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Indiciado por cargos de corrupción, el legislador demócrata Henry Cuellar habría cabildeado a favor del Banco Azteca y Grupo Elektra entre diciembre de 2014 y 2021 para apoyar sus operaciones transfronterizas en medio del endurecimiento de las regulaciones financieras que prohíben en EU establecer relaciones comerciales con entidades que exhiben riesgos potenciales en materia de prevención de blanqueo de capitales.
Las normas conocidas como De-risking son identificadas en el documento de cargos del Departamento de Justicia de Estados Unidos con el que se busca demostrar que el legislador Enrique Roberto “Henry” Cuellar es culpable de cargos como conspiración, sobornos, fraude, conspiración para el blanqueo de capital y ayudar e instigar en perjuicio del Estado de la Unión Americana.
La esposa del congresista, Imelda Ríos Cuellar, también fue indiciada en la misma acusación de la Corte de Distrito del Sur de Texas, en la División de Houston.
Bajo la causa criminal 4:24-cr-00224 y con fecha del 30 de abril, el gobierno de Estados Unidos, representado por el Departamento de Justicia, aseguró que desde 2005, Henry Cuellar, ha sido representante del Distrito 28 pero que entre 2014 y 2021 recibió sobornos, junto con su esposa, por al menos 598,000 dólares, por parte de una empresa petrolera, controlada por el gobierno de Azerbaiyán, así como por un banco extranjera cuyas oficinas centrales están en la Ciudad de México.
El contrato con Banco Azteca y el monto de los sobornos fueron de 236,390 dólares. El Departamento de Justicia tuvo acceso a los correos que envió una empresa de Cuellar para formalizar los servicios que indebidamente ofreció. En diciembre de 2014, Cuellar y su esposa Imelda, viajaron a México para formalizar el acuerdo.
El Departamento de Justicia encontró evidencias de que ejecutivos de Banco Azteca conocieron con antelación a su dictamen o votación, proyectos de leyes en Estados Unidos que podrían afectarles.
“El 14 de agosto de 2019, Henry Cuellar envió dos correos electrónicos al Ejecutivo-2 que contenían el texto de la S.1883, la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero, la Financiación del Terrorismo y la Falsificación de 2019, junto con un resumen de una página del proyecto de ley y una sección: explicación por secciones. El proyecto de ley realizó varias revisiones para fortalecer los estatutos penales y las autoridades de aplicación relacionadas con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la falsificación”, denunció el Departamento de Justicia.
Después, “el 29 de octubre de 2018, el Ejecutivo-2, el ejecutivo de asuntos legislativos del Conglomerado Mexicano-1 (Elektra), envió un mensaje de texto a Henry Cuellar solicitando una reunión para discutir “un tema delicado [del Conglomerado Mexicano-1 respecto de la agenda bilateral sobre transferencias electrónicas y seguridad nacional”. Henry Cuellar acordó reunirse con el Ejecutivo-2 para cenar el 13 de noviembre de 2018. El 23 de noviembre de 2018, el Ejecutivo-2 le envió un mensaje de texto a Henry Cuellar acusando a uno de los competidores de ForeignBank-1 de participar en “lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, secuestro operaciones de extorsión y financiación del terrorismo”, de acuerdo con la denuncia.
Y agrega: “Desde diciembre de 2018 hasta junio de 2019, Henry Cuellar y el Ejecutivo intercambiaron múltiples mensajes de texto y tuvieron al menos una reunión en persona para discutir el “delicado tema [Conglomerado Mexicano-1]”. El 14 de agosto de 2019, Henrry Cuellar y el Ejecutivo del conglomerado mexicano intercambiaron los siguientes mensajes de texto: Cuellar, por favor envíame tu correo electrónico. El proyecto de ley del Senado ha sido aprobado y lo llevaré a la cámara. Lo siento, el Senado [sic] lo aprobará pronto”.
En 2017, Western Union, uno de los competidores más fuertes de Elektra en el mercado de remesas, aceptó que había incurrido en violaciones de la ley para prevenir el blanqueo de capitales.
En 2012, HSBC también admitió que había fallado en sus controles contra el lavado de dinero.
¿Cuánto? ¿Cómo?
Los sobornos para estas gestiones, según el Departamento de Justicia, se habrían entregado y lavado a través de una empresa propiedad de Imelda Cuellar, quien firmó contratos sin haber realizado trabajos legítimos.
Para lograr estos acuerdos corruptos, Cuellar habría prometido usar el poder y prestigio de su oficina legislativa para favorecer los intereses de la empresa petrolera de Azerbaiyán y del banco extranjero.
En el caso de la empresa petrolera de Azerbaiyán, Cuellar prometió su influencia para que la política exterior de Estados Unidos apoyara a este gobierno en medio de sus conflictos con su vecino Armenia. Esto lo lograría introduciendo lenguaje favorable para Azerbaiyán.
Respecto al banco con sede en la Ciudad de México – presumiblemente Banco Azteca ante los temas que se cabildearon – luego de acordar el pago de sobornos, Henry Cuellar habría prometido influir en las regulaciones federales del sector bancario con el propósito de beneficiar a la institución extranjera y a sus filiales.
En específico, Cuellar se comprometió a presionar a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, del Poder Ejecutivo, respecto a la aplicación de medidas contra el lavado de dinero que amenazaban los intereses del banco extranjero, tales como el De-risking.
