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Los cambios pueden mejorar el gasto público, prevenir desvíos y posibles actos de corrupción. Sin embargo, la concentración de funciones en la SFP “convertiría a la secretaría en fiscalizadora y ejecutora de forma simultánea, lo que arriesgaría la imparcialidad”, expone el organismo.
En noviembre de 2018, justo antes de que entrara en funciones oficiales el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que transfería a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una serie de funciones que anteriormente realizaba la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Específicamente, se creaba el sistema de compras consolidadas con el que el naciente gobierno pretendía reducir actos de corrupción, eliminar duplicidades y obtener mejores precios de parte de sus proveedores.
Sin embargo, el pasado martes 26, el presidente López Obrador presentó una iniciativa de reforma a la Ley de la Administración Pública Federal que revierte los cambios, centraliza las compras publicas y el ejercicio del gasto en la SFP y además le otorga nuevas facultades.
De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “esta iniciativa revertiría los cambios realizados en 2018 por la actual administración, al devolverle las funciones a la SFP que habían sido transferidas a la SHCP”.
“La iniciativa presentada el 26 de abril de 2022 por el Presidente de la República otorga a la SFP la coordinación y conducción de las Unidades de Administración y Finanzas, y reconcentra la política general de compras públicas en dicha institución, de la que además dependen los órganos internos de control que serán rediseñados. Las Unidades de Administración y Finanzas (UAF) dependerán directamente de la SFP”, explicó el organismo.
“Con el objetivo de incrementar las capacidades de prevención de conductas indebidas en el ejercicio del gasto público, se plantea que la SFP coordine y conduzca la operación de las UAF de las dependencias, organismos desconcentrados y organismos paraestatales”, excepto las de las Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y las empresas productivas del Estado, que se mantendrán independientes.
La iniciativa plantea que los órganos del sector paraestatal cuenten con sus propias UAF para homologar dichos organismos en el ejercicio del gasto. Además, propone que la SFP se encargue de nombrar y remover a las personas titulares de las UAF, atribución que desde diciembre de 2018 corresponde a la SHCP.
“La coordinación de las operaciones de las UAF puede mejorar la ejecución del gasto público, prevenir desvíos y posibles actos de corrupción. Sin embargo, la concentración de estas en la SFP convertiría a la Secretaría en fiscalizadora y ejecutora de forma simultánea, lo que arriesgaría la imparcialidad”, advirtió el IMCO.
Adicionalmente, la iniciativa pretende que la estructura de los órganos internos de control (OIC) sea reducida al mínimo indispensable
La SFP tiene bajo su responsabilidad el control interno, la prevención de actos de corrupción, así como la fiscalización y evaluación de la gestión pública. “La iniciativa propone mantener esa función, pero prevé reducir estructuras administrativas y redistribuir funciones para generar ahorros. Los OIC serían agrupados por sector, materia o ente público para armonizar funciones, reducir costos y promover la independencia e imparcialidad de las decisiones”.
El IMCO también advirtió que esta reducción en los órganos internos de control podría representar tanto un beneficio como un riesgo.
“Unirlos bajo temas o funciones podría fortalecer la especialización y promover mayor independencia en las funciones de auditoría y fiscalización. Sin embargo, la reducción de estructuras administrativas al mínimo indispensable podría comprometer la correcta operación de los OIC al aumentar la carga de trabajo”, concluyó el organismo.
Por Raúl Castro-Lebrija
