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Luis Manuel Arce/Prensa Latina
Panamá.- En un litigio premeditado o espontáneo resultado de mal cálculo, ineptitud o ambición, debe excluirse la suspensión de una obra como la ampliación del Canal cual pretende Impregilo, por lo que significa para Panamá y otras muchas naciones fuera del istmo.
Las malas relaciones entre la administración de la Autoridad del Canal (ACP) y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) liderado por la española Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo, han constituido un peligro para la estabilidad de la obra y afectado en varios meses su cronograma de ejecución.
Esa situación resultó tolerada porque al darse un atraso de seis meses casi en el inicio de la obra, cuando se iba a proceder al primer vaciado de concreto, fue asimilada de alguna manera bajo la perspectiva de la ACP, de que el tiempo perdido se podía recuperar, y del GUPC, de que los 585 millones de sobrecosto serían inyectados tarde o temprano a sus finanzas.
Pero el tiempo pasó sin que ni lo uno ni lo otro ocurriera; las obras no se paralizaron, se siguió excavando, dragando y fundiendo los enormes muros de las esclusas y tinas con las mezclas de concreto estipuladas, mientras otras exigencias menores sobre plantilla, aceros y varias menudencias fueron atendidas en la junta de reclamaciones y pagadas por la ACP.
Mientras esas reclamaciones no sobrepasaron el rango lógico de hasta 200 millones de dólares, normal para una obra de esa envergadura y características, los problemas se ventilaban de forma soterrada, como prevé el contrato, dentro de sus límites y sin mayor agonía.
Incluso se asumió con bastante tranquilidad el hecho real de que por el atraso inicial en el vaciado de concreto, la obra no se terminaría en octubre de 2014 sino en el primer cuatrimestre de 2015.
Pero he allí que en las postrimerías de 2013, cuando el jolgorio de las navidades y fin de año estaban en su apogeo, una inesperada carta-ultimátum del GUPC, de suspender las obras en 21 días vista, le agua la fiesta a la ACP.
Habían transcurrido apenas dos semanas de una comunicación anterior en la cual notificaban, sin argumentos visibles y en dos folios, un sobrecosto de 900 millones de dólares que, junto a otros no detallados, incluidos los 585 millones iniciales, sumaban un reclamo de mil 600 millones de dólares extra.
Las alarmas se dispararon y se apoderó de todos el temor de que el conflicto entre el consorcio formado por la española Sacyr Vallehermoso, la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana SA, no encontrara soluciones y derivara hacia la parálisis de la construcción del tercer juego de esclusas, el objeto de obra más complicado de la ampliación, como sigue amenazando Impregilo.
El consorcio se había adjudicado en 2009 el contrato para la construcción de las nuevas esclusas del Canal por 3.118 millones de dólares, de los cuales la ACP ha desembolsado 2.831 millones, 784 millones en anticipos reembolsables, además de 180 millones en costos adicionales que representan cerca del 6,0 por ciento del costo del contrato.
Los detalles de la crisis son conocidos: el GUPC alega haber incurrido en esos sobrecostos por imprevistos básicamente en fallas geológicas e inadecuada calidad de un basalto que no pudieron usar en las mezclas de hormigón como estaba predicho y eso encareció el trabajo y lo atrasó. No explican por qué despidieron a dos mil 500 obreros.
Ellos responsabilizan a la ACP porque su estudio geológico fue insuficiente y detectaron las fallas cuando las excavaciones estaban muy avanzadas. La administración rechaza esos argumentos y les recuerda que tuvieron 14 meses para verificar las conclusiones del estudio, y es inadmisible que dos años y medio después de estar excavando justifiquen la pérdida con dichas fallas.
También la ACP les aclara que ni administra ni dirige al GUPC y que fueron ellos quienes decidieron el diseño y construcción de las esclusas tomando en cuenta las características del lugar y demás detalles técnicos sobre los cuales hicieron sus cálculos de gastos. Si les salió mal, es su problema.
En ese punto es difícil que se pongan de acuerdo y ambas partes lo saben pues ninguno va a aceptar su responsabilidad, pero mucho menos la ACP, la cual cumplió con la entrega del informe sobre el estudio geológico, otorgó un plazo de verificación razonable y planteó un contrato de precio fijo aceptado por la otra parte, así como sus mecanismos de reclamación.
El administrador de la ACP, Jorge Quijano, repite sin embargo que el asunto no está en el monto exigido por el GUPC, sino en que toda reclamación debe ser fehacientemente probada y resolverse dentro de los límites del convenio y no como pretenden Impregilo y Sacyr, fuera de este.
La ACP se ha abroquelado en esa posición, mientras que el plazo de 21 días dado por el GUPC para suspender la obra sigue caminando, aunque el grupo ya no está actuando como un bloque pues afloran diferencias entre sus cabezas principales, Sacyr e Impregilo.
El dueño de Impregilo, el italiano Pietro Salini, quien tildó de “inaceptable y ridícula” la posición panameña, radicalizó su amenaza al declarar en Roma que “Panamá o acepta su nueva oferta de abonar mil millones de dólares y pasar la reclamación a un tribunal internacional en Miami, o se queda sin Canal”, actitud arrogante que concitó un rechazo unánime en el país.
