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La agencia de riesgos crediticios Fitch Ratings advirtió en la semana a punto de concluir que las reformas a las leyes energéticas en México impulsadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrían un impacto de neutral a negativo, en una nueva postura que adelanta estimados de distribución de inversiones dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hasta el 2026.
“La reversión de las leyes energéticas de México sería (de) neutral a negativa” sostuvieron los analistas Saverio Minervini, director senior de empresas latinoamericanas; Velia Valdés, directora asociada de empresas mexicanas, y Carla Norfleet, analista certificada (CFA, por sus siglas en inglés) y directora senior del grupo de política crediticia de la unidad Fitch Wire.
Las calificaciones a la CFE otorgadas por Fitch gozan de un nivel similar al soberano México, de “BBB-“ o grado de inversión con Perspectiva Estable, ante la fuerte vinculación de la empresa estatal con el gobierno federal.
El equipo experto de Fitch asevera que la revisión “planificada” de López Obrador sobre las reformas energéticas aprobadas en 1992 y en 2013 desalentaría la competencia y conduciría a precios de electricidad más altos, en línea con una postura fijada desde el inicio de la discusión de las iniciativas de reforma al Sector de la Energía.
De aprobarse la iniciativa de reforma al Sector Eléctrico (CFE) por el Congreso mexicano las interrupciones operativas tendrían un efecto material en los productores de energía independientes, que representan el 39% de la capacidad instalada total en México, refrendó la agencia.
La inversión extranjera directa (IED) en el Sector Energético en su conjunto desaceleró en 2021; con estimados de la Secretaría de Economía el desplome resultó de -37% en los primeros nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2021; “probablemente continúe disminuyendo si se aprueba el proyecto de ley”, dijo el equipo experto de Fitch.
“Anticipamos que las inversiones requeridas en el plan de negocios 2021-2026 de CFE serán aproximadamente 60%, financiadas por el flujo de caja de CFE”, agregaron.
Otro 30% del financiamiento correría a cargo de los instrumentos Master Investment Trust, Clean Energy Trust, y Conventional Power Trust, mientras que cerca del 10% de las inversiones estaría siendo financiado por “Proyectos de Inversión en Infraestructura Productiva con Inscripción Diferida en el Gasto Público”, dijeron.
CFE también puede obtener capital a través de Fibra E y mediante estructuras de inversión conjunta, agregaron.
Fitch asegura que el riesgo de calificación a la baja para empresas latinoamericanas relacionadas con el Sector de la Energía mexicano es bajo, puesto que la mayoría de los emisores tienen una base de activos diversificada.
Sin embargo, “la reversión de la legislación existente podría desencadenar acciones de calificación negativas para proyectos de energía privados”.
La agencia de riesgos crediticios señala que el Perfil Crediticio Independiente (SCP, por sus siglas en inglés) de la CFE sólo tiene el grado “bb”, por debajo del grado de inversión.
“No se espera que la reforma afecte el SCP de CFE en el mediano plazo, pero probablemente ejerza presión sobre el balance de CFE y el SCP en el largo plazo”, advirtieron Minervini, Valdés y Norfleet.
La enmienda de López Obrador pretende fortalecer la participación de mercado de CFE de 38% a 54%; cambiar el actual régimen de despacho a favor de CFE; cancelar el autoabastecimiento y todos los acuerdos de compra de energía privada existentes.
También busca eliminar el operador del sistema independiente y las agencias reguladoras de energía que darían control total del mercado eléctrico a la CFE.
El proyecto de ley tiene un apoyo limitado y debe ser aprobado por una mayoría calificada, o dos tercios de las cámaras baja y alta del Congreso. La reforma constitucional también debe ser aprobada por al menos el 51% de las legislaturas estatales de México.
