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Luis Beatón/Prensa Latina
A pocos días de que el Congreso estadunidense reinicie sus labores tras el receso del verano, el 9 de septiembre, una solución del problema migratorio se mantiene como rehén de las discrepancias entre republicanos y demócratas.
Según señalan activistas y grupos que apoyan un cambio de la ley, los republicanos son el único obstáculo para que se pueda aprobar una reforma migratoria, algo que tiene parte de verdad pero no es absoluto.
Siguiendo esa línea, el mes de agosto estuvo plagado de acciones de presión en los distritos electorales dominados por la oposición para hacer que algunos miembros de la Cámara baja cambiaran su posición y apoyaran el plan aprobado por el Senado a fines de junio, que entre otras cosas contempla un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de personas que viven sin papeles en Estados Unidos.
Esos activistas, junto a organizaciones como la central sindical AFL-CIO, organizaron marchas, conferencias y protestas en busca de apoyo a la iniciativa del Senado y habría que ver hasta dónde tales acciones fueron efectivas.
El senador demócrata por Nueva York, Charles Schumer, miembro prominente del equipo bipartidista que redactó el proyecto de normativa, está confiado en poder alcanzar algún acuerdo con la Cámara de Representantes, aunque no deja de reconocer como bueno que esa parte del Congreso se aferre a su propio enfoque, siempre que pueda ser reconciliado con la versión aprobada por el Senado.
Mientras tanto, en varios estados del país está en marcha la campaña “Cuenta regresiva para la ciudadanía”, la cual ha perseguido influir durante agosto y septiembre en más de 100 legisladores del Partido Republicano, que niegan su apoyo al plan del Senado.
Por ejemplo, en California se ejecutan actos de desobediencia civil, plantones en las oficinas de los congresistas, jornadas de llamadas telefónicas y talleres de ciudadanía en más de 30 ciudades, lo que evidencia la intensidad de las jornadas en todo país.
Al respecto, Angélica Salas, directora de la Coalición de Derechos Humanos de Los Ángeles, estima que “si no actuamos nosotros, los republicanos no van a actuar”.
Entre los argumentos a favor del cambio de las leyes destaca un reciente informe del Center for American Progress, según el cual si se aprueba el plan del Senado, sólo en el estado de California se alcanzará un crecimiento acumulado de la economía de 832 mil millones de dólares en los próximos 10 años.
En el Senado, por ejemplo, las medidas no avanzan sin antes superar el umbral de los 60 votos que permiten una votación final.
También en la Cámara baja, controlada por la oposición republicana, se aplica la llamada Regla Hastert, en honor al expresidente del hemiciclo Dennis Hastert, republicano de Illinois.
La normativa consiste en sólo llevar al pleno los proyectos de ley que gocen del apoyo de la mayoría republicana, aunque la medida pueda aprobarse con una simple superioridad de 218 votos de los dos partidos.
Según analistas, esa tampoco es una regla formal, sino la estrategia por excelencia para neutralizar a la minoría demócrata, aunque en varias ocasiones el presidente de ese foro, el republicano John Boehner, la ha pasado por alto.
No obstante, en el tema migratorio Boehner se niega a transigir y se atiene a la tradición.
Por lo que se ve, de 234 republicanos integrantes de la Cámara, los 118 que serían la mayoría de ese partido tienen más peso que los 218 congresistas, en gran parte demócratas, quienes apoyarían un cambio de las normas migratorias que contemple la ciudadanía si llegara al pleno.
El legislador demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, dijo que unos 195 de los 201 correligionarios de la Cámara baja apoyarían un plan de reforma con vía a la ciudadanía. Es decir, se necesitarían apenas 23 de los 234 republicanos para lograr los 218 votos de rigor y aprobar un proyecto.
Pero como se ha advertido, para que sea presentado a debate el plan del Senado, se requerirá el apoyo de l18 republicanos, lo cual sería la mayoría.
Otra arista que debe analizarse de este controversial problema, el cual preocupa y cuya solución tiene el apoyo de la mayoría de los estadounidenses, echa una mirada a la posición de los republicanos.
Ante eso, sólo dos ejemplos ilustran el problema. El 81 por ciento de votantes latinos apoya la reforma migratoria que combine seguridad fronteriza con vía a la ciudadanía, a tono con una encuesta de Latino Decisions, mientras que el 88 por ciento de los estadunidenses respaldan la vía a la ciudadanía, en correspondencia con una encuesta de Gallup.
Durante una conferencia de prensa, justo antes de salir de vacaciones en agosto, el presidente Barack Obama sugirió que si los republicanos realmente están comprometidos con una reforma migratoria, deberían considerar y aprobar el proyecto de inmigración que sancionó el Senado en junio.
Analistas estiman que el presidente tiene razón. La mayoría de los republicanos no respaldan la iniciativa del Senado.
Sin embargo, decir que eso demuestra que los republicanos no quieren atender este importante tema, es falso y resulta otro esfuerzo más del presidente para usar el sensible asunto con fines políticos.
La Cámara y el Senado son dos cuerpos iguales dentro del poder legislativo. Lo que hace el Senado no obliga a la Cámara y viceversa, y esto es más evidente aún cuando, como ahora, cada instancia legislativa está controlada por un partido distinto.
La Casa Blanca parece enfocada en mostrar que el proceso terminó una vez que el Senado validó el consenso al cual llegó el grupo bipartidista de ocho senadores, o sea, la aprobación del proyecto S.744, algo ilógico, ya que esta propuesta no puede controlar todo el debate en un Congreso con 535 miembros.
Un reciente comentario que publicó el diario La Opinión, de California, donde reside una gran población inmigrante, indica que para aprobar legislación sobre un tópico tan complejo y controvertible se necesita negociar un consenso mucho más amplio entre ambos partidos y cámaras, tomando en cuenta la diversidad de puntos de vista de un grupo mayor de miembros.
Acusar a los republicanos de no trabajar por el cambio, por el solo hecho de no aceptar el plan del Senado, se aleja de la verdad.
De hecho los comités Judicial y de Seguridad Interna de la Cámara han analizado y aprobado iniciativas por separado para su consideración del pleno y más aún, el liderato republicano ya ha dicho que cuando regresen del receso, considerarán medidas que permitan la legalización de los indocumentados.
El proyecto S.744, que apoyan la Casa Blanca y los demócratas, no es algo completo, tiene serias lagunas y falacias.
Uno de los problemas más serios es el programa de trabajadores temporales no agrícolas incluido en el proyecto del Senado, el cual es tan pequeño que no resuelve las necesidades.
Una vez implantado de manera total, después del 2020, apenas proveería 200 mil visas anualmente para aquellos que quieran venir del extranjero a trabajar y solo 15 mil al año para trabajadores en el sector de la construcción.
Estos números, según analistas del sector, no son realistas, ya que la economía estadounidense necesita de más mano de obra extranjera para funcionar.
Congresistas como Raúl Labrador, de Idaho, alertan que si no hay suficientes visas para los trabajadores extranjeros requeridos por la economía, estos seguirían entrando al país ilegalmente y en breve Estados Unidos va a tener una nueva crisis de indocumentados.
Pese a que los republicanos se han negado a legislar para evitar que el primer presidente negro del país deje un legado histórico, la estrategia apunta a buscar un mayor acercamiento con la Cámara baja y conciliar una solución.
En esencia, lo anterior pudiera favorecer que ambos lados sientan que sus respectivos puntos de vista son considerados, otra cosa sería crear más antagonismo con los republicanos y poner en riesgo la ya dilatada reforma migratoria.
