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Lilia Carrillo
Podemos considerarnos hijos de la Ilustración pero pareciera que seguimos encontrando novedosos los fuegos fatuos, como la consulta del 1 de agosto: una ilusión de que estamos avanzando hacia la rendición de cuentas cuando es una página más en un país en el que nunca pasa nada -y cuando algo pasa- tampoco pasa nada.
Diseccionada hasta la última coma, la pregunta de la consulta popular es: “¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
El problema es que esta pregunta no quedará sólo en lo anecdótico. Sí va a tener un impacto en credibilidad y reputación. Va a ampliar aún más la crisis de confianza hacia las instituciones; minará aún más la percepción que tenemos hacia el estado de derecho, además de profundizar en la percepción de que las discusiones públicas son estériles porque realmente no conllevan un cambio.
Consideremos el entorno en que se va a llevar a cabo esta consulta, más allá del ciclo de noticias. Sólo en términos de percepción de confianza. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci), publicada en marzo de este año, con datos que reflejan 2020, la mayor desconfianza la tuvieron los diputados locales con el 33.5% y los federales con el 34.1%, seguidos de la policía que obtuvo un 34% De acuerdo con estos datos, un 21% no confía nada en los jueces.
Cuando termine la consulta popular, en la que esas autoridades específicas podrían tener algún tipo de influencia para proceder dentro del marco legal, vamos a tener que entrar en otra discusión: a qué nos referimos con un proceso de esclarecimiento, cuáles son esas decisiones políticas, tomadas en cuáles años pasados y por cuáles actores políticos.
Esta consulta popular no representa ningún cambio estructural, organizacional o de fondo que sí son los que han permitido que el país ocupe la posición 60 en el Índice Global de Impunidad 2020, de un total de 69 países estudiados.
Ahora, podemos considerar -como en la más vieja escuela de comunicación- que el tema esté posicionado en la agenda mediática ya constituye en sí mismo un avance de apertura en la discusión pública. “Que hablen mal pero que hablen” es una meta muy poco ambiciosa en un entorno hiperconectado acostumbrado al intenso ruido de fondo, explosivo y sin continuidad. Un fuego fatuo más.
Lilia Carrillo es experta en comunicación y socia de Meraki México
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