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Pablo Gómez expuso que, como titular de Seguridad y seis años después, García Luna tejió una red de 44 empresas a través de la que obtuvo al menos 40 contratos cuyo monto ahora busca recuperar el gobierno de México.
En un periodo de 20 años, como secretario de Seguridad Pública y en años posteriores, Genaro García Luna tejió una red para obtener al menos 40 contratos y lavar 745.9 millones de dólares.
Lo anterior lo denunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez Álvarez, en la conferencia de prensa matutina de este jueves.
Gómez Álvarez expuso que, como funcionario público y en años posteriores, García Luna creó una red de 44 empresas internacionales mediante la cual obtuvo al menos 40 contratos con diversos órganos de seguridad púbica del país por los 745.9 millones de dólares referidos.
Más tarde, esos recursos eran trasladados a través del sistema financiero mexicano principalmente a Barbados y, de ahí, eran transferidos al estado de Florida donde eran empleados en la compra de diversos bienes muebles, inmuebles, así como autos de colección y de lujo.
De hecho, el propio titular de la UIF dio lectura a una lista de estos vehículos entre los que se encuentraban diversos ferraris, lamborghinis, Maseratis, Roll Royce, Cadillacs, Mercedes Benz, Bentley y Ford Mustangs de colección.
“Esta lista es una lista todavía parcial. Es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque, con el dinero que se robaban, compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado”, detalló Pablo Gómez Álvarez.
Esta red estaba conformada por Linda Cristina Pereyra de García Luna (esposa del acusado) y los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López, Alexis Weinberg Pinto, Silvia Pinto de Weinberg, José Francisco Miembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Miembro.
Esta red operó los seis años que García Luna fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y se extendió durante la administración de Enrique Peña Nieto.
La red también tiene nexos con Luis Cárdenas Palomino, director de Seguridad Federal de la Policía Federal y, en su momento, uno de los más cercanos colaboradores de García Luna.
Gómez Álvarez explicó que la UIF interpuso las demandas correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2019 por hechos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; es decir, lavado de dinero.
Ya el 21 de septiembre de 2021, el gobierno de México interpuso una demanda civil ante el tribunal de undécimo circuito judicial de un condado de Florida para recuperar los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y que se ubican en ese estado.
Por Raúl Castro-Lebrija
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