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Para la segunda mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la estrategia de seguridad consistirá en reforzar los Programas del Bienestar y, particularmente, en consolidar a la Guardia Nacional con la presencia de las fuerzas armadas.
En gira de trabajo por Culiacán, Sinaloa, explicó que en lo que resta de su gobierno se van a consolidar del Programas del Bienestar “y van a tener más opciones, más alternativas los jóvenes”.
Y, fundamentalmente, se reforzará a la Guardia Nacional cuyo presupuesto se incrementará a razón de 50,000 millones de pesos. Ya se tienen construidos más de 180 cuarteles “y vamos a tener cerca de 500 con elementos de la Guardia Nacional en todo el territorio”.
Actualmente, detalló, ese cuerpo cuenta con 100,000 elementos y se cerraría el sexenio con 145,000.
El presidente insistió en que una de las tres reformas constitucionales que buscará en lo que resta de su administración es que la Guardia Nacional quede bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Quiero que se quede como una parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así están las guardias nacionales, las guardias civiles, en España, en Francia, en Italia; ese es el modelo que vamos a dejar establecido”, anunció López Obrador.
“No quiero que se repita la mala experiencia de lo que fue la Policía Federal, de que se quedó como un ente administrativo, llegó a ser una secretaría, luego pasó a depender de la Secretaría de Gobernación. Se corrompió, se pudrió, sin disciplina, sin profesionalismo”, advirtió.
De hecho, el mandatario criticó que las fuerzas armadas por mandato constitucional no pudieran apoyar en las tareas de seguridad pública,cuando es uno de los problemas fundamentales del país y a pesar del nivel de respaldo que tienen entre la población.
El presidente presentó datos del INEGI, según los cuales la Marina tiene un nivel de aceptación entre la población de 88.3%, el Ejército de 85.1% y, la propia Guardia Nacional, de 76.8 por ciento.
Finalmente, López Obrador rechazó que este proyecto implique una militarización del país y abra la puerta a violaciones a los derechos humanos, ya que las fuerzas armadas responden a un comandante supremo que es el Presidente de la República.
“Y si el presidente y comandante de las fuerzas armadas no ordena reprimir al pueblo, nunca se van a cometer actos autoritarios, que violen las libertades o los derechos de los ciudadanos”, sostuvo.
Por Raúl Castro-Lebrija
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