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El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) dijo el martes estar preocupado por un acuerdo emitido desde el Ejecutivo Federal que instruye a dependencias y entidades de la Administración Pública a clasificar obras del Gobierno de México “de interés público y seguridad nacional” y de “prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, que estén asociadas al desarrollo de infraestructura en los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, turístico, de medio ambiente, vías férreas y energético, entre otros.
“La seguridad nacional y el desarrollo económico son objetivos complementarios pero diferentes.
“No pueden igualarse los procedimientos de gestión de riesgos a la seguridad del país con la evaluación de proyectos de infraestructura cuyo objetivo es el impacto económico y social” dijo el Consejo Directivo Nacional del IMEF presidido por Ángel García-Lascurain, ex ejecutivo del Banco Nacional de México (Banamex) y de Telmex Internacional.
El Acuerdo instruye a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar en un plazo de máximo cinco días hábiles autorizaciones provisionales a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar proyectos u obras, argumentando garantizar su ejecución oportuna, un beneficio social esperado, y el ejercicio de presupuestos autorizados.
“El desarrollo de proyectos de infraestructura que estén diseñados para promover la actividad económica y el desarrollo regional o nacional, requiere de evaluaciones de impacto ambiental, de demanda de uso, de estudios de ingeniería de proyectos, de análisis y evaluación de riesgos y de viabilidad financiera y económica, además de otros aspectos que garanticen su efectividad y sostenibilidad.
“Por ello, se debe tomar el tiempo necesario para su correcta realización antes de iniciar las obras, para evitar sobre costos y sobre plazos”, apuntó el IMEF.
El Gobierno mexicano tiene en la mira el desarrollo de tres obras insignia en proceso y las cuales reportan un gran peso dentro del presupuesto público: la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco; el Tren Maya en el Sureste, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el estado de México.
La organización de financieros indicó que acelerar las autorizaciones sin el debido tiempo y profundidad para la evaluación de los proyectos, eleva el riesgo de privilegiar la velocidad de su ejecución sobre su calidad y sobre la viabilidad misma del proyecto en un mediano plazo.
Como resultado, hay consecuencias en el uso eficiente de los recursos públicos, que perdería su objetivo si la celeridad en los proyectos reduce la efectividad de los impactos social y económico.
El convenio presidencial vinculado al desarrollo de Infraestructura, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día anterior, incluye también a los sectores de salud, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico ferrocarriles en todas sus modalidades, puertos, aeropuertos “y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
El IMEF, cuya convención anual de fines de la semana pasada reunió a Ceo´s de compañías de tablero internacional, como General Motors, y a funcionarios de alto rango que externaron su desaprobación sobre la falta de garantías a la inversión privada en México desde 2018, tras la asunción al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró estar a favor de cualquier iniciativa de Política Pública que impulse el desarrollo económico, el interés público y la Seguridad Nacional.
En consecuencia, dijo, exhorta “respetuosamente” al Gobierno Federal a reevaluar los riesgos y posibles “impactos negativos” del pacto presidencial que entró en vigor ayer mismo.
