Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 51 segundos
En el reporte Empresas bajo fuego, la firma México Evalúa analizó los principales indicadores de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) por un lapso de 10 años. El cobro de piso, en particular, alcanza a una amplia variedad de establecimientos comerciales, de distintos tamaños y sectores, desde grandes empresas de telecomunicaciones, hasta tortillerías y comercios ambulantes y taquerías.
En México, el comercio es el sector que padece la mayor tasa de prevalencia delictiva, lo que alcanzó la cifra de 2,780 unidades económicas afectadas por cada 10 mil a lo largo de 2021, por arriba del promedio nacional, según el reporte Empresas bajo fuego, hecho de manera conjunta entre México Evalúa y el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE).
Le siguió el sector de los servicios, y, en tercer lugar, la industria, que es la única que en esta materia colocó por debajo del promedio nacional.
Los últimos datos disponibles de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), relativos al 2021, muestran que el 37% de las unidades económicas cuentan con alguna medida de protección contra la delincuencia, lo que se tradujo en una caída respecto al 46% del levantamiento del 2019.
Sin embargo, los gastos realizados por las empresas para su seguridad implicaron recursos por 69,901 millones de pesos (mdp), mientras que las pérdidas empresariales provocadas por las actividades delictivas ascendieron a 50,341 mdp.
México es un país diverso, como también lo es la actividad económica y el mercado criminal, expone la investigación. Según los últimos datos de la ENVE, las tasas de prevalencia más altas, arriba de 3,000 por cada diez unidades económicas, fueron identificadas en la zona del Bajío, lo que comprende los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato.
Este grupo no es el único; la lista también incluyó los casos de Durango, Sonora, Colima, y la capital del país, además de Querétaro y Tlaxcala. Los datos de contraste los arroja Yucatán, con la tasa de prevalencia delictiva más baja del país.
Empresas bajo fuego buscó analizar los factores que rodean al fenómeno de victimización del sector privado en México, junto con sus características y afectaciones económicas, indica la firma especializada en el monitoreo de la operación gubernamental.
Como la humedad
Los delitos con mayor prevalencia en los estados de la República son la extorsión, el robo hormiga, el fraude, el asalto de bienes o dinero, el robo de mercancía en tránsito, los actos de corrupción, el robo total o parcial de vehículos y los daños en instalaciones.
Destaca que la extorsión se encuentra “fuertemente asociada con la presencia de grupos criminales”. También la extracción ilegal de recursos naturales “ha ido en aumento”.
La investigación refiere trabajos académicos que muestran la relevancia del “cobro de piso”, que, en particular, ha alcanzado a una amplia variedad de establecimientos comerciales de distintos tamaños y sectores, desde grandes empresas de telecomunicación (Arrieta, 2023) hasta tortillerías y comercios ambulantes y taquerías.
“La extorsión sigue siendo la actividad criminal que ha impactado con mayor fuerza en las grandes, medianas y pequeñas empresas en el país, como resultado de los intentos del crimen organizado por controlar las economías locales”, destaca.
Este delito, reafirma, es “prevaleciente” en Baja California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas, aunque destaca “especialmente” el caso de Zacatecas, “con una tasa de 1,500 por cada 10,000 empresas”.
El reporte conjunto utilizó las seis ediciones de la ENVE recopilada cada dos años, desde 2012, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los responsables de la investigación afirman que ofrece un recorrido por las tendencias históricas de la victimización de las empresas en México. También divulga “información valiosa” para el diseño e implementación de políticas públicas de seguridad más efectivas.
“Por la composición de cada sector, es posible imaginar que el sector industrial tiene mayores capacidades y recursos para protegerse del delito, mientras que la enorme diversidad y exposición al público del sector de servicios y de comercio les hace más vulnerables”, señala.
Políticas diferenciadas
A partir de una armonización de los indicadores desagregados por estado a lo largo del tiempo, el estudio generó una base de datos panel estado-año, lo que empató con una serie de variables de contexto.
Además, identificó factores diferenciados asociados a cada uno de los principales delitos que afectan a las empresas en México, junto con la lógica de los costos que la actividad delincuencial les representa.
“Encontramos que es fundamental desarrollar políticas diferenciadas por sector, e indispensable tomar en cuenta el contexto que rodea la comisión del delito, con el fin de contener sus efectos en las empresas medianas y del sector comercial, las que están más expuestas a la presencia de grupos criminales y tienen mayores pérdidas económicas”.
A los gastos realizados por las empresas para su seguridad, de 69,901 mdp, se añaden las pérdidas de 50,341 mdp generadas por la actividad delictiva.
“Se trata de recursos que dejan de invertirse en, por ejemplo, mejorar la productividad, pues deben desviarse hacia medidas como la compra de cámaras y la contratación de personal de seguridad”.
