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El Gobierno de Estados Unidos exigirá 5 mil millones de dólares en compensaciones en una demanda contra Standard & Poor’s, en la que acusa a la agencia calificadora de defraudar a sus inversionistas, en uno de los casos más ambiciosos del Departamento de Justicia en torno a la conducta durante la crisis financiera.
Estados Unidos dijo que S&P infló calificaciones de crédito y subestimó riesgos asociados con títulos hipotecarios, impulsado por un deseo de obtener más negocios de los bancos de inversión que emitieron esos títulos. S&P también declaró falsamente que sus calificaciones de crédito eran objetivas, de acuerdo al texto de la demanda.
“Básicamente, esta supuesta conducta es indignante, y va directo al centro de la reciente crisis financiera”, dijo el fiscal general Eric Holder en una conferencia de prensa en Washington en la que anunció los cargos.
La demanda de 119 páginas, presentada ayer en la corte federal de Los Ángeles, es la primera del Gobierno en contra de una agencia de calificación de crédito, un sector que en general se ha protegido de cualquier responsabilidad al citar la protección de la Primera Enmienda.
Dieciséis estados y el Distrito de Columbia también están demandando a S&P, una unidad de McGraw-Hill Companies Inc . Las acciones de McGraw-Hill caían hoy 5.3 por ciento, a 47.61 dólares, ampliando las pérdidas de ayer.
Ningún individuo fue acusado en la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos y no estuvo claro de inmediato por qué el Gobierno se enfocó en S&P y no en sus rivales Moody’s Corp o Fitch Ratings, que también ofrecieron calificaciones a esos títulos.
S&P emitió un comunicado donde sostuvo que la demanda carece de méritos y que se defenderá enérgicamente. La agencia dijo que el Gobierno “eligió selectivamente” correos electrónicos para malinterpretar la actividad de los analistas.
“Las acusaciones de que deliberadamente mantuvimos altas las calificaciones cuando sabíamos que deberían ser bajas simplemente no son verdad”, dijo la compañía.
Floyd Abrams, un abogado de S&P, predijo que el Gobierno tendrá dificultades para demostrar que S&P otorgó valoraciones incorrectas de manera intencional.
Entre septiembre del 2004 y octubre del 2007, en momentos en que la crisis en el mercado inmobiliario estaba a punto de estallar, S&P retrasó actualizaciones a sus criterios de calificación y modelos analíticos, lo que debilitó su criterio más allá de lo que analistas consideraban necesario para hacerlo más preciso, dijo el Departamento de Justicia.
Durante ese periodo, según la demanda, S&P emitió calificaciones de crédito sobre títulos hipotecarios valuados en 2.8 billones de dólares y productos vinculados estructurados valuados en 1.2 billones de dólares.
