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Durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se mantenía como el despacho de litigios particulares del Presidente de la República.
Los pleitos del expresidente como el que generó la investigación periodística de La Casa Blanca fueron algunos de los casos que consumieron muchas horas del exconsejero Humberto Castillejos Cervantes, con su respectivo presupuesto público.
Y si se tratara de citar el trabajo de Castillejos Cervantes para la Federación y no sólo para Peña Nieto, diríamos que allí estuvo el blindaje jurídico y constitucional de las reformas estructurales.
Los abogados que encabezaba Castillejos Cervantes —por cierto también integrante de la Barra Mexicana de Abogados— pueden ser recordados como técnicamente implacable al blindar constitucionalmente las reformas estructurales.
No puede decirse lo mismo del sentido social y el espíritu de la equidad con la que se impulsaron esas reformas. El gobierno de Morena consideró improcedente, sin embargo, la reforma educativa o la reforma al sector de la energía, precisamente por su falta de espíritu social. Sin embargo, en los tribunales, con Julio Schere como responsable, las acciones que se tomaron desde la Secretaría de Energía para desconocer esas reformas fueron recurridas y el pronóstico resulta reservado. No sólo eso, el gobierno federal también perdió casos en tribunales institucionales y ahora debe pagar indemnizaciones. La decisión de reconocer la reforma al sector de la energía está resultando costosa ante el blindaje que se impuso durante el gobierno de Peña Nieto.
La Consejería Jurídica de Castillejos también dejó saldos en materia tributaria. En el gobierno priistas para los empresarios, paradójicamente, tampoco se tuvieron contemplaciones, pues se promovieron reformas tributarias que se transformaron en largos juicios para impugnarlas o buscar devoluciones. ¿Los beneficiados? Abogados de despachos que tenían muy cerca el pulso de la inconformidad y hasta los caminos para resolverlos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El negocio se terminó cuando desde el SAT y mediante decretos se eliminó el perdón fiscal.
Aún más, mientras esos despachos, durante el gobierno priista, estuvieron muy cerca de la Consejería Jurídica, entidades como el CIDE y sus expertos en derecho constitucional fueron apartados durante la gestión de Castillejos Cervantes de todo gran debate respecto al acceso a la justicia.
Durante tres años, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República tuvo una encomienda más extensa que no tuvo que ver con la de proteger jurídicamente al Presidente.
Asesoría legal y, en su caso, el cabildeo de las reformas constitucionales y de leyes secundarias para impulsar el proyecto económico y político de la Cuarta Transformación, fuero funciones centrales de la Consejería Jurídica.
También tuvo como función representar al Poder Ejecutivo que asumió esta Consejería de la Procuraduría General de la República luego de los cambios legales que dan lugar a la Fiscalía General que lleva Alejandro Gertz Manero.
Con un presupuesto 35% menor al autorizado para los primeros años de gobierno, la Consejería Jurídica también escuchó a personas físicas y morales que vieron vulnerados sus derechos por actuaciones irregulares de la PGR en el gobierno de Peña Nieto. En la Consejería Jurídica también se encargaron de la liquidación de la Lotería Nacional cuyas actividades se integrarán a Pronósticos Deportivos; la liquidación de Proméxico, de Fonapo, entre otras. Así la transformación de la Consejería Jurídica que ahora cede sus funciones a la Secretaría de Gobernación.