Esa actitud aparentemente resquebrajó la unidad del GUPC e incluso desde España han llegado rumores de que Sacyr estaría dispuesta a romper el consorcio con el italiano
-que tiene el 48 por ciento de las acciones- y seguir con los otros dos socios.
En Panamá el principal ejecutivo de Sacyr, Manuel Manrique, ha tomado distancia de Impregilo y asegurado que la amenaza de paralizar las obras nunca ha salido de esa empresa, ni ha pasado por su mente tampoco abandonarlas.
La respuesta de la ACP a Salini, aunque de indignación, fue serena: “No importa qué tipo de presión se haga, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que el GUPC respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron”, dijo su administrador, Jorge Luis Quijano.
Pero al mismo tiempo confirmó que había convocado a la compañía internacional aseguradora Zurich América a fin de analizar la ejecución de las fianzas (400 millones de dólares) depositadas allí, y utilizar ese dinero para asumir la terminación de las obras.
Sacyr asegura que Zurich solo podría aceptar la ejecución de las fianzas si hubiera fundamento en la petición de la directiva de la Autoridad del Canal, pero la ACP considera que el daño causado por el GUPC es más que elocuente y la afianzadora entenderá.
A Quijano le sobran los argumentos para convencer a cualquiera del por qué debe tener listo para su aplicación un Plan B que impida la suspensión de los trabajos, y esto es muy importante pues los 100 ojos de Argos están atentos sobre la crisis para impedir pescar en río revuelto.
Al margen de lo que la ampliación significa para el desarrollo y consolidación económica de Panamá, los problemas en la obra pueden afectar a numerosos países de la región que han invertido miles de millones con vistas a adaptar sus puertos y su logística al cambio que supondrá en el comercio marítimo cuando empiece a funcionar la tercera esclusa. La ACP, moral y estratégicamente, está comprometida con ellos.
En Estados Unidos, por ejemplo, se ejecutan inversiones millonarias a la espera de los enormes barcos que, casi con el triple de capacidad, podrán transitar el paso interoceánico en 2015, como expresó recientemente el director del puerto de Miami, Bill Johnson, donde se completan numerosas obras.
Allí ejecutan 220 millones en excavaciones para profundizar el puerto y otros mil millones en un túnel que lo conectará con la red de autopistas de la ciudad a fin de recibir los buques post-Panamax con casi tres veces más capacidad de carga (13 mil TEU contenedores de 40 pies) que los actuales Panamax de cinco mil 20 pies.
Un estudio encargado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos estima que, después de la ampliación del Canal, la concentración del tráfico marítimo será en menos puertos porque los barcos son mayores y podrán acarrear más mercancías, lo cual obliga a que los puertos deban ser más grandes y profundos.
También se prevé que el tráfico de los post-Panamax se concentre en grandes centros de trasbordo; de ahí que el Caribe, incluida esa región de Colombia que ha apostado mucho capital, pase a ser una zona importante en las nuevas proyecciones del comercio internacional, lo cual está moviendo inversiones portuarias y logísticas multimillonarias.
Esa perspectiva, y los peligros de parálisis de las obras, fue al parecer el motivo principal de la reciente visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden a Panamá, la cual levantó suspicacias pues días después estalló el conflicto con el GUPC.
Como dice el analista internacional Jairo H. Pertuz en su artículo La retoma de Panamá, “muchos se preguntan ¿a que vino realmente Biden a Panamá? ¿Acaso, nuevamente los Estados Unidos y sus empresas se tomarán el Canal y a Panamá?”.
“Los panameños mastican, pero no pueden tragarlo”, dice Pertuz y recomienda enseguida que “las autoridades en turno deben aclarar, así como los candidatos a la Presidencia y a Diputaciones del próximo mes de mayo tienen la obligación de abordar este delicado tema. Panamá está en juego y no es para juego”.
En ese sentido se recuerdan las famosas jugadas del gobierno de Estados Unidos para arrebatarle a Francia la terminación del actual Canal, cuando ya los contratistas europeos habían excavado y dragado el mayor porcentaje de la vía a costa de miles de obreros muertos por fiebre amarilla.
El Canal lo terminó Estados Unidos y se quedó, además, con su propiedad hasta 1999, cuando le fue devuelto a los panameños por el Tratado Torrijos-Carter de 1977.
No se trata de apoyar o no a la ACP ni al gobierno, sino de los cimientos de la patria, de la real independencia y separación de intereses soberanos y de supervivencia del pueblo panameño y sus descendientes, advierte Pertuz.
El ex ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Eduardo Ritter, dijo en una entrevista por televisión que se debe apoyar a la Autoridad del Canal de Panamá y a su administrador para salir adelante en el conflicto que tienen con el GUPC.
Pero rechazó la decisión del presidente Ricardo Martinelli de intervenir en el asunto, politizarlo y buscar ayuda internacional. Al haber trasladado el caso a la instancia diplomática, que no está prevista en el contrato, se socava la Autoridad del Canal y el rol del Ejecutivo es apoyar a la ACP, pero hasta allí, afirmó.
Fotos: Wikimedia
