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La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) vigente puede ser parte de la solución a las respuestas que busca el gobierno con la iniciativa de Ley preferente del Ejecutivo que fue aprobada por la Cámara de Diputados ayer, que prioriza el despacho de la energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Expertos indican que esto es posible si la Secretaría de Energía (Sener) retoma la responsabilidad de ser rector del sistema eléctrico nacional y si la Comisión Reguladora de Energía (CRE) cobra su autonomía como supervisor, con criterios que respondan a eficiencia en costos, competencia de mercado y transición hacia la generación de energías limpias.
Con la prioridad de asignar a las plantas de la CFE el despacho de energía eléctrica y relegar a los generadores privados de energía eólica y solar, la iniciativa preferente se coloca en el orden inverso al que prevalece en las tendencias globales para mitigar el cambio climático y abatir costos, agregan.
La iniciativa del Ejecutivo Federal también contempla relajar los criterios para otorgar certificados de energía limpia y cancela las licencias de autoabastecimiento, aspectos sensibles para la inversión extranjera.
Este miércoles, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), dijo en una conferencia de prensa que la empresa estatal necesita fortalecer sus áreas de transmisión y suministro, que opera en exclusividad, pues son actividades rentables.
El organismo empresarial cúpula estima que la iniciativa preferente del Ejecutivo representará sobrecostos del orden de los 63,000 millones de pesos (mdp) anuales.
“Parte de la justificación de esta decisión se basa en el compromiso de la actual administración de no incrementar tarifas y garantizar la seguridad energética.
“No obstante, si se da prioridad a la generación más costosa, la presión sobre las tarifas se incrementará o se presionarán las Finanzas Públicas. Incluso ambos escenarios son posibles”, dijo el banco global BBVA en un análisis emitido el 8 de febrero pasado sobre los cambios a la LIE.
Esto contradice la intención de no aumentar las tarifas ni cargar a la Hacienda Pública mayores costos.
Las subastas eléctricas, que funcionan tras la reforma de 2014, han mostrado a su vez que la participación de la inversión privada en la Industria ha reducido el costo de la electricidad; datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) arrojan que, en promedio, durante 2020 el costo total de la energía producida por las plantas de la CFE fue 26% más alta que la generación de los privados.
El punto con la generación de energías limpias es que pueden presentar problemas de intermitencia, puesto que no siempre se tendrán las condiciones de suficiente sol o el viento, necesarios para satisfacer la demanda.
Sin embargo, habría menos problemas de intermitencia si se invierte más en energías limpias: mientras más puntos haya para captar energía solar y eólica a lo largo del territorio mexicano, habrá menos situaciones de caída en la oferta.
Los expertos indican que la CFE debe invertir en mejorar la Red de Transmisión para poder captar energías limpias desde más puntos. Y que es necesario contar con la oferta de la empresa eléctrica ante situaciones en que la oferta de energías limpias se reduzca.
“Es cierto que esto requiere que la CFE invierta para ser un despachador de última instancia y que esto tiene costos. Para ello se pueden diseñar mecanismos que compensen a la CFE por estas inversiones.
“Se podría, por ejemplo, solicitar a los nuevos inversores en energías limpias (no a los que ya entraron pues lo hicieron bajo
otras reglas) que realicen un pago compensatorio en situaciones en que su producción caiga por debajo de ciertos parámetros.
“Se podría también cobrar una mayor tarifa a los usuarios para compensar a la CFE, de tal suerte que la tarifa refleje los costos en los que incurriría la compañía estatal para ser un oferente de última instancia”, señala el documento de BBVA.
El CCE indicó que al correr un modelo de despacho con los criterios de la iniciativa preferente, el resultado es un incremento en el costo de abastecimiento del suministro básico del orden de los 15,286 millones de dólares (mdd) entre 2022 y 2026, un promedio de 63,300 mdp por año y un incremento de 17% en el costo de suministro básico.
El incremento representaría duplicar el subsidio programado para la CFE en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, que fue de 70 mil millones de pesos, agregó.
Entre 2019 y 2018 el número de usuarios de la CFE creció 18%, una demanda que aumenta año con año.
El proyecto de reforma se presentó días después de que la Suprema Corte de Justicia invalidó 22 de los elementos principales de la Política del Sistema Eléctrico Nacional de la propia Sener, por lo que la iniciativa preferente del Ejecutivo, que deberá ser avalada por el Senado, anticipa un derrotero de impugnaciones.