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Según la iniciativa de reforma a la Ley Minera enviada por el presidente a la Cámara de Diputados, solo podrán tener concesiones para la explotación del mineral ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas.
Pues no fue “al día siguiente” como había anunciado. Fue el mismo domingo de la votación de la reforma eléctrica, cuando el presidente Andrés Manuel López Orador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Minera para reservar la explotación del litio.
De hecho, la iniciativa podría resumirse en solo dos puntos: ninguna concesión a empresas particulares y la creación de una empresa estatal encargada de la exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.
Según la exposición de motivos de la iniciativa, debido a la innovación científica y tecnológica que estamos viviendo “el litio y otros minerales deben ser explotados y aprovechados exclusivamente por la Nación, a través de un organismo público descentralizado creado para este efecto”.
Estos minerales no deben ser objeto de concesiones, contratos, asignaciones o permisos.
La iniciativa asegura que el litio es el más ligero de todos los materiales y se aplica en la fabricación de trenes, aviones, baterías —de computadoras y celulares—; en las industrias de la cerámica, del vidrio, en la fabricación de grasas lubricantes y en la fundición de polímeros.
El carbonato de litio, uno de sus derivados, es incluso empleado en el tratamiento del trastorno bipolar.
Una de las primeras interrogantes, es que la iniciativa indica que “México tiene importantes reservas de litio que deben ser preservadas en beneficio del interés general y no de intereses mercantiles nacionales o extranjeros”.
Sin embargo, expertos como Ramsés Pech ha señalado que no se sabe a cuánto ascienden esas reservas y, por ello, los únicos dos proyectos de ese mineral que existen en el país aún están en fase de exploración.
La mina más avanzada en cuanto a entrar a una fase de explotación es la de Bacadehuachi, Sonora, propiedad de Bacanora Lithium.
Sin embargo, “un estudio de factibilidad en el 2018 dio como resultado que las inversiones requerida sería de alrededor de 800 millones de dólares para la explotación en dos fases (valor al 2021 son 840 millones), y un costo de producción de carbonato de litio alrededor de 4,000 dólares por tonelada (4,200 al 2021)”, advirtió el experto.
En octubre de 2020, la entonces secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, advirtió también que “México no tiene el yacimiento más grande de litio (del mundo). No hay un solo kilogramo que se produzca, tenemos unos yacimientos con un contenido muy bajo”.
Ya en las modificaciones a los artículos —donde en realidad solo se reforman el 5 y el 10 de la actual legislación minera— se establece que “la Secretaria de Economía otorgará concesiones solamente a personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades garrías, pueblos y comunidades indígenas”.
En tanto, el organismo público descentralizado —que deberá crearse a los noventa días de entrada en vigor la reforma— será apoyado por el Servicio Geológico Mexicano.
En el artículo segundo transitorio de la iniciativa, se establece que “se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a este ordenamiento”.
Sin embargo, no se ofrece mayor información sobre el destino de los dos proyectos privados —todavía en etapa de exploración— que ya existen el país: el británico ya mencionado Bacanora Lithium y el chino Ganfeng.
Por Raúl Castro-Lebrija
