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La presidencia de la República difundió el documento que se presentó, ayer jueves, a una delegación de funcionarios, diplomáticos y empresarios estadounidenses que estuvieron en Palacio Nacional para hablar de la reforma eléctrica.
Antes de que concluya el presente mes de abril, el Congreso de la Unión aprobará o rechazará la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés López Obrador.
Para analizar la reforma, ayer se reunieron en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete con el enviado del presidente Joe Biden para asuntos de cambio climático, John Kerry, miembros de la embajada estadounidense y empresarios del sector eléctrico.
De acuerdo con el documento sobre la reunión difundido por la Presidencia, el gobierno de México se comprometió a respetar los permisos para la importación de combustibles de las empresas ExxonMobil, Valero, Koch, Shell y Tesoro, siempre y cuando no vendan huachicol ni hagan contrabando.
No habrá nuevos permisos para importar combustibles “porque queremos lograr la autosuficiencia energética y fortalecer a Pemex y a la CFE; es decir, tendrán prioridad las empresas públicas por el bien del pueblo y de la nación”.
El gobierno mexicano pidió a las empresas Talos, Fieldwood, ExxonMobil, Murphy Sur, Chevron, Verdad y Roma Energy que inviertan en el país, ya que el gobierno de Peña Nieto otorgó 112 permisos para exploración y extracción de crudo pero solamente dos están invirtiendo; ninguna estadounidense.
Que el yacimiento Zama, compartido por Pemex y Talos Energy, sea operado por la empresa mexicana con inversión de la segunda. El yacimiento tirar un valor de entre 550 y 650 millones de barriles de petróleo crudo; es decir, un valor estimado de 4,835 millones de dólares después de impuestos, con una tasa interna de retorno del 49.6%.
El gobierno insistió en su propuesta de tener un mercado de generación eléctrica mixto, donde CFE detente el 54% y los generadores privados el 46% restante. El porcentaje privado equivaldría a todo el mercado de Latinoamérica —sin contar Brasil— y un crecimiento de la demanda de 4% anual.
El gobierno mexicano también invita a las empresas que ya tienen contratos con CFE para transporte en gasoductos, a que inviertan en los puertos de Topolobampo, Salina Cruz y Coatzacoalcos, donde se planea construir tres plantas de licuefacción para exportar gas a países de Asia, América y Europa.
Podrá producirse energía con la modernización de las turbinas y celdas fotovoltaicas flotantes en las presas y luego la CFE comprará la electricidad generada.
El gobierno de México también invitó a las empresas de Estados Unidos a invertir en el parque fotovoltaico que se construye en Puerto Peñasco, Sonora y que, según las autoridades, será el más grande Latinoamérica.
El gobierno de López Obrador también aseguró que trabaja en la transición energética —una de las principales preocupaciones del gobierno de Biden— a través de iniciativas como Sembrando Vida, no producir más de 2 millones de barriles de crudo diarios, no autorizar el fracking y la modernización del sistema nacional de refinación.
Finalmente, el gobierno de López Obrador se dijo dispuesto “a atender a las empresas del sector energético de Estados Unidos, sin actuar de manera injusta y arbitraria. Existe disposición al diálogo, no queremos dejar de tener buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos ni con las empresas de ese país, porque consideramos que es imprescindible y benéfica la integración económica y comercial entre las dos naciones con respeto a nuestras soberanías y sin permitir actos ilegales, influyentismo y corrupción”.
Por Raúl Castro-Lebrija
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