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El consejo directivo nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), su máximo órgano de representación, lanzó el martes un llamado al Congreso y a la Suprema Corte de Justicia para analizar a fondo los impactos de la propuesta que busca modificar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que implica reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, y la cual exhibe visos de avance en el Congreso.
“…el IMEF reitera que la aprobación de la Iniciativa en los términos en los que está planteada resultaría contraproducente para sus propios objetivos, para el bienestar de las familias mexicanas, para el desarrollo del sector energético y para la economía nacional”, aseguró.
Apenas ayer, con el voto en contra de los partidos de Oposición, la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó una opinión en sentido favorable a la propuesta de reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal el 30 de septiembre del año pasado, la cual se prevé empezar a discutir a partir del 11 de abril próximo.
La opinión fue avalada con 17 votos a favor del partido que llevó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a ocupar esa posición, Morena, y de los partidos políticos catalogados de “aliados”, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Hubo 14 votos en contra de parte de la Oposición, representada por el PRI, PAN PRD y Movimiento Ciudadano, y cero abstenciones.
Desde la perspectiva del IMEF, de aprobarse la Iniciativa se generarían situaciones negativas, 8 en total, donde destaca la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía, el organismo regulador autónomo del Sector, y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), con lo que se “reduciría la transparencia y el sustento técnico” de decisiones fundamentales en el sano desarrollo del Sector Energético, supeditándolas a “consideraciones políticas”.
El IMEF, que ha destacado la pasividad de la inversión privada durante la presenta administración debido a un ambiente inhibitorio, sostiene que la iniciativa del Ejecutivo lanza una “nueva señal, contundente” a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la vulnerabilidad del Estado de Derecho en México, “lo que eleva sustancialmente el riesgo de invertir…y limita de manera profunda la capacidad de crecimiento”.
Otro de los puntos destacables son los impactos de la iniciativa en el marco del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, donde se anticipa un aumento “en el riesgo” de acciones judiciales nacionales e internacionales en contra del Estado mexicano, especialmente “debido a la posible violación del espíritu” del acuerdo comercial en materia de trato no discriminatorio, inversiones, expropiaciones indirectas, así como la venta y compra por parte de empresas del Estado y monopolios, lo cual elevaría los costos del propio Estado, reduciendo la capacidad operativa de la CFE.
Otros de los puntos adversos considerados en la agenda del IMEF son:
-Se atentaría “gravemente” contra la competencia, inhibiendo incentivos naturales para la productividad del sector y para la generación de condiciones de precio justas para los consumidores.
-Se afectaría la competitividad de la planta productiva nacional, al no contar con insumos eléctricos fundamentales para las actividades productivas en condiciones similares a los competidores comerciales internacionales.
-Se afectaría de manera negativa la ejecución de contratos ya firmados por empresas inversionistas con el Estado mexicano.
Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) daría su fallo en torno a una presunta inconstitucionalidad de ciertas modificaciones a la LIE que fueron aprobadas por los grupos legislativos afines al Gobierno en febrero de 2021, las cuales priorizan el despacho de energía de parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima de privados.
-Rezagaría al país de la Transición Energética global hacia fuentes limpias y renovables de energía, afectando la salud de los mexicanos. -Se ejercería una mayor presión sobre las finanzas públicas, elevando su vulnerabilidad.
