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La inseguridad en amplias zonas del país puede limitar los efectos positivos que tendría sobre la economía el nearshoring, alertó el CEESP.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) llamó a contar con un estado de derecho robusto “que contribuya a generar un ambiente seguro para un mejor y más amplio desarrollo de la actividad económica del país”.
En su análisis económico semanal, el CEESP reconoció que “tras una lenta recuperación posterior a la pandemia, México se ha convertido ahora en un destino significativamente atractivo para la inversión de diversos países por estar ubicado potencialmente en el lugar más favorable del mundo, gracias a la relocalización”.
Es por ello que, en medio de la contienda electoral, “las propuestas de campaña deben ser claras, creíbles, concretas y contundentes, sobre todo, cuando estamos experimentando un entorno con niveles significativos de corrupción, impunidad e inseguridad”.
“En un país con un estado de derecho débil es natural que diversos tipos de delitos se incrementen, aunque la preocupación aumenta cuando se percibe que las acciones de las autoridades y propuestas políticas para hacer frente a esta problemática no se coordinan de manera adecuada o no cuentan con recursos suficientes, lo que puede beneficiar más a grupos delictivos que a la población en general”, advirtió el CEESP.
Peor aún: “Sin un combate frontal y exitoso por parte de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, no será posible establecer un ambiente social y de negocios en el que prive la libertad y facilidad de emprender y el incentivo de invertir en busca de mayor utilidad, productividad y beneficio para la actividad productiva y la generación de empleos”.
En opinión del CEESP, las empresas grandes están en mejores condiciones para enfrentar la criminalidad pero “lo grave es que el emprendimiento y la inversión de empresas medianas y pequeñas se ven obstaculizados bajo esa situación”.
Finalmente, el organismo estableció que “es posible que el creciente número de zonas y regiones del país donde el crimen organizado impone su ley sobre el estado de derecho nacional disuada la participación aún de las empresas multinacionales más grandes. Si ese fuese el caso, las oportunidades de la relocalización de las cadenas productivas se verían desperdiciadas en buena medida”.
“Es obvia la necesidad de establecer un robusto estado de derecho, claro y sólido que contribuya a generar un ambiente seguro para un mejor y más amplio desarrollo de la actividad económica del país. Asimismo, la obligación de las autoridades es asegurar un proceso electoral transparente y el de los candidatos proponer políticas públicas adecuadas y de largo plazo”, concluyó el CEESP..
