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A pesar de ser un documento fundamental, ya que el proyecto implica el uso de recursos públicos, la dependencia asegura que no se encontró “expresión documental” de dicho plan. Ahora la solicitud, hecha por la Plataforma Nacional de Transparencia, está empantanada por la parálisis inducida en el INAI.

A pesar de ser un documento fundamental, ya que el proyecto implicará el uso de recursos públicos por algunos años, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asegura que no cuenta con ningún estudio de factibilidad, de mercado, plan de negocios o financiero de la Aerolínea del Estado Mexicano.

Luego de las filtraciones del grupo Guacamaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Sedena tendría una aerolínea comercial, que formaría parte del Consorcio Olmeca-Maya-Mexica—propietario también del Tren Maya y de los aeropuertos Felipe Ángeles, de Tulum, Palenque y Campeche— el 4 de octubre del 2022.

Aquella mañana, el presidente detalló que “acabo de ver apenas el proyecto. Lo vi en Yucatán hace 15 días me lo presentaron. Se está haciendo el análisis económico, de viabilidad y se contempla el avión presidencial, entregarlo a la empresa que va a manejar estos diez aviones que no se van a adquirir, sino se rentan. Se está buscando qué tipo de avión es más conveniente”.

Frente a este anuncio, Revista Fortuna solicitó el proyecto que le fue presentado sal presidente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo los siguientes argumentos:

Por principio, porque el capital inicial provendría de recursos presupuésteles, los que deben ejercerse con total transparencia. Además, en tanto la aerolínea alcance su punto de equilibrio, requerirá más inyecciones de recursos presupuestales.

En declaraciones posteriores, el propio López Obrador aseguró que el proyecto —que operaría con la marca Mexicana de Aviación— buscaría incentivar la competencia y provocar una reducción en las tarifas aéreas.

Precisamente por eso, esta publicación buscó conocer las rutas a desarrollar, el número exacto de aeronaves que se requeriría comprar —y los pedidos toman tiempo, en ocasiones años— o arrendar y, con base en esto, lograr el punto de equilibrio.

La Sedena esperó al último día del plazo establecido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para responder a la solicitud y finalmente señaló que “luego de realizar una exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta dependencia, no se localizó expresión documental que atienda su solicitud” y dio por terminado el proceso.

Frente a esta respuesta, Revista Fortuna presentó un recurso de revisión que fue aceptado por la oficina del comisionado poniente Adrián Alcalá Méndez. El argumento fue que, sin una correcta planeación —expresada en un plan de negocio— el proyecto presidencial corría el riesgo de convertirse en un elefante blanco, además de una fuga de recursos presupuestales.

La oficina del comisionado Alcalá Méndez aceptó los argumentos presentados y anunció que “se procede a formular el proyecto de resolución del recurso de revisión que nos ocupa”.

Solo hubo un problema: la aprobación de la resolución “queda sujeta a la próxima sesión del Pleno de este Instituto, toda vez que los plazos para su emisión se encuentran suspendidos a partir del 10 de abril de 2023 y hasta a nuevo aviso”.