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La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la relación con agencias del gobierno de Estados Unidos corresponde exclusivamente al ámbito federal, en medio de la investigación por la presencia de agentes extranjeros fallecidos en Chihuahua, y reveló que hasta ahora no ha tenido comunicación con la gobernadora del estado por este caso.

El episodio se originó tras la muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua, un hecho que inicialmente fue reportado como un incidente de seguridad, pero que escaló en relevancia luego de que surgieran versiones sobre su posible vínculo con la CIA.

De acuerdo con información del estado, los agentes se encontraban presuntamente en territorio estatal participando en actividades de entrenamiento en el uso de drones, lo que encendió alertas sobre la legalidad de su presencia y el tipo de coordinación que mantenían con autoridades locales.

En este contexto, el diario estadounidense The Washington Post publicó que los agentes fallecidos presuntamente estarían vinculados a la CIA, lo que elevó el caso al plano internacional. No obstante, esta versión no ha sido confirmada por el gobierno mexicano, que mantiene abierta la investigación para determinar con certeza la identidad de los agentes y las condiciones en las que operaban en el país.

La situación tomó un giro adicional luego de que autoridades estatales modificaran su versión inicial de los hechos, lo que llevó a una revisión más amplia sobre qué hacían los agentes en el país, bajo qué condiciones operaban y si su presencia estaba debidamente autorizada conforme al marco legal vigente.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que, si bien la información aún está en proceso de confirmación, existe indicio de algún tipo de trabajo conjunto. No obstante, insistió en que será la investigación la que determine con precisión la naturaleza de esas actividades.

“Hasta ahora la información que tenemos es que sí estaban trabajando conjuntamente, pero tiene que hacerse toda la investigación para saber exactamente qué estaban haciendo y de qué agencia eran”, afirmó.

En ese contexto, Sheinbaum puso énfasis en los límites que establece la legislación mexicana en materia de cooperación internacional en seguridad. Explicó que tanto la Constitución como la Ley de Seguridad Nacional regulan de manera estricta la presencia de agentes extranjeros, así como los mecanismos de coordinación con gobiernos y agencias de otros países.

Detalló que cualquier relación con instancias del gobierno estadounidense debe canalizarse necesariamente a través del gobierno federal, por lo que este principio será central en la revisión del caso.

“Un estado no puede tener relación directa con agencias extranjeras; tiene que pasar por la federación”, enfatizó.

Además, recordó que la normativa vigente prohíbe las operaciones conjuntas en territorio nacional, limitando la colaboración a esquemas de intercambio de información e inteligencia que permitan a cada país actuar dentro de su propio ámbito territorial.

“Hay mucha coordinación, mucha colaboración, pero no hay operaciones conjuntas en tierra”, puntualizó.

La presidenta indicó que la investigación, a cargo de las autoridades correspondientes, no solo buscará esclarecer las circunstancias del fallecimiento de los agentes, sino también determinar si se respetaron los cauces institucionales y legales en la interacción con autoridades extranjeras.

En caso de detectarse irregularidades, advirtió, se deberán revisar las sanciones aplicables. Incluso, no descartó que el caso tenga implicaciones en el ámbito diplomático, como la solicitud de explicaciones formales a la representación de Estados Unidos en México o la emisión de un posicionamiento oficial.

Sobre el contacto con autoridades locales, Sheinbaum reveló que la gobernadora de Chihuahua no se ha comunicado con ella hasta el momento, pese a la relevancia del caso y sus posibles implicaciones en materia de seguridad y política exterior.

En cuanto a la relación bilateral, explicó que sostuvo un primer intercambio con el embajador estadounidense centrado únicamente en expresar condolencias por el fallecimiento de los agentes, y adelantó que será posteriormente cuando el gabinete de seguridad establezca comunicación para abordar de fondo lo ocurrido.

Asimismo, señaló que el caso también podría involucrar la revisión por parte del Senado de la República, dado su papel en la supervisión de la política exterior y en la relación con gobiernos extranjeros.

El episodio, añadió, coloca bajo escrutinio los mecanismos de cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, particularmente en su aplicación a nivel local, y abre la puerta a una revisión más amplia sobre cómo se implementan en la práctica los lineamientos establecidos en la ley.

La investigación continúa en curso y, de acuerdo con el gobierno federal, será clave para determinar responsabilidades y garantizar que la colaboración internacional se mantenga dentro de los márgenes que establece la legislación mexicana.

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