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La firma experta en el análisis de las finanzas públicas del País, México Evalúa, dijo el jueves que la iniciativa de reforma constitucional en materia energética enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso tendría 16 implicaciones negativas para la economía, el ambiente de negocios, la Sociedad y los tratados internacionales, entre las más sobresalientes.
La reforma propuesta, que pretende cambiar tres artículos de la Constitución mexicana en la materia, refleja una “incomprensión de los cambios profundos en el Sector Energético”.
El think tank asevera que las transformaciones de la industria en su conjunto en apenas 10 años han habilitado “derechos y libertades para una mayor autodeterminación de las personas en su vida diaria”
“Llevar a cabo la reforma propuesta iría en sentido contrario a estos avances, y afectaría severamente el bienestar general de la población, al trastocar múltiples esferas de la economía, el medioambiente y las finanzas públicas”, sostuvo.
La iniciativa prioriza el despacho de la energía a las llamadas empresas productivas del Estado -que pasarían a ser Organismos de Estado, bajo la reforma propuesta- con la operación de plantas de energía fósiles por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima de un despacho más económico que complementan productores independientes de energías limpias.
Esto se traduciría en aumentos “sustanciales en el costo de la electricidad”, en pérdidas de competitividad para el País y para el bienestar de la población, lo que se reflejaría en incremento de precios con su respectivo impacto en los precios generales de la economía.
“Por ejemplo, un aumento promedio del 30% en las tarifas eléctricas implicaría un aumento promedio del 20.4% en los precios de insumos intermedios de la industria”, indica.
La consecuencia a partir de estas condiciones se traduciría en un mayor monto de los recursos que destina el gobierno a los subsidios eléctricos, los cuales ya tienen un costo promedio de 74,400 millones de pesos (mdp) en las finanzas públicas del País.
“El modelo de organización industrial que plantea la reforma aparentemente beneficia a la CFE, al anteponer en el orden de despacho a sus plantas.
“Sin embargo, como se ha demostrado, su rentabilidad podría disminuir, al incentivar al órgano del Estado a despachar sus plantas menos eficientes con mayor frecuencia en el sistema”, resalta la firma evaluadora en un análisis integrado más a detalle.
Con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, la CFE, que hoy tiene la obligación como Empresa Productiva del Estado de generar valor económico y rentabilidad con sostenibilidad, se convertiría en un ente público con triple mandato, ya que estaría a cargo de toda la cadena de valor de la Industria Eléctrica.
Esto significa garantizar una participación mínima de 54% del mercado de generación, y el 100% de participación en las actividades de transmisión, distribución y suministro básico, además de convertirse en el único comprador mayorista de electricidad, lo que incluiría el control del despacho eléctrico y la proveeduría del Sector Eléctrico.
En su escrutinio de la Iniciativa, México Evalúa indica que, además, la CFE tendrá la responsabilidad exclusiva de diseñar e implementar políticas públicas en materia de transición energética y en materia de política industrial, facultades que hoy son realizadas por entidades gubernamentales con una estructura independiente.
Otras medidas de la propuesta son la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), los dos entes reguladores autónomos del Sector Energético.
Los otros 13
La centralización de las operaciones y la rigidez financiera que conlleva la propuesta del Ejecutivo Federal representaría un freno a la innovación en el Sector Eléctrico, dada la magnitud de los pasivos de CFE, que al primer semestre de 2021 llegaron a 1.6 billones de pesos, dice México Evalúa derivado del escrutinio de la propuesta de reforma.
La falta de condiciones para proveer a la industria de energía limpia suficiente complicaría atraer nuevas inversiones que les permita disminuir sus propias huellas de carbono, según la normatividad internacional, indica.
Las dificultades, sin embargo, se extenderían a la labor de ampliar las inversiones en el campo de fuentes de energía renovable por el cambio de reglas de la participación de privados con implicaciones en materia ambiental y en el terreno diplomático ante la imposibilidad de cumplir con los porcentajes comprometidos a nivel internacional para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
“La pérdida de inversiones se vería reflejada en un alto a la construcción de nueva infraestructura y a la generación de empleos”, asevera en su investigación la firma evaluadora.
Cita que en 2019, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) registró 11.5 millones de puestos de trabajo directos e indirectos a nivel mundial relacionados con las energías renovables, lo que llegaría a 30 millones de empleos en 2030.
La propia IRENA advierte que por sí misma la recuperación económica mundial post-Covid 19 sólo detonará 5.5 millones de empleos.
“De ese tamaño es la oportunidad que México ya pierde por el freno a la expansión de estas tecnologías”.
La tecnología solar es la que más trabajadores contrata: en 2019 empleó a 3.7 millones mientras que en América Latina Brasil figuró como líder, con 1.1 millones de empleados.
En México la cifra apenas alcanza los 50 mil empleos.