Otro de los temas que cabildeo Cuellar para favorecer al banco mexicano es el de los llamados payday loan, o pequeños préstamos. En abril de 2012, Ricardo Salinas Pliego adquirió, a través de Elektra, la firma Advance America, el prestamista de créditos de corto plazo y alto costo más importante de Estados Unidos. La operación se anunció en 780 millones de dólares. La revisión de medidas anti lavado de dinero que afectaran al conglomerado mexicano (Elektra), del cual el banco es parte, también formaron parte del acuerdo con Cuellar.
Los distritos electorales que representa Cuellar abarcan los suburbios de San Antonio en la frontera entre México y Estados Unidos, así como la ciudad de Laredo-Texas.
Desde 2013, Henry Cuellar ha ocupado un puesto en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, por lo cual ha sido co-responsable en asignar fondos para la mayoría de las funciones del gobierno de Estados Unidos. “Henry Cuellar ejerce influencia sobre una amplia variedad de cuestiones presupuestarias y de política federal”, establece el documento para indiciar a Cuellar presentado ante la corte texana.
La esposa de Cuellar es una ex funcionaria – ya jubilada – de la Oficina de Cumplimiento de Impuestos en la Oficina del Estados de Texas. En total fueron tres las empresas en las que estaban relacionados Cuellar y su esposa y que fueron utilizadas para los sobornos.
La Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) establece la obligación de que cualquier empresa, despacho o consultoría que represente intereses extranjeros deba registrarla y hacer pública su actividad, con el propósito de prevenir cualquier influencia que opera en contra de los intereses del gobierno y los contribuyentes estadounidenses.
El Código de Ética del Congreso estadounidense establece que, ni los funcionarios públicos ni los miembros del Congreso pueden actuar como agentes de una entidad extranjera. De la misma forma, las empresas que sí lo hagan tendrán que registrarse en el FARA, por sus siglas en inglés.
Los problemas de Banco Azteca
Los alegatos del Departamento de Justicia contra Cuellar refieran que “el Banco Extranjero” (Banco Azteca) como muchos bancos, dependía de relaciones bancarias corresponsales para facilitar las transacciones transfronterizas.
La banca corresponsal se refiere a las relaciones bilaterales entre bancos mediante las cuales un banco, el banco corresponsal, mantiene cuentas y proporciona pagos y otros servicios al otro banco, generalmente ubicado en otro país.
Sin embargo, al menos a partir de 2012, los reguladores estadounidenses aumentaron la aplicación de la Ley de Secreto Bancario y otras leyes y regulaciones contra el lavado de dinero. Este aumento de la supervisión regulatoria llevó a algunas instituciones financieras estadounidenses a limitar o retirarse de las relaciones de banca corresponsal con instituciones financieras en países percibidos como un alto riesgo de actividad de lavado de dinero, incluido México.
A este fenómeno se le denominó “eliminación de riesgos”, De-risking, por su denominación en inglés. “La reducción de riesgos era una gran preocupación para el Foreign Bank-1, ya que impedía la capacidad del banco para acceder al sistema financiero estadounidense. En particular, Foreign Bank-1 necesitaba relaciones de banca corresponsal con bancos estadounidenses para ayudarlo a repatriar recursos”.
Sin mencionar nombres, el Departamento de Justicia indicó que uno de los ejecutivos con los que Cuellar tuvo relación fue vicepresidente del banco extranjero entre 2014 y 2024 y que a partir de 2019 también ocupó el cargo de un grupo comercial. El otro ejecutivo con el que Cuellar estableció relación fue ejecutivo en asuntos legales del conglomerado comercial.
También se menciona a un funcionario mexicano socio de Cuellar que trabajó en la Cámara de Diputados representando al estado de Nuevo León.
El factor Shapiro
En agosto de 2020, uno de los bancos corresponsables de Banco Azteca en Estados Unidos, el CBW Bank de Kansas, recibió una orden de las autoridades bancarias de ese país, del Departamento del Tesoro y The Federal Deposit Insurance Corp, de suspender actividades ante las evidencias de que había violado disposiciones contra el lavado de dinero. El principal perjudicado en sus servicios de corresponsalía fue el Banco Azteca que no pudo seguir enviando dólares en efectivo, hecho que coincidió con el cabildeo en el Senado de la República para cambiar la Ley del Banco de México. (Proceso 2310).
En Estados Unidos, el Bank of America concentra, de acuerdo con un análisis realizado por la firma Sonecon del ex asesor de Bill Clinton, Robert J. Shapiro, más del 85% de las transferencias de dólares entre México y Estados Unidos.
En un foro en el Senado de la República, encabezado por Gustavo Armenta, Shapiro presentó el estudio Los efectos adversos de la regulación antilavado de dinero y corresponsales bancarios sobre la relación bilateral de México y Estados Unidos. Shapiro aseguró que la Asociación de Negocios de Texas pagó el análisis en el que se asegura que el impacto de la regulación aplicada desde 2001, a través de la Ley Patriota para evitar el ingreso de dinero sucio en los circuitos financieros, ha afectado a las economías de México y Estados Unidos.
Ni la Secretaría de Hacienda ni la Asociación de Bancos de México participaron en el foro Remesas y Corresponsales Bancarios realizado en el Senado de la República el 28 de septiembre
IQ Financiero | Banco del Bienestar y el de-risking inverso.
Degrada Fitch calificaciones Banco Azteca ante débiles prácticas de Gobernanza
