestión para la Comisión Federal de Electricidad.
Este lunes 4 de marzo el presidente López Obrador anunció que tras la nacionalización de las 13 plantas y de recuperar más del 50% del mercado de electricidad, la CFE estaría en condiciones de no aumentar los precios y de mantener los subsidios. Además, informó que la española deberá pagar impuestos por al menos 600 millones de dólares.
Ahora, escuchamos a políticos como Santiago Taboada, candidato por la alianza de los partidos de oposición, afirmar sin rubor alguno que los contratos con fórmulas de participación privada y pública sobre la opción para solucionar problemas como el acceso al agua; también lo escuchamos mencionar que la deuda se debe dirigir a obtener recursos para garantizar el mantenimiento y modernización del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). Este fin de semana también escuchamos a la candidata Xóchitl Gálvez proponer una gran cárcel cuando no terminamos de digerir los 8 contratos plurianuales que se firmaron durante el gobierno de Felipe Calderón.
En esa administración, a través de contratos plurianulaes y APPs se comprometió el presupuesto del país sin importar qué partido llegara al Poder Ejecutivo.
Por eso decimos que este tipo de contratos sin los estudios de factibilidad y sin la supervisión adecuada son verdaderos caballos de Troya para la democracia. ¿Por qué? Simplemente, aunque tienen garantizada su vigencia entre sexenio y sexenio resulta que su proliferación representa un gran conflicto de interés para la burocracia que los propone y los gestiona. ¿Cómo los van a vigilar adecuadamente? ¿Cómo el gobierno en turno – si proviene de otra organización política – pedirá cuenta o revocará contratos sin que se le demanda por miles de millones de pesos que se necesitan para los servicios públicos?
Veamos, por ejemplo, el caso del titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, que promovió la privatización de los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS). Ahora, a pesar de que se negociaron estos contratos, tenemos una década o más de pagos a las empresas constructoras que los controlan. En medio, además, tenemos problemas para la reinserción de las personas privadas de su libertad.
Las APP, los Pidiregas, comprometen los recursos del Presupuesto de Egresos, aseguró el pasado 26 de octubre, el titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O. Durante una conferencia en la UNAM, Ramírez de la O aseguró que estas figuras someten a un control inadecuado los recursos públicos y que el gobierno debe contratar empresas para realizar obras, no otorgarles derechos que pueden trascender varios sexenios.
En efecto, las constructoras beneficiadas por estos contratos que se adjudicaron de manera directa lograron con el gobierno de Calderón contratos transexenales por más de dos décadas para la construcción, operación, conservación, mantenimiento de la infraestructura carcelaria, alimentación, lavandería, laboratorio médico y servicios de tecnología. “Un gran hotel de lujo”, así describió López Obrador los servicios que ofrecen las empresas que participaron en esta incursión de actores privados en el sistema carcelario. El problema ha sido que en estos ocho Ceferesos se adolece de programas de reinserción.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en el Programa Sectorial de Seguridad y Proteccio?n Ciudadana (PSSPC) 2020-2024 se reconocio? que en los CEFERESOS “existe la carencia de reinserción social, debido a que se presentan deficiencias en la atención a la salud, falta de personal me?dico, la atencio?n en las adicciones de las PPL, adema?s de la falta de profesionalizacio?n del personal penitenciario y deficiencias en la comunicacio?n y vinculacio?n de la PPL con sus familiares”.
Aún más, les doy otro dato que bien podría alimentar esas teorías que dicen que el poder económico no sólo responde a tendencias nacionales sino globales. Les cuento que en esta investigación que publicamos en la revista Proceso uno de los funcionarios que gestionó estos contratos terminó trabajando para la consultoría que los asesoró para decidir entre contratos multianuales o Asociaciones Público Privadas.
Les cuento el detalle:
La consultora británica McBains Cooper fue la encargada, a través de Michael Thirkette, de asesorar a Genaro García Luna y a Sergio Montaño Fernández en el proyecto de viabilidad económica en el que afirmaron que en 2010 el país se enfrentaba a un peligroso déficit de espacios en los centros penitenciarios. Aunque no se informó abiertamente del involucramiento de McBains Copper en este proyecto, en una entrevista con un medio británico que se puede consultar en redes sociales, Thirkette confirmó su involucramiento con la dependencia que encabezaba García Luna. Después, en 2014, en un boletín de McBains Copper informó que había contratado como director general para México a Sergio Montaño Fernández. Una puerta giratoria después de que McBains asesoró el negocio de ocho CEFERESOS. Montaño recibió un mensaje de este medio para solicitarle una entrevista, pero decidió no responder. Montaño Fernández fue uno de los 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública a quienes un juez protegió al asegurar que los delitos en perjuicio del Erario habían prescrito.
El proyecto inicial diseñado por McBains Cooper incluía 12 nuevos centros y no sólo 8. Además, se buscó que la figura para concretar este negocio fuera una Asociación Pública Privada, en donde la firma británica aseguraba tener una gran experiencia.
Al final, se optó por un CPS y no por una Asociación Pública Privada para lograr ingresos incrementales sumando más servicios. La Secretaría de Seguridad Pública también argumentó que el gobierno de Estados Unidos, a través del Plan Mérida estaría atenta a la transición del sistema penitenciario del país apuntalada por estos contratos privados.
Después de una intensa batalla mediática y del fracaso de la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar responsabilidades por el abuso de servidores públicos en la gestión de estos contratos, lo que sí logró el gobierno lopezobradorista fue un “descuento” del 15% sobre el total de los pagos y la supuesta entrega de los inmuebles al terminar los derechos adquiridos por más de 20 años. Hasta ahora no se ha informado si habrá, además de los pagos mensuales, una erogación adicional para recuperar los edificios que albergan a ocho Ceferesos.
Te compartimos el programa en Youtube sobre este tema en el canal de Julio Hernández “Astillero”
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