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Luego de ocho horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 414 votos a favor, 50 en contra y ocho abstenciones, y en lo particular, las reformas a la Constitución en materia de telecomunicaciones y el dictamen fue turnado al Senado para continuar el proceso legislativo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, dijo que el dictamen obtuvo votación calificada al ser reforma constitucional, y lo remitió al Senado para su análisis y, en su caso, aprobación.
De acuerdo con el órgano legislativo, con las modificaciones a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Carta Magna el Estado garantizará el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet.
El dictamen a la iniciativa presentada por el Ejecutivo busca asegurar una competencia efectiva en televisión abierta y restringida, radio, telefonía fija y móvil, servicios de datos y telecomunicaciones.
Prevé también generar condiciones para incrementar la infraestructura y hacer más eficiente su uso, disminuyendo los precios y aumentando la calidad de los servicios, además de abrir en 100 por ciento del mercado de las telecomunicaciones a la inversión extranjera y en 49 por ciento en materia de radiodifusión.
Se crea la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como órganos constitucionales autónomos, que se integrarán por siete comisionados, incluyendo el comisionado presidente, con una duración de nueve años sin posibilidad de reelección, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo federal con la ratificación del Senado.
Entre las facultades de la CFCE estarán: ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; prevenir y evitar monopolios, prácticas monopólicas o concentraciones; regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.
Por lo que respecta al IFT, su objetivo será regular, promover y supervisar la radiodifusión y las telecomunicaciones; otorgar y revocar concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones (previa opinión no vinculante del secretario del ramo); sancionar a los concesionarios, y ser la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.
En el dictamen se precisa que las concesiones podrán ser para uso comercial, público, social y privado; serán otorgadas mediante licitación pública, asegurando el menor precio de los servicios al usuario final y no será determinante para definir al ganador el factor meramente económico. La Ley establecerá un esquema de sanciones efectivas que señalarán causal para revocación de título de concesión.
También establece que será la Cámara de Diputados la encargada de fijar el presupuesto del IFT y la CFCE, de tal forma que les permita un desempeño eficaz. Además, las percepciones que reciban los comisionados de estos órganos se deberán ajustar a lo previsto en el artículo 127 constitucional.
